Tras ingresar a la Base Aérea Nº 1, la Policía incautó el registro de vuelos de la Fuerza Aérea entre 1973 y 1980, además de otros documentos de la dictadura, en un operativo pedido por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que fue informado por el periodista Mauricio Pérez, de Informe capital.
El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, dijo a la diaria que la medida fue ordenada por la jueza penal de 7º turno de Ciudad de la Costa, Elena Iriarte, y se concretó el viernes con personal de Asuntos Internos del Ministerio del Interior y un investigador de la INDDHH que actuaron bajo reserva y sin aviso a las autoridades para no frustrar la operación.
La documentación fue encontrada en el Museo Aeronáutico, que funciona en la Base Aérea Nº 1, y además del libro de vuelos se incautó información referida a los años 1968-1985, que podría contribuir a confirmar más de una decena de vuelos clandestinos realizados en la dictadura.
La información fue pedida por la INDDHH con el objetivo de direccionar las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos, según explicó a la diaria la directora de la institución Mariana Mota.
“La institución actuó en función de la información que recabó y que le permitió pedir el registro. Con esta documentación vamos a poner foco en la información que nos sirva para continuar la búsqueda de aquellos detenidos desaparecidos que fueron objeto de traslado”, señaló.
“Hay diferentes testigos que mencionan haber visto a personas detenidas en Argentina, y eso supone un traslado clandestino. Son situaciones sobre las que no tenemos certeza”, señaló Mota, y advirtió que aún se desconoce si los libros contienen la información completa de los años requeridos”.
La INDDHH analizará los documentos, que fueron entregados en papel, y redactará un informe que enviará a la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad, debido a que los libros y el resto de la documentación pueden servir para otras causas que están en la órbita de la Fiscalía en las que hubo traslados clandestinos, como el caso del exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros Antonio Viana, en el que hay un traslado ilegal realizado en un vuelo comercial, en abril de 1974, o la causa de los cinco fusilados de Soca, secuestrados en noviembre de 1974 en Buenos Aires y asesinados en diciembre en Uruguay.
Otro de los casos mencionados en el pedido del fiscal Perciballe para habilitar el registro de la Base Aérea Nº 1 fue la desaparición forzada de Nebio Melo Cuesta y Wiston Mazzuchi, militantes del Partido Comunista Revolucionario, ocurrida el 8 de febrero de 1976 en Buenos Aires. Hay testigos que dicen haber visto en el centro clandestino conocido como la casona de Punta Gorda a “los chinos” -en referencia a la orientación maoísta de su militancia-, por lo que se presume que fueron trasladados a Uruguay.
También podrían aportar datos en la causa conocida como “el primer vuelo”, en el que el 24 de julio de 1976 fueron trasladadas 24 personas, en su mayoría integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo y el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, y en la que aún se investiga la existencia de otros traslados clandestinos vinculados a ese operativo.
Otra de las causas a las que puede contribuir la documentación es la que investiga el secuestro de Victoria y Anatole Julien, de cuatro y un año, que fueron secuestrados el 26 de setiembre de 1976 en la provincia de Buenos Aires, fueron trasladados a Montevideo en octubre y en diciembre fueron abandonados en una plaza de la ciudad chilena de Valparaíso. Para la Fiscalía determinar por medio de documentación ambos traslados clandestinos permitiría avanzar en la investigación sobre el secuestro de los niños y brindar información para la búsqueda de los restos de sus padres.
También en la investigación sobre la muerte de Ricardo Blanco Valiente, cuyos restos fueron hallados en marzo de 2012 en el Batallón 14, hay testigos que mencionan haber visto en el centro de torturas La Tablada, a detenidos que se encontraban en Argentina. Otra causa mencionada por Perciballe es la del “segundo vuelo”, en la que se investiga el traslado de 22 detenidos desaparecidos desde Buenos Aires a Montevideo en octubre de 1976. También la causa sobre el traslado desde Buenos Aires de militantes del Grupo de Acción Unificadora y el Partido Comunista Revolucionario, por la que fueron condenados el dictador Gregorio Álvarez y el marino retirado Juan Carlos Larcebeau, ocurridos en varios vuelos clandestinos entre 1977 y 1978, y en la causa que investiga la desaparición de María Claudia García, secuestrada en Buenos Aires en agosto de 1976 y trasladada a Montevideo en octubre de ese año.