La jueza penal de 26º turno, Ana De Salterain, convocó a una audiencia para el 22 de febrero, en la que se analizarán los próximos pasos a dar en la causa que investiga las amenazas de muerte realizadas bajo la firma de “Comando Barneix” contra 13 personas vinculadas al sistema de justicia, la investigación y la defensa de los derechos humanos.
Según informaron a la diaria, fuentes de la investigación, una nueva línea sobre la que se está trabajando es un posible vínculo entre el Comando Barneix y otros grupos con un perfil ideológico similar, como el Comando de Restauración Nacional, o los responsables de los sitios web Alerta religión o El fin del silencio austero.
También se analizará si de los archivos encontrados en la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, que revelan espionaje en democracia, surge información que pueda resultar relevante para la causa.
Para la audiencia del 22 fue convocado el inspector que analizó una eventual conexión entre el Comando de Restauración Nacional y el Comando Barneix. Si bien a priori el oficial no encontró relación, la fiscalía quiere saber cuáles fueron las conclusiones a las que llegó y a quiénes se pudo individualizar en relación a ese grupo.
Las fuentes señalaron que una de las posibilidades es que los hechos denunciados se enmarquen en el delito de asociación para delinquir, lo que determinaría que la causa prescribiría recién en 2027 y no a mediados de febrero de 2021, como ocurriría si se imputara un delito de amenaza.
La defensa de la parte denunciante valoró la disposición a investigar por parte de la fiscalía penal de 1º turno, que está siendo subrogada por el fiscal Luis Pacheco, y señaló que la idea de estudiar otros grupos que pudiesen estar vinculados al Comando Barneix había sido planteada en 2019, pero nunca se había impulsado.
Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expresó sobre la causa en su cuenta de Twitter, desde donde llamó al Estado uruguayo a “desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes de los hechos, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables”.
Además, señaló que “los actos de intimidación a las personas actuantes en la defensa de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura, así como a las que imparten la Justicia en tales causas, pueden aumentar el riesgo de que queden en la impunidad”.
Ayer, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos señaló su preocupación por un eventual archivo de la causa y por la falta de avance en la investigación.
“Es imperioso que se realice la investigación pertinente frente a tan graves hechos que no respetan la integridad y la vida de personas y erosionan el Poder Judicial. Estas amenazas atentan contra la democracia, que tanto sacrificio costó a nuestro pueblo recuperar”, señala el comunicado.
En los primeros cuatro años de investigación se realizaron tres audiencias y una de ellas fue convocada por un error administrativo. Hasta ahora, se avanzó en la creación de un perfil psicológico de los redactores de la amenaza y en el rastreo del origen físico del correo electrónico, que al ser enviado a través de un explorador que evita la identificación del lugar no logró ningún resultado útil para la causa.
La amenaza realizada por el Comando Barneix fue recibida entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 2017 y en ella se anunciaba que se vengaría la muerte del general Pedro Barneix, quien se suicidó antes de ser detenido por la Policía por el homicidio del simpatizante frenteamplista Aldo Perrini, ocurrido en Colonia en febrero de 1974.
“No se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más mataremos a tres elegidos azarosamente”, señalaba la carta enviada al fiscal de Corte Jorge Díaz; al entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez; a la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze; a la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera; a los abogados vinculados a causas sobre crímenes de lesa humanidad Hebe Martínez Burlé, Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Juan Errandonea, Pablo Chargoñia; al activista brasileño Jair Krischke; al magistrado francés Louis Joinet, y a la investigadora italiana Francesca Lessa.
El Comando Barneix también está siendo investigado por otro mensaje distribuido el 21 de noviembre de 2019, en el que se llamaba a votar al presidente Luis Lacalle Pou “con el apoyo del general Guido Manini Ríos”. Si bien los denunciantes presentaron el hecho como una ampliación de la denuncia, la Fiscalía consideró que ese hecho debía investigarse bajo el nuevo código de proceso y la derivó a la fiscalía de Flagrancia de 6º turno, a cargo del fiscal Pablo Rivas.