Este artículo es el cuarto y último de una serie publicada a lo largo de este mes sobre los delitos económicos cometidos por la dictadura. Los anteriores se publicaron el 11, 14 y 18 de diciembre. Tienen como base una investigación que aporta información inédita sobre los métodos de financiamiento y los principales botines de la represión.
La caída del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) significó uno de los mayores botines que obtuvieron los represores durante la dictadura. En una investigación que realizó Roger Rodríguez en 2006 para el diario La República, el periodista narró la historia de los 10.000.000 de dólares que obtuvieron los integrantes del PVP por el secuestro del empresario holandés Federico Hart, y la posterior captura de sus militantes y el robo del dinero por parte de represores uruguayos y argentinos.
Durante el tiempo en que tuvieron el dinero, los integrantes del PVP gastaron aproximadamente 2.000.000 de dólares en sus actividades. A mediados de 1976, los represores de ambas orillas del Río de la Plata removieron cielo y tierra en búsqueda de los 8.000.000 sobrantes (y de los bienes comprados con el resto de la plata). Por el lado uruguayo, los encargados fueron José Nino Gavazzo, José Turco Arab, Manuel Cordero, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande, José Conejo Medina, José Pajarito Silveira y Manuel Rodríguez Buratti, mientras que por el lado de Argentina estuvo implicado Aníbal Gordon con su banda.
En junio se realizaron los primeros grandes golpes en búsqueda de ese dinero. Por medio de los secuestros de Gerardo Gatti y León Duarte, los represores extorsionaron al resto de los militantes para conseguir parte del dinero, aproximadamente 2.000.000 de dólares. Cuando lo consiguieron, el botín se repartió entre uruguayos y argentinos.
Alicia Cadenas, integrante del PVP, relató: “Delante nuestro se repartían el botín con los argentinos [del dinero obtenido del chantaje por Gatti y Duarte] y una vez arreglados se dedicaban a desarmar y embalar los autos que habían robado, el mobiliario y todas las pertenencias que fueron sacando de nuestras casas a medida que nos secuestraban”.
En su libro De criminales sueltos y otras minucias, el abogado y escritor José Luis Baumgartner relató la experiencia de Sergio López Burgos, militante del PVP, secuestrado y torturado en el centro clandestino de detención argentino Automotores Orletti y trasladado contra su voluntad a Uruguay el 24 de julio de 1976 en el denominado “primer vuelo” junto a los otros militantes caídos del PVP. En un memorando replicado en el libro, López narró lo que vivió la noche previa al vuelo y nos muestra que ambos países tenían naturalizado e incorporado el robo de las pertenencias de los presos políticos: “Durante toda la noche hubo un gran trajín. Daniel y Drácula, sargento y soldado de guardia, embalaron en cajones lo robado en los allanamientos. Autos desarmados, heladeras, televisores, máquinas de escribir y calcular, electrodomésticos, vajilla, bicicletas, libros, de todo. Cuando Aníbal Gordon –el de la Triple A– vio semejante botín, comentó: ‘¡Pero qué ratas que son! ¡Las cosas que se llevan!’”.
Elba Rama, una de las militantes del PVP detenidas, contó para esta investigación que los militares trajeron a Uruguay cajones con cosas de sus casas y partes de autos que les robaron en Argentina. El avión en que los trajeron (el primer vuelo) iba con sobrepeso debido a la gran cantidad de personas y objetos que transportaba.
El acuerdo era que militares uruguayos y argentinos se repartían el botín de guerra. Según ella “tenían discusiones porque en un operativo habían ido algunos y pensaban que se habían quedado con cosas y que los estaban mexicaneando”. Recordó un episodio en que efectivos argentinos la separaron a ella y a una compañera para preguntar dónde encontraron dinero los uruguayos y si había dinero donde ella vivía. “Ellos pensaban que los uruguayos les estaban mintiendo, les estaban ocultando, entonces fue cuando me dieron toda la explicación del botín de guerra, que el acuerdo era repartir”.
Según se explicó en el artículo “Organismos de represión de la dictadura financiaron su operativa con los bienes incautados a los detenidos políticos” publicado en la diaria el 11/12/21, los bienes incautados a los detenidos políticos en la dictadura eran una de las formas de financiación de las dependencias encargadas de la represión. Ya sea utilizando los bienes en operativos, rematándolos o quedándoselos de forma particular, los represores sacaban beneficios económicos de sus operativos.
En este caso, los encargados del operativo contra el PVP no se conformaron con la enorme suma en efectivo que consiguieron, sino que también trajeron a Uruguay los objetos que incautaron junto a los integrantes del primer vuelo. Sabiendo el sistema que tenían los represores para obtener ganancias de los botines, es probable que todo lo que no haya terminado en la casa de los efectivos a cargo fuera rematado. Viéndolo de esa forma, la suma en efectivo que obtuvieron en el operativo se vuelve incluso mayor.
La segunda gran caída, que derivó en la apropiación de aproximadamente 6.000.000 de dólares por parte de los represores, fue en setiembre de 1976. A raíz de la traición del exmilitante del PVP Carlos Goessens, alias el Karateka, los represores uruguayos encontraron una nueva oportunidad de operar en Argentina y capturar a Alberto Mechoso, que tenía la mayoría del dinero del secuestro de Hart.
Los represores uruguayos volvieron a Argentina pero mantuvieron en secreto que el verdadero motivo de su regreso era el resto del dinero del PVP, con el propósito de no tener que repartir la plata con sus socios argentinos. En la mañana del 26 de setiembre detuvieron a Adalberto Soba y al mediodía al propio Alberto Mechoso; a costa de sus vidas, los militares obtuvieron el resto del dinero.
Gavazzo y Arab regresaron de inmediato a Buenos Aires para continuar los operativos y no levantar sospechas de sus “socios” argentinos. Entre el 23 de setiembre y el 4 de octubre llegaron a completar 22 detenciones, que serían los pasajeros, aún desaparecidos, del segundo vuelo de Orletti, que se realizó el 5 de octubre. Teniendo en cuenta estas declaraciones, los uruguayos se quedaron con casi 7.000.000 de dólares del secuestro de Hart, pero estuvieron lejos de devolverle el dinero al empresario holandés.
De acuerdo a la investigación de La República en 2006, “hay una serie de pistas que permiten presumir en qué fue gastado parte de ese dinero. “El ex agente del SID, Julio César Barboza, indicó a La República que a principios de 1977, Gavazzo y Cordero viajaron al Oriente (probablemente a Corea y Taiwán) de donde trajeron nuevos equipos para el SID: los primeros visores nocturnos, equipos de espionaje telefónico y armas cortas”.
Además, “el 31 de marzo de 1977 se adquirió, bajo el nombre falso de Virginio Pomato, la propiedad de Avenida Millán 4269, que luego sería conocida como la base de torturas ‘Casona de Millán’”.Esta compra ocurre pocos meses después de la captura del dinero del PVP; por lo tanto, es posible que ese dinero haya sido utilizado para comprar “la Casona”. Lo mismo puede haber ocurrido con la base Valparaíso, que fue adquirida en 1980 pero que era alquilada por el SID desde 1975.
Nuevos datos sobre la vidriosa compraventa de “la Casona”
Según informó el periodista Roger Rodríguez a finales de los 90 en el diario La República, “la Casona” ubicada en Millán 4269 fue comprada formalmente en 1977 por Gilberto Vázquez con el nombre de Virginio Emiliano Pomato Debrón, domiciliado en Mac Eachen 1664, por el valor de $N 240.000. La escribana autorizante fue Luisa Puig, esposa del mayor de Caballería Carlos Warschun. Ella declaró que hizo la escritura con base en una cédula que le dieron. Allí funcionó un centro clandestino conocido como Casona de Millán, donde estuvieron recluidos el maestro Julio Castro y Ricardo Blanco (ambos terminaron desaparecidos) y el periodista brasileño Flávio Tavares. Cuando la irregularidad fue denunciada en junio de 2002 por el periódico La República, la escribana, que en ese momento se desempeñaba como jueza de paz en Canelones, negó tener conocimiento de los fines del inmueble.
Sin embargo, consultadas en la actualidad las escrituras de titularidad del inmueble en la calle Mac Eachen, supuesto domicilio de Pomato, figuran como titulares los propios Puig y Warschun, quienes en ese entonces tenían como domicilio declarado nada menos que Millán 4243, un inmueble ubicado a escasos metros del recinto militar, en la esquina con la calle Ernesto Herrera.
Su marido, el mayor Warschum, era integrante del SID, dependencia que compró la casona, y cuesta creer que la pareja no tuviera incidencia en la adquisición del inmueble y su posterior finalidad. Luisa Puig jamás fue removida de su cargo de jueza ni suspendida en la función. Según lo declarado por Gilberto Vázquez ante el tribunal de honor efectuado en 2007, la casona fue adquirida por orden del jefe del SID, el general Amaury Prantl.
La casona tenía vía directa con los Batallones 13 de Gruta de Lourdes y 14 de Toledo a través de Avenida De las Instrucciones, y sus fondos se conectaban con otro predio militar, de enormes dimensiones, donde hoy se erigen los liceos 59 y 63 y la escuela pública 200. La casa fue finalmente vendida al Fondo Social de Vivienda de Cutcsa el 22 de febrero de 1980. Los integrantes del Fondo de Vivienda declararon que el pago debió hacerse en efectivo en mano al entonces militar interventor de la empresa de transporte capitalino, el coronel José N Finoquio, quien además fuera compañero de generación en la Escuela Militar de Amauri Prantl, Luis V Queirolo y el entonces presidente de facto Gregorio Álvarez.
Siete meses después de esta venta, Gilberto Vázquez adquirió, por encargo del SID, la base clandestina de Francisco de Medina 1525.
Los otros artículos de esta cuarta entrega son:
Sociedad civil vinculada a militares de alto rango tenía su sede en el centro clandestino de reclusión donde desapareció María Claudia García de Gelman
Los delitos económicos de la dictadura: “Cada vez que había allanamientos se llevaban todo lo que podían”