El 15 de marzo, en Santa Rosa, la Policía pidió acceso a la casa de un adolescente de 18 años, a raíz de una denuncia anónima que lo señalaba como cultivador irregular de marihuana. El joven dejó pasar a la Policía y les mostró las tres plantas de cannabis que tenía en el patio de su casa. Cuando la Policía ingresó al fondo, vio que el vecino, de 19 años, tenía cuatro plantas. Al no tener orden de allanamiento, solicitó el ingreso y el vecino también dejó pasar a los oficiales. Ninguno estaba registrado en el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca), por lo que fueron citados a declarar a la fiscalía de 1º turno de Canelones, a cargo de Alicia Schiappacasse.
Ante la fiscalía, los jóvenes explicaron que eran plantas para consumo personal, que hacía unos ocho meses que las habían plantado, y dijeron que no se habían registrado en el Ircca por los requisitos que exige.
En diálogo con la diaria, Schiappacasse informó que las plantas, que no tenían cogollos, fueron enviadas al Instituto Técnico Forense (ITF) y ahora se espera el resultado de las pericias para constatar la variedad del cannabis y conocer el nivel de THC. Del resultado dependerá si tipifica alguno de los delitos previstos en el decreto-ley de estupefacientes (14.294) o si archiva la causa.
Schiappacasse explicó que ese es el protocolo habitual que se aplica cuando se encuentran algunas plantas de personas que no están registradas en el Ircca y no existen indicios de suministro.
“Voy a tomar todas las garantías de los resultados del ITF”, señaló, y agregó que si el ITF no encuentra en las plantas altos niveles de THC, los adolescentes no serán formalizados. Además, subrayó que “no hay un entorno para tipificar otros delitos” previstos en la ley de estupefacientes, como suministro, financiamiento o tránsito.
De todas formas, advirtió que si se detectaran altos índices de THC, la pena para la tipificación de producción o tenencia para consumo no puede ser excarcelable -pese a que los jóvenes no tienen antecedentes y no tenían una cantidad de plantas mayor a la permitida si estuvieran registrados-, y a su vez el artículo 31 de la ley de urgente consideración excluyó del régimen de libertad a prueba los delitos previstos en la ley de estupefacientes. Si fueran condenados por el delito de producción deberían cumplir una pena mínima de 20 meses de prisión efectiva y, en el caso de tenencia no para consumo, de dos años de penitenciaría. “Si uno tiene plantas en la casa hay que estar inscripto en el Ircca, si no se está inscripto se está cometiendo un delito”, agregó.
Autocultivadores buscan reorganizarse
Julio Rey, integrante de Autocultivadores del Uruguay, opinó que es defendible la interpretación de que no hay delito, aunque los cultivadores no estén registrados, considerando el espíritu de la Ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172).
Para Rey, existe “un pronunciamiento activo y profundo” por parte de la Fiscalía General de la Nación de combatir el microtráfico y a su vez el Ministerio del Interior (MI), “en su insistencia para acceder a los registros e interpretar que en principio todo cultivo es ilegal”, genera “la tormenta perfecta para que personas no registradas o con un poco de excedente sean procesadas”.
Rey dijo que desde el MI se está “persiguiendo” a los cultivadores y “gastando pólvora en chimangos” en términos de persecución del delito. “Un autocultivador no tiene una ametralladora debajo del brazo”, ilustró.
En cuanto al acceso por parte del MI a las ubicaciones de los cultivos, Rey señaló que independientemente de que acceda a los datos, “se busca desvirtuar y poner en duda el registro y su conveniencia”. “Se está atacando el contrato social haciendo que la gente quede en duda de si sus datos están protegidos o no”, agregó.
Rey informó que se está conformando como asociación civil y destacó la importancia de que los autocultivadores se agrupen y compartan información. “Por separado nos cazan de a uno”, comentó.
Los últimos casos
En los últimos 15 días, luego de que el MI anunciara el acceso a la ubicación de autocultivadores, clubes de cannabis y empresas productoras de cannabis medicinal, al menos ocho personas fueron investigadas por la fiscalía por tener cultivos de marihuana con alguna irregularidad. En cinco casos las personas estaban registradas en el Ircca, pero tenían exceso de producción o irregularidades en el registro.
Uno de los casos ocurrió el 16 de marzo en Fray Bentos, cuando un autocultivador de 40 años fue enviado a arresto domiciliario nocturno por 60 días tras constatarse que había excedido la producción permitida por la Ley 19.172. El hombre tenía diez plantas, cuando el máximo establecido son seis. En ese caso, la defensa del autocultivador advirtió que se cometieron errores en los procedimientos al pesar la producción, debido a que no se tuvo en cuenta que en el proceso de secado se pierde entre 80% y 70% del peso. Además, se consignó como “laboratorio” un contenedor destinado al secado de la producción.
La jueza letrada de 3° turno de Fray Bentos, Carol Ceraolo, formalizó la investigación contra el hombre, que estaba registrado en el Ircca y no tenía antecedentes penales, por un delito de tenencia de estupefacientes no para consumo. La fiscal de Fray Bentos Ana Monteiro había pedido la prisión preventiva, pero Ceraolo dispuso el arresto domiciliario, mientras continúa el proceso.
En Cerro Largo, cuatro personas fueron condenadas por el juez de 2° turno de Río Branco Carlos González tras encontrar irregularidades en cultivos de cannabis en Río Branco y Lago Merín.
El primer allanamiento fue realizado en esta última localidad, en un predio registrado en el Ircca para autocultivo, donde se encontraron plantas de cannabis y marihuana por encima de lo permitido y unos 500 frascos vacíos, etiquetas y prensas para producir aceites y cremas. También fue allanada la vivienda del dueño del lugar, pero allí se encontró una producción de marihuana y una cantidad de plantas dentro de lo permitido por la ley.
En el tercer allanamiento, realizado en Río Branco, también hallaron una cantidad de plantas y producción dentro de los límites permitidos, pero la persona registrada en el Ircca figuraba con domicilio en otro lugar, por lo que fue condenada. La fiscal que actuó en el caso Betina Ramos señaló a la diaria que “la habilitación del Ircca es específica: no es sólo para la persona, sino para un lugar determinado”, y que el autocultivador no puede mudar las plantas sin cambiar su dirección en el registro.
Por este caso fueron condenados a dos años y seis meses de penitenciaría un hombre de 38 años por los delitos de producción de sustancias estupefacientes. Su pareja, de 58 años, fue condenada a seis meses en régimen de libertad a prueba con arresto domiciliario, como coautora de asistencia a la actividad delictiva, y otras dos personas, de 22 y 25 años, que trabajaban en el cultivo, fueron condenadas por un delito de asistencia a la actividad delictiva, con penas de seis meses de prisión y seis meses de régimen de libertad a prueba, con arresto nocturno.
Una situación diferente, por la cantidad de producción encontrada, se dio este jueves en el barrio Atahualpa, en el que un joven de 29 años fue condenado a dos años de penitenciaría por el delito de producción de sustancias estupefacientes prohibidas. La Brigada Antidrogas de Montevideo venía investigando la producción irregular de marihuana desde diciembre, a raíz de una denuncia anónima, según lo informado por el MI.
Tras escuchas telefónicas y vigilancia, la Policía allanó una casa en la calle Arapey y Millán, donde encontró 220 plantas de marihuana e implementos para los cultivos, como lámparas, aires acondicionados, ventiladores y termómetros.
Productores de aceites y cremas de cannabis reclaman reglamentación
La Unión de Aceites y Cremas de Cannabis (Upacc), a la que pertenece uno de los autocultivadores formalizados, reclamó la reglamentación de la Ley 19.847, aprobada en 2019, que regula las condiciones de producción de derivados del cannabis para asegurar el acceso al cannabis medicinal.
En un comunicado, expresó su preocupación por la actuación del ministerio y reclamó la participación de operadores judiciales en todos los allanamientos. Por otra parte, comentó que al menos cuatro de los 20 socios de la Upacc han visto drones sobrevolando sus viviendas.