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Suprema Corte de Justicia (archivo, octubre de 2006).

Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

Negociación por cargos en SCJ y TCA continúa trancada a menos de un mes para definir la vacante en la corte

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El Frente Amplio propuso a Alberto Reyes para la Fiscalía de Corte y aceptó los nombres de la coalición para el TCA.

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Leído por Andrés Alba.
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Los partidos de la coalición de gobierno no logran alcanzar un acuerdo en la negociación que involucra la sustitución del ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Luis Tosi, dos lugares en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y el cargo de fiscal de Corte, tras la renuncia de Jorge Díaz.

A principios de noviembre, el Frente Amplio (FA) recibió del senador Gustavo Penadés, quien representa a la coalición en las negociaciones, la propuesta para cubrir los dos cargos en el TCA con la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de primer turno, Beatriz Venturini, y el ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal de 4° turno, Ángel Cal. La propuesta implicaba también la aceptación de la candidata del FA, la ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de primer turno, Rosina Rossi, para la SCJ, nombre que fue planteado por la oposición en noviembre de 2020.

La senadora Lucía Topolansky informó a la diaria que el mismo día que recibieron la propuesta plantearon la posibilidad de que el ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno, Alberto Reyes, sustituyera al fiscal de Corte, Juan Gómez, quien ocupa el cargo de forma interina desde la renuncia de Díaz. De todas formas, la senadora aclaró que no es un cargo de prioridad para la oposición dado el nivel de aceptación que tiene la gestión de Gómez.

Tras discutirlo, la bancada del FA aceptó el planteo del oficialismo y se lo comunicó a Penadés, Sin embargo, la coalición de gobierno no logró cerrar el acuerdo, no hubo una contrapropuesta y la negociación se truncó, a menos de un mes para que venza el plazo constitucional para que el sistema político se ponga de acuerdo para definir la vacante en la SCJ.

El artículo 236 de la Constitución establece que los ministros de la SCJ deben ser designados por dos tercios de la Asamblea General dentro de los 90 días de producida la vacancia. Los ministros de la SCJ se mantienen en el cargo por diez años o hasta alcanzar los 70 años de edad. Pasados los 90 días, asume el miembro de los tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad.

La oposición pretendía cerrar el acuerdo este miércoles 29, durante la Asamblea General para tratar el veto del presidente Luis Lacalle Pou a la ley que buscaba limitar el uso de tierras para forestación, pero no lo logró, en parte porque Cabildo Abierto busca definir al sustituto de Gómez en la Fiscalía y quiere como adjunto a alguien propuesto por el Partido Nacional. Además, tanto Reyes como la ministra Graciela Gatti –que también fue propuesta– pertenecen al Tribunal de Apelaciones que más ha reconocido en sus fallos el sistema de derecho internacional en materia de derechos humanos, algo cuestionado por los liderados por el senador Guido Manini Ríos.

Ante esta negativa, que aún no fue comunicada formalmente, la oposición aspira a alcanzar un acuerdo en una reunión que será convocada a fines de enero y en la que participarán representantes de todos los partidos de la coalición con representación en el Senado y el FA. Si bien en un momento se planteó la posibilidad de atar estas negociaciones con las referidas a las vacantes en los organismos de contralor, el FA rechazó la propuesta, planteando que era mejor dejar esa discusión para después del referéndum por la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración, que se realizará el 27 de marzo.

En la oposición hay pocas expectativas de que el oficialismo alcance un acuerdo y, a su vez, las opciones que quedarían por antigüedad satisfacen al FA. Según la lista de prelación, por antigüedad, la ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de primer turno, Doris Morales, sustituiría a Tosi en la SCJ. Al especializarse en derecho laboral, Morales complementa la ausencia de Tosi, también experto en esa materia.

La lista continúa con Rosina Rossi, José Balcaldi y Ángel Cal. La posibilidad de que Rossi llegue al TCA por antigüedad es valorado por la oposición, particularmente por el rol que jugará ese organismo en la definición de la suerte del contrato entre el gobierno de Lacalle Pou y la empresa belga Katoen Natie.

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