La jueza en lo penal de 42° turno, Viviana Galleto, amplió la formalización del proceso contra las dos responsables del residencial clandestino San Cayetano, que fue descubierto en julio de este año con 22 personas encerradas en condiciones de abandono.
La investigación penal que lleva adelante la fiscal de Flagrancia de 15º turno, Silvia Lovesio, incorporó a la carpeta fiscal una pericia realizada por el Instituto Técnico Forense que determinó que siete fallecimientos de personas mayores que estuvieron internadas en el residencial fueron consecuencia de las condiciones en las que estaban –deshidratados, malnutridos, con higiene deficitaria–, además de haber sido víctimas de lesiones y omisiones que provocaron el deterioro de su salud.
Fuentes allegadas al caso dijeron a la diaria que en estos meses la investigación avanzó a partir de las historias clínicas de las personas internadas. A su vez, se logró reunir más evidencia del delito de estafa a partir del acceso a los documentos de identidad y las tarjetas de débito de las víctimas.
La jueza aceptó la ampliación de la investigación por reiterados delitos de homicidio a título de dolo eventual, en la medida en que, según la fiscalía, las imputadas podían prever como consecuencia de sus actos el fallecimiento de los ancianos, en su mayoría con dificultades para valerse por sí mismos.
La jueza aceptó la prórroga de las medidas cautelares de las responsables del residencial de ancianos, que permanecerán en prisión preventiva –que cumplen en el penal de Punta de Rieles desde el 12 de julio– al menos hasta el 7 de mayo. Entre los fundamentos para mantener esa medida cautelar, la fiscalía planteó el riesgo de fuga –cuentan con recursos y contactos que les permitirían concretarla– y el entorpecimiento de la investigación, dado que desde un principio buscaron evitar el ingreso de la Policía al residencial. Por otra parte, la gravedad de los hechos investigados compromete aún más su situación en cuanto a la pena prevista.
El caso fue descubierto en la noche del 10 de julio, cuando vecinos de la calle Mateo Cabral y Comercio escucharon los gritos de tres mujeres que reclamaban agua y decían que había personas mayores caídas y lesionadas. Los vecinos, que ignoraban la existencia de un residencial de ancianos en ese lugar, llamaron a la Policía, que al llegar estuvo 40 minutos intentando ingresar a la residencia. Finalmente, lograron acceder por la azotea y encontraron a 22 personas mayores, de entre 70 y 90 años, con síntomas de desnutrición.
Dentro del lugar, los policías encontraron a una persona, de unos 75 años, que estaba hablando por teléfono con la dueña, a quien daba explicaciones de por qué no había posido impedir su ingreso. Los ancianos no tenían acceso al baño, dormían en el piso y estaban encerrados y sin ninguna persona que los cuidara. Además, se descubrió que la casa funcionaba como local clandestino de un residencial ubicado en la esquina, que sí tenía cartelería y en donde los familiares visitaban a las víctimas. Los responsables del residencial solo permitían visitas con agenda: una vez que se coordinaba la visita, los ancianos eran trasladados al residencial utilizado como pantalla.
Tras ser detenidas, la dueña del comercio, una mujer de 49 años técnica en administración de empresas, y la encargada del residencial, una ciudadana cubana de 47 años, fueron imputadas por los delitos de privación de libertad, omisión de asistencia, abandono de personas incapaces y estafa, a lo que ahora se suma el delito de homicidio.