La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado uruguayo el petitorio realizado por los abogados vinculados a causas de crímenes de lesa humanidad que fueron amenazados de muerte por el llamado “Comando Barneix” entre fines de enero y principios de febrero de 2017.
En la solicitud a la CIDH, que fue hecha en febrero de 2019, los denunciantes reclamaron que el Estado uruguayo garantice el acceso a la Justicia de las víctimas de la amenaza, ante la falta de avances en la investigación judicial. Además, denunciaron que el Estado no adoptó ninguna medida para proteger la seguridad de las personas amenazadas e incumplió sus compromisos asumidos al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos.
En diálogo con la diaria, el abogado denunciante Leonardo Di Césare valoró que la denuncia haya ingresado en fase de admisibilidad, porque “se da un punto de inicio al proceso”.
Consultado sobre los últimos movimientos que tuvo el expediente en febrero de 2021 con la vista fiscal realizada por Luis Pacheco, que tomó declaraciones y pidió algunas pericias, Di Césare respondió que si bien hubo un redireccionamiento de la investigación, “hay que evaluar si con eso alcanza” para que la Comisión lo considere un avance en el acceso a la Justicia.
Ahora el Estado uruguayo tiene un plazo de 90 días para dar su versión de los hechos ante la Comisión, con la posibilidad de pedir una prórroga de 30 días. Una vez recibidos los descargos del Estado, la Comisión analiza los argumentos de las partes y elabora un informe en que define si admite o no el petitorio, si tiene competencias para actuar en el caso, y puede delinear aspectos y recomendaciones sobre el fondo del asunto, considerando si existe o no reconocimiento por parte del Estado de los incumplimientos que se denuncian.
La Comisión también puede plantear la creación de un grupo de trabajo para realizar un seguimiento del tema o considerar que el caso debe ser llevado a un litigio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si bien esta es la primera diligencia que realiza la CIDH a partir de la presentación del petitorio, el organismo se expresó sobre el tema en tres oportunidades. En febrero de 2017, tras conocer el hecho, emitió un comunicado con que llamó al Estado uruguayo a adoptar medidas urgentes para proteger la seguridad de las personas amenazadas, considerando su relevancia en el sistema de Justicia y en la defensa de los derechos humanos.
En febrero de 2019 expresó su preocupación por la falta de investigación “ante la especial gravedad de estas amenazas” y advirtió que el no avance de la causa “vulnera los derechos a la verdad, justicia y reparación”.
En febrero de 2021, ante la posibilidad de que se archive la causa por la prescripción del delito que podría imputarse, la CIDH llamó al Estado a “desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes de los hechos, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables”.
El proceso judicial en Uruguay
Desde que se presentó la denuncia, en febrero de 2017, hubo cuatro audiencias en la causa y una de ellas fue convocada por un error administrativo, por lo que no supuso ningún avance en la investigación. En los primeros cuatro años, se creó un perfil psicológico de los redactores de la amenaza, en el que se consideró que se trataba de personas mayores, con ciertos conocimientos tecnológicos y militares, y se realizó una pericia para detectar el origen físico del correo electrónico, que no fue útil, porque fue enviado desde un explorador que evita ese tipo de rastreo.
La investigación tomó un nuevo sentido en febrero de 2021, cuando varias organizaciones sociales y la misma CIDH advertían su preocupación por un eventual archivo de la causa, hasta ese momento investigada como amenaza. La causa fue tomada por Pacheco, fiscal subrogante de 1º turno por el viejo Código de Proceso, quien descartó el archivo de la causa al considerar que podría tipificarse un delito de asociación para delinquir, lo que extendió el plazo de prescripción e investigación hasta febrero de 2027.
Durante la última audiencia, el 22 de febrero de 2021, Pacheco definió revisar los archivos encontrados en la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni que revelaron espionaje en democracia, en busca de información relevante para la causa, e investigar la conexión entre el Comando Barneix y otros grupos con un perfil ideológico similar, como el Comando de Restauración Nacional o los responsables de los sitios web Alerta religión o El fin del silencio austero.
La amenaza del Comando Barneix fue realizada contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz; el entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze; la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera; los abogados vinculados a causas sobre crímenes de lesa humanidad Hebe Martínez Burlé, Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Juan Errandonea, Pablo Chargoñia; el activista brasileño Jair Krischke; el magistrado francés Louis Joinet, y a la investigadora italiana Francesca Lessa.
En el mensaje se advertía que se vengaría la muerte del general Pedro Barneix, quien se suicidó antes de ser detenido por la Policía por el homicidio del simpatizante frenteamplista Aldo Perrini, ocurrido en Colonia en febrero de 1974.
El Comando Barneix también está siendo investigado en otra causa que investiga un mensaje distribuido el 21 de noviembre de 2019, en el que bajo la misma firma se convocaba a votar a Luis Lacalle Pou “con el apoyo del general Guido Manini Ríos”.