El juez penal de 22° turno, Nelson dos Santos, dispuso el enjuiciamiento con prisión del policía retirado Ayelmiro José Pereira Silveira, imputado por tres delitos “de privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración con cuatro delitos” de abuso de autoridad contra detenidos en la sede de la entonces Guardia Metropolitana (conocida como guardia de granaderos) en 1974, durante la dictadura cívico militar. La denuncia fue presentada en diciembre de 2012 por Gonzalo Fernández Gómez y Carina María Gobbi Calvo, quienes afirmaron haber sido “víctimas de un operativo de represión llevado adelante por fuerzas de seguridad del Estado dirigido a aplastar su actividad política mediante la aplicación de tormentos”, según señala el dictamen judicial del 12 de marzo.
“Concretamente denuncian privación de libertad cometida por funcionario público encargado de una cárcel, abuso de autoridad contra los detenidos, pesquisa, violencia privada, amenazas y lesiones personales cometidas respecto de sus personas y también respecto de Francisco Burguette, Lylian Frois y Hugo de los Santos Ciríaco. Manifestaron que los referidos malos tratos y tormentos ocurrieron en dependencias de la Guardia Metropolitana del Ministerio del Interior y los autores de dichas tropelías pertenecían a dicha repartición. Sostienen que los mismos actuaron en el marco de una práctica metódica y planificada de persecución y tormento a opositores políticos y ejercieron su cometido en forma abusiva y criminal propio del período caracterizado como terrorismo de Estado. Como aditamento de la situación los familiares de los detenidos ignoraban su paradero, estando los mismos en calidad de desaparecidos”, agrega el texto de la decisión judicial.
El juez deja constancia de que los denunciantes expresaron “haber sido sometidas en su generalidad a las peores torturas, tanto físicas como sicológicas y a inhumanas condiciones de detención”, siendo objeto de “'submarinos' (en agua con excrementos o seco con capuchas), picanas, agresiones sexuales (violaciones, introducción de objetos, manoseos), simulacros de ejecución y de violación (propias, de amigos o familiares), 'colgadas', 'plantones', quemaduras, golpizas, suministro de sustancias alucinógenas, 'caballete', 'teléfono', privación del sueño, etc”. El magistrado agrega que los denunciantes dejaron en claro que estos hechos fueron “una práctica sistemática, en una estructura diseñada para violar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, y los ejecutores de esas prácticas “lo hacían como parte de un aparato organizado estatal en el que las tareas se distribuían para que el conjunto operara conforme al designio de atormentar al detenido”.
El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, había solicitado el pedido de procesamiento con prisión de Pereira en 2019. Pereira fue jefe de Policía de Cerro Largo entre 2001 y 2005. Según información del Observatorio Luz Ibarburu asistió a cursos de formación policial en Washington en 1973, y tres años después fue distinguido por participar en la guardia del dictador Augusto Pinochet en una visita a Uruguay. A fines de los 70, ingresó a la Guardia Republicana y se retiró con el grado de inspector general.