Una investigación conjunta entre la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (Regional Norte) y la Brigada de Seguridad Rural de Rivera logró desarticular una organización dedicada al contrabando de ganado equino a gran escala. Bajo el nombre de Operativo Orejanos, se logró esclarecer cómo ingresaron ilegalmente unos 5.000 animales al territorio uruguayo, procedentes del sur de Brasil.
La operación incluyó siete allanamientos simultáneos en puntos clave de los departamentos de Rivera –en particular en la zona de Vichadero– y en Treinta y Tres. Como resultado de estos procedimientos fueron detenidas cinco personas; el caso lo tomó la Fiscalía Departamental de Tercer Turno, a cargo de Alejandra Domínguez.
A finales de la semana pasada, la Justicia de Rivera dictó sentencia para tres personas y aplicó medidas cautelares para las otras dos. La investigación permitió mostrar que aproximadamente unos 5.000 equinos fueron introducidos de forma clandestina a Uruguay para su posterior remisión y faena en diversos frigoríficos en el sur del país.
Las tres personas condenadas recibieron una pena de 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, tras ser halladas culpables de delitos de contrabando, falsificación ideológica, receptación y tenencia no autorizada de armas de fuego.
En el caso de la falsificación ideológica, la fiscal Domínguez logró probar la confección y uso de guías de propiedad y tránsito apócrifas. Esta documentación adulterada era la pieza clave que permitía a la banda blanquear el tránsito de los animales, sortear los controles viales interdepartamentales y darles una aparente procedencia legal antes de ingresar a las plantas de faena. Para las otras dos personas formalizadas se determinó una medida cautelar de arresto domiciliario por 150 días mientras la fiscal de Rivera profundiza en la investigación y continúa con la recolección de pruebas en la preparación de un juicio oral.
En la operación policial –que contó con el respaldo de funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y de Barreras Sanitarias– se incautaron materiales clave para la logística y el financiamiento de la organización. Por ejemplo, en una inspección a un comercio de insumos agropecuarios propiedad de uno de los principales investigados se encontró mercadería en infracción aduanera y sanitaria.
La Policía decomisó tres armas de fuego (dos rifles calibre 22 y una pistola 9 mm), municiones, teléfonos celulares, 2.300 dólares en efectivo, guías de tránsito ganadero y cuatro equinos cuya procedencia legal no pudo ser justificada. Las autoridades mantienen las líneas de investigación abiertas ante la posibilidad de que haya ramificaciones o personas implicadas en el transporte y la comercialización del ganado ilegal.
Los riesgos para la marca país
El ingreso clandestino y la comercialización de caballos robados o contrabandeados representan una de las mayores amenazas para la marca país y el estatus sanitario de Uruguay. La industria frigorífica local y el Instituto Nacional de Carnes (INAC) operan bajo estrictas exigencias de los mercados internacionales (como la Unión Europea), por lo que el abigeato equino rompe los pilares de control del país.
El desbaratamiento de la red criminal que ingresó 5.000 caballos ilegales al país expuso un problema más profundo incluso que las posibles pérdidas económicas para los productores locales. El abigeato y el contrabando de equinos con destino a frigoríficos del sur encendió alarmas entre las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) por los riesgos que representan para la inocuidad alimentaria y la reputación comercial de Uruguay, según pudo reconstruir la diaria.
El principal requerimiento de los compradores extranjeros –por ejemplo, Francia o Bélgica, principales destinos de la carne equina uruguaya– es la ausencia total de fármacos prohibidos. Los caballos robados o ingresados ilegalmente suelen recibir tratamientos con fenilbutazona –un potente antiinflamatorio prohibido a nivel mundial para animales destinados al consumo humano, debido a sus efectos adversos en la salud– o garrapaticidas no declarados. Al evadir la Planilla de Registro Sanitario obligatoria del MGAP, estos animales ingresan a la cadena de faena con residuos químicos indetectables a simple vista.
Por otra parte, Uruguay basa su prestigio internacional en la capacidad de rastrear la vida de cada animal; pero las redes de abigeato vulneran este ecosistema mediante la falsificación ideológica de guías de propiedad y tránsito. Al asignar documentación falsa a caballos robados o contrabandeados de Brasil, “blanquean” animales que legalmente no existen en los sistemas del Estado, engañando los controles de inspección veterinaria de los propios frigoríficos.
La frontera seca con Brasil es un punto crítico por la presencia de enfermedades que Uruguay mantiene bajo control o de las cuales está libre. El ingreso clandestino de equinos sin controles de barreras sanitarias expone al rodeo nacional al muermo equino (una enfermedad zoonótica mortal) y a la anemia infecciosa equina. Si un animal enfermo ingresa a un predio de acopio o una planta de faena puede provocar el relevamiento sanitario de cientos de animales y la suspensión inmediata de las exportaciones del país.
Fuentes de la industria frigorífica remarcaron que Uruguay “no vende solo carne; vende confianza”. La detección de un contenedor con carne adulterada o con restos de fármacos ilegales en los puertos de Europa no penaliza únicamente a la empresa exportadora, sino que pone en riesgo la habilitación de todo el país, lo que paralizaría un negocio que genera decenas de millones de dólares anuales en el sector equino.
En paralelo, autoridades asociadas al bienestar animal y el contralor cárnico han manifestado su profunda preocupación por el crecimiento de redes que intentan vulnerar los sistemas de trazabilidad oficial del INAC y el MGAP. En una comunicación con medios locales, los inspectores técnicos de ambos organismos advirtieron que la faena legal en el país exige “marcas, registros rigurosos y documentación de origen”. Y agregaron: “Comprar o transportar animales sin procedencia justificada no solo es un delito aduanero, sino un peligro biológico. Estamos trabajando de forma articulada con la Policía y las intendencias para frenar el comercio no certificado, el cual pone en riesgo la salud pública”.
Además de la condena a los tres líderes de la organización y las medidas cautelares para los dos imputados, la Fiscalía y la Policía de Rivera continúan con la investigación para identificar otros posibles acopiadores en los departamentos del norte.