Cuatro personas fueron condenadas por el juez de segundo turno de Río Branco, Carlos González, tras encontrar varias irregularidades en cultivos de cannabis en las localidades de Río Branco y Lago Merín. En diálogo con la diaria, la fiscal de Río Branco, Bettina Ramos, dijo que la investigación partió de varias denuncias sobre una presunta producción irregular de marihuana. Tras varios allanamientos, se encontró que se estaba produciendo por encima de lo permitido por la Ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172).

La fiscal señaló que la Brigada de Narcóticos de Cerro Largo, efectivos de la Seccional 3ª y de la Unidad de Investigación 2 hicieron vigilancias e interceptaron celulares, lo que derivó en los allanamientos. Ramos dijo que en un predio con un alto nivel de seguridad, ubicado en Lago Merín, fueron encontradas plantas de cannabis y marihuana por encima de lo permitido. Además, la Policía encontró unos 500 frascos vacíos, etiquetas y prensas para producir aceites y cremas. El lugar estaba registrado en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

También fue allanada la vivienda del dueño del lugar donde se encontraron los cultivos. Allí la Policía encontró una producción de marihuana y una cantidad de plantas dentro de lo permitido por la ley.

En el tercer allanamiento realizado en Río Branco también se encontró una cantidad de plantas y producción dentro de los límites permitidos, pero la persona registrada en el IRCCA figuraba con domicilio en otro lugar, por lo que también fue condenada. “La habilitación del IRCCA es específica; no es sólo para la persona, sino para un lugar determinado”, señaló Ramos.

Por este caso fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría un hombre de 38 años por los delitos de producción de sustancia estupefaciente en calidad de coautor, debido a que era quien organizaba el cultivo, pero no tenía contacto directo con la producción. Además, se lo condenó por el delito de contrabando y receptación.

Su pareja, de 58 años, fue condenada a seis meses en régimen de libertad a prueba con arresto domiciliario, como coautora de asistencia a la actividad delictiva. También fueron condenadas otras dos personas, de 22 y 25 años, que trabajaban en el cultivo, por un delito de asistencia a la actividad delictiva, con penas de seis meses de prisión y seis meses de régimen de libertad a prueba, con arresto nocturno.

El Ministerio del Interior anunció en octubre de 2020 su intención de controlar los cultivos legales de cannabis, y la semana pasada logró el acceso a las ubicaciones de los cultivos. La ley 19.172, en su artículo 18, atribuye al IRCCA la responsabilidad de fiscalizar los cultivos legales.

Los integrantes de la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis consideran que existe una “caza de brujas” dirigida hacia los autocultivadores y productores de derivados del cannabis, y reclaman al gobierno la reglamentación de la Ley 19.847, aprobada en 2019, que regula las condiciones de producción de derivados del cannabis.