Un Tribunal de Apelaciones chileno aumentó la condena a los responsables de la desaparición forzada de los militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) Juan Ángel Cendán y Alberto Fontela, que fueron detenidos el 12 de setiembre de 1973 en Santiago.
La decisión del tribunal se basó en que el fallo de primera instancia había considerado a los militares retirados del Ejército de Chile Rafael Ahumada Valderrama y Jorge Tapia Castillo como cómplices de secuestro calificado (desaparición forzada en el derecho internacional), por lo que les otorgó una pena de cinco años y un día, mientras que para los ministros de la corte de segunda instancia había elementos suficientes para señalarlos como autores del hecho, por lo que elevaron la pena a diez años y un día. Los imputados tendrán inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos de por vida y no podrán ejercer profesiones mientras dure la condena.
Para el tribunal, la tipificación de “secuestro calificado” cuestionada por la defensa de los militares se ajusta a los hechos ocurridos en tanto que las víctimas fueron “ilícitamente privadas de su libertad, sin orden judicial que la justificara, siendo llevadas luego de su detención al Regimiento de Tacna no existiendo noticias sobre su paradero a partir de ese acontecimiento”.
Además, el tribunal rechazó la prescripción planteada por la defensa de los militares, que cuestionaron que se trate de un delito de lesa humanidad y pidieron la revocación del fallo de primera instancia. Para los ministros del tribunal, el hecho de que los imputados fueran agentes del Estado y actuaran en el marco de “un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil” constituye el delito de lesa humanidad.
Los abogados de los familiares de las víctimas plantearon, al igual que otras partes en la causa, que se realizara la modificación del grado de participación de los militares, pasando de cómplices a autores, al considerar la responsabilidad que tenían Tapia Castillo y Ahumada Valderrama como oficiales de la unidad de inteligencia del Regimiento de Tacna, que era el responsable de los interrogatorios y torturas de prisioneros.
La sentencia, a la que accedió la diaria, también modifica el monto de la indemnización a pagar a los familiares de las víctimas, considerando el tipo de vínculo que tenían en cada caso.
La causa también abarca el secuestro del ciudadano brasileño Tulio Quintiliano Cardoso, integrante del Partido Comunista Revolucionario Brasileño, quien fue detenido junto con los uruguayos la noche del 12 de setiembre de 1973, un día después del golpe de Estado.
Cendán, Fontela y su pareja, Anne Winifred, fueron detenidos por un contingente fuertemente armado en la casa de Fontela, en la comuna de Las Condes en Santiago, y luego trasladados junto a otros 20 extranjeros a la Escuela Militar, donde fueron interrogados sin ser torturados. En esa circunstancia, Winifred recuerda que algunos cadetes clamaban para que asesinaran a los prisioneros.
Sobre las 23.00 de ese 12 de setiembre, Cendán, Fontela, Quintiliano y Winifred fueron trasladados en un camión al Regimiento de Artillería Motorizada 1 de Tacna. Cendán, Fontela y Quintiliano fueron obligados a formar fila para ingresar a la unidad, mientras que Winifred, que tenía cinco meses de embarazo, fue trasladada al cuartel de Blindados 2 Santa Rosa y liberada al día siguiente.
Cuando fue secuestrado y desaparecido, Fontela tenía 26 años y dos hijos. Era empleado de un restaurante en Santiago. Había llegado a Chile en noviembre de 1971, luego de estar tres meses recluido en el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva de Uruguay, detenido en la aplicación de las medidas prontas de seguridad del gobierno de Jorge Pacheco.
En tanto, Cendán tenía 22 años y una hija de nueve meses, y trabajaba en un hotel de la capital chilena. Había ingresado a Chile desde Argentina por el Ferrocarril Trasandino, a mediados de enero de 1973, junto a su compañera y su hija.
La versión de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile sostiene que los cuerpos de Cendán y Fontela fueron arrojados al mar en las costas de San Antonio, mientras que un testigo sobreviviente del Regimiento de Tacna asegura haber reconocido a los uruguayos siendo trasladados desde ese lugar hacia el río Mapocho.