Muerte “dudosa” en el módulo 12 del Comcar: el reclamo de la familia de Marcelo Ayala

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Marcelo tenía 20 años y vivía en Maldonado. A los 5 años empezó a ser tratado por su patología psiquiátrica. Desde los 7 años percibía una pensión por discapacidad. Dejó de recibirla unos meses después de cumplir los 18 años.

A sus 20 años, fue condenado por dos delitos que creó la ley de urgente consideración (LUC): por retiro o destrucción de la tobillera electrónica que tenía por una orden de restricción de acercamiento con su padre, y por agravio a la autoridad policial. Además, determinaron que incurrió en un desacato “en concurso formal” con el agravio a la autoridad, lo que significa que en una misma conducta habría violado las dos normas (unidad de hecho, pluralidad de delitos).

Murió en el módulo 12 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior. Solo en su celda. No se sabe aún cómo.

Este módulo, con 12 cupos disponibles de los cuales ocho estaban ocupados cuando murió Marcelo, está destinado al tratamiento de personas con cuadros graves de salud mental. El confinamiento es solitario. Están solos en celdas individuales, aislados. Las visitas son limitadas. Al igual que en el resto de la cárcel, sólo hay agua fría y las condiciones son inhumanas.

Es gestionado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por intermedio del Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL). Al ser un sector de salud, sólo los enfermeros están dentro del módulo. La guardia policial, compuesta por un policía, sólo ingresa a abrir las puertas a las 8.00 y a cerrarlas a las 20.00. También ingresa a solicitud de los enfermeros, para apoyarlos en un eventual emergente de seguridad.

Fue inaugurado en enero de 2020 con estos fines. En estos 16 meses tiene dos muertes dudosas. Una es la de Marcelo. La otra es la de Brian Cervetti, otro privado de libertad que murió el 14 de febrero “por causas naturales”, a los 20 años.

La mamá de Marcelo y sus dos hermanas compartieron su historia con la diaria.

Contaron que estuvo medicado desde los 5 años. “Tomaba 12 pastillas de psicofármacos por día”. Una de sus hermanas dijo que “toda su vida fue tratado como un discapacitado”. Cuando cumplió 18 años, decidió “por su cuenta” dejar la medicación.

“Cuando decidió dejar los medicamentos, pedimos que nos ayudaran a medicarlo, que lo internaran, pero no lo logramos”, dijo su hermana. “Cuando dejó la medicación empezó a actuar como una persona enferma: ansiedad, depresión, ataques de ira y desesperación”, señaló.

Las restricciones con su padre

“Se iba a lo de su padre caminando, a 25 kilómetros de donde vivía, a molestarlo y a romperle cosas en su casa”. Explica que “por eso el padre lo denunció”.

Su primera detención fue el 31 de enero. El 1º de febrero es formalizado y mediante un proceso abreviado es condenado a tres meses de prisión, a cumplirse en un régimen de libertad a prueba. Se le impone fijar domicilio, presentarse en la seccional de su domicilio una vez por semana, y dos horas de trabajo comunitario dos veces por semana. Se dispone además una orden de 500 metros de restricción respecto a su padre y la colocación de una tobillera electrónica.

El ofensor lleva una tobillera y un dispositivo que oficia como rastreador, que se parece a un teléfono celular. El 5 de febrero abandonó el rastreador en una parada de ómnibus. Por eso, la fiscal departamental de Maldonado Cecilia Guerra pidió la revocación del régimen de libertad a prueba. Y la formalización por el delito de retiro o destrucción de dispositivo electrónico. Se estableció una medida cautelar de prisión preventiva por 15 días, que la cumplió en la Unidad 13 Las Rosas, cárcel de Maldonado. Al existir esta formalización se revocó el régimen de libertad a prueba.

El 26 febrero se dispuso el cese de la prisión preventiva, imponiéndose en su lugar otras medidas cautelares: fijación de domicilio, restricción de acercamiento de 500 metros respecto a su padre y uso de tobillera por 180 días. El 7 de marzo volvió a romper la norma por hacer abandono del rastreador de la tobillera.

El delito que lo llevó a la cárcel

El 7 de marzo concurrió por iniciativa propia a la comisaría de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica para cargar la batería del rastreador de la tobillera electrónica.

Luego, según consta en Fiscalía, solicitó que un móvil lo trasladara a la casa de su tía en el barrio Kennedy para retirar una medicación. “Como demoraba, se descontroló y se retiró del lugar, haciendo caso omiso a la orden de los policías de que debía permanecer en la comisaría, contestando con insultos a los funcionarios y arrojando el dispositivo electrónico, el cual dejó abandonado allí antes de retirarse”, se plantea.

Fue detenido minutos después: “El imputado es ubicado a siete cuadras del lugar y detenido, donde vuelve a estar conectado al dispositivo de monitoreo”.

A partir de estos hechos, la Fiscalía departamental de Maldonado, a cargo de la fiscal María Elvira Olazabal, pidió su formalización.

La condena judicial

Además de la fiscal a cargo del caso, la defensora pública Sofía Pereyra Huelmo participó de la audiencia de control de detención y de la audiencia de formalización. El acta de control de detención es firmada solamente por la jueza letrada Ana María Guzmán, “en prevención del coronavirus”. Según consta, el audio de la audiencia fue registrado.

Según consta en las actas, la audiencia de control de detención, que comenzó en la mañana, tuvo que ser interrumpida y fue prorrogada para la tarde porque Marcelo estaba herido. Se ordena: “El indagado deberá ser llevado inmediatamente al Hospital de Maldonado dado que presenta heridas y manifiesta que no fue visto por médico ni las higienizó”. La jueza ordena que luego de ser visto en el hospital sea nuevamente conducido a Fiscalía para terminar con su condena.

Se plantea que “no existiendo obstáculo legal, se admite que estas actuaciones prosigan mediante estructura de proceso abreviado”. El proceso abreviado supone la admisión de los hechos y la capacidad para asumir la responsabilidad. No se consideró la discapacidad mental ni la patología psiquiátrica del indagado para dar curso al proceso abreviado.

Según consta en las actas firmadas por Guzmán, en presencia de Olazábal y Pereyra Huelmo, y consideradas para el fallo que condenó a Marcelo, se presentan datos que son falsos. Dice que su ocupación es “jornalero por su cuenta con caballos, maquinaria y jardinería”. Y que sus estudios son “bachillerato completo”.

Marcelo no sabía leer ni escribir. Tampoco trabajaba ni tenía maquinaria. Según señala su hermana: “Sólo sabía escribir ‘Marcelo’, no sabía escribir su apellido. Tampoco podía escribir ‘hola’”. Cuenta que “él andaba con un papel en el bolsillo, que le escribíamos nosotros, con su nombre, su cédula y mi teléfono”. Ella le decía: “Colo, cuando te cambies de ropa ponelo en el pantalón, por si te pasa algo, para que sepan tus datos”. “Ni siquiera sabía decir cuál era su nombre completo”, enfatiza su hermana. Y subraya: “Iba a una escuela para discapacitados. Ni siquiera iba a estudiar, iba a recrearse, porque no podía hacer nada. No podían enseñarle a escribir. Hacía manualidades. No tenía capacidad para estudiar nada. No podía aprender porque tenía mucho retraso”.

“Es una locura que digan que terminó el liceo”. La abogada defensora, la fiscal a cargo del caso y la jueza que lo condenó omitieron este detalle. “Desconcierta tanta negligencia”, dice su hermana.

La familia aportó un informe del Colegio Especial Creciendo Juntos, al que Marcelo concurrió hasta los primeros meses de 2018. Plantea que “su coeficiente intelectual era disminuido, no acompasando su edad cronológica, presentaba problemas de conducta y tomaba medicación”. También dice que “le costaba integrarse”. “Sus compañeros sabían que no podían acercarse mucho pues Marcelo no controlaba sus impulsos y podía llegar a pegarles”. También refiere a la relación con su padre: “Marcelo rompía y pateaba todo en su casa. Esta situación al padre muchas veces le resultaba difícil de sobrellevar”.

Finalmente explican que dejó de concurrir a la institución porque “no quería tomar la medicación por decisión propia y en ese caso no podíamos aceptarlo, ya que se pondría en peligro la seguridad del resto de los compañeros”. Y finalizan: “Reiteramos que, estando bien medicado, era un alumno que no daba mayores problemas y podía llevar una vida normal. Ese era nuestro cometido, lograr una buena inserción en la sociedad. Hasta donde pudimos tratamos de hacerlo. Él concurría con ganas y era dispuesto”.

Se plantean como válidos estos datos acerca de la supuesta secundaria completa y la ocupación laboral en el control de detención del 31 de enero, del que participaron Tabaré Ifrán, defensor público; Carolina Dean, fiscal departamental de Maldonado; su adscripta, Fernanda Manganello, y la jueza Gabriela Tuberosa, y en el control de detención del 11 de febrero, del que participaron Ana Inés Andina, defensora pública; Beatriz González, fiscal departamental de Maldonado, y la jueza Ana María Guzmán.

El Código Penal señala las distintas causas de inimputabilidad penal. “Locura” es la primera que señala el articulado. Según define: “No es imputable aquel que en el momento que ejecuta el acto por enfermedad física o psíquica, constitucional o adquirida, o por intoxicación, se hallare en tal estado de perturbación moral, que no fuere capaz, o sólo lo fuere parcialmente, de apreciar el carácter ilícito del mismo, o de determinarse según su verdadera apreciación”. La inimputabilidad se determina a través de una pericia.

A pesar de que Marcelo estaba en tratamiento psiquiátrico, tenía una discapacidad mental y era analfabeto, no se hizo una pericia en estos casos para determinar si era imputable o no.

Así que Marcelo fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de desacato agravado en concurso formal con un delito de agravio a la autoridad policial agravado. Se lo condenó a una pena de 11 meses de prisión, que hubiera vencido el 4 de febrero de 2022.

La jueza dispuso que “si fuera alojado en Las Rosas, el encausado debería ser alojado en el módulo de Seguridad”. Se establece también que “antes de ingresar a INR debe hacerse una ecografía en el hospital, con custodia policial”. Y ordenó quitarle la tobillera electrónica que tenía puesta al momento de ser condenado.

Además, indicó la medicación psiquiátrica que según su historia clínica tiene indicada: quetiapina (antipsicótico), ácido valpróico (para el tratamiento de episodios maníacos), levomepromazina (antipsicótico, sedante, analgésico), clonazepam (ansiolítico) y pipotiazina (antipsicótico inyectable, conocido como piportil).

“Cuando pasó esto pedimos que lo internaran en un hospital psiquiátrico, porque era lo que él necesitaba. Pero no nos dieron esa posibilidad y lo llevaron a la cárcel”, dijo su hermana.

La agonía carcelaria

Ingresó a la cárcel de Las Rosas, donde pasó unos días. Según contó la hermana de Marcelo, en Las Rosas fue lastimado. “Se había quemado. No sabemos cómo, no sabemos si fue con polifón o con qué. Nunca nos avisaron que estaba lastimado. No nos avisaban en ningún momento de nada”, señaló. En Las Rosas hubo distintos conflictos, la mayoría asociados a reclamos por las condiciones de encierro y el encare que hubo en la cárcel con los casos de covid. Hubo “revueltas”, quema de colchones y otras formas de protesta. Suponen que las lesiones estuvieron asociadas a alguno de esos eventos.

Un día se enteraron de que no estaba más en Las Rosas. No hubo aviso alguno a la familia. “Nos enteramos de que no estaba más en Las Rosas porque mandamos una encomienda con alimentos y nos dijeron que no estaba más en Maldonado, que estaba en Montevideo”, explicó. Y contó que “ni siquiera nos dijeron en qué cárcel estaba”. “Nos pusimos a averiguar en todas las cárceles de Montevideo para ver dónde estaba”. Lo encontraron en el Comcar. Estaba en el módulo 5.

La familia dice que no sabe cuándo llegó al Comcar, ni por qué. “Sabemos que fue trasladado al Comcar los primeros días de abril. No nos dijeron exactamente cuándo”.

Tampoco supieron hasta después de su muerte que tuvo un pasaje por la Unidad de Ingreso Diagnóstico y Derivación que funciona en la Unidad 1, cárcel de participación público-privada. En este centro, que antes funcionaba donde era Cárcel Central, se analiza a la persona privada de libertad y se la deriva a la cárcel que parece adecuada para su perfil.

Según consta, se le aplicó el Offender Assessment System 2.0 (Oasys), sistema que utiliza el INR para medir los riesgos de reincidencia y de alguna manera “clasificar” a las personas privadas de libertad. Consta en informes que se trata de una persona que tiene “comportamiento infantil” y que “no logra mantener una conversación coherente”.

En la Unidad de Ingreso Diagnóstico y Derivación determinaron su traslado al Comcar. Pasó un mes en el módulo 5 del Comcar, un módulo para 600 personas en el que se intenta destinar a personas privadas de libertad con enfermedades transmisibles y no transmisibles. También hay personas sin problemas de salud.

En otro movimiento se definió trasladarlo al módulo 12, destinado al tratamiento de pacientes psiquiátricos con patologías severas. “No nos avisaron que lo empezaron a tratar psiquiátricamente así, ni que lo pasaron al módulo 12”, dijo su hermana.

Entre el 3 y el 14 de mayo estuvo en aislamiento preventivo por covid-19 en el módulo 5. Tampoco se avisó a la familia. En esos días, la madre viajó desde Maldonado al Comcar dos veces para la visita. Pero no pudo tenerla. “Le decían que no podía recibir visita porque estaba aislado porque ‘estaba muy agresivo’”. “Le dijeron a mi mamá que él no quería bajar, que no quería ver a la madre”, relató su hermana.

Pudo verlo de lejos por última vez el domingo 9 de mayo, en la visita por el Día de la Madre. “Lo vio de lejos, no la dejaron acercarse”, contó su hermana. “Le volvieron a decir a mi madre que él no quería verla”, señaló. Y agregó que “eso no puede ser cierto”. Le explicaron que estaba en aislamiento “porque estaba muy agresivo, muy peleador”. “Le dijeron que lo habían dejado aislado y que lo tenían sin luz para cuidarlo de él mismo, por si quería inventar algo, autoeliminarse o algo de eso”.

Lo acercaron a una ventana de uno de los pisos del módulo y desde ahí intercambiaron algunas palabras. Su hermana relató el intercambio: “Estaba descompensado. Le hablaba a mi madre de religión. Le decía que se había incorporado y que le había bajado un pae”. “Estando afuera, a pesar de todos sus problemas, nunca dijo esas cosas”, sentenció.

La muerte

Ingresó al módulo 12 tres días antes de su muerte en custodia, el viernes 14 de mayo, supone su familia que por el nivel de delirios que tenía cuando pudieron verlo de lejos la última vez.

“Cuando murió, hacía cuatro días que estaba en el módulo 12, le habían avisado a mi madre que lo habían trasladado para ahí”, contó su hermana. Y agregó que le plantearon que tenía régimen de visitas los miércoles de 10.00 a 12.00. “No llegamos a la visita porque murió el lunes”, disparó.

Marcelo perdió 50 kilos en los últimos meses. Pesaba 125 kilos y cuando murió pesaba 75 kilos. Medía casi dos metros. Tenía un comportamiento “aniñado”. Mojaba la ropa con agua y se tiraba sobre la ropa mojada.

Su hermana dice: “Cuando estaba con nosotros no hacía eso”. Cuenta que los enfermeros le dijeron a su madre que “pasaba mucho frío”. Dijo que “uno de los enfermeros le consiguió championes porque andaba descalzo”. “Nosotros le mandamos ropa y comida en cajas, pero en el Comcar nos dijeron que eso no estaba, que no había llegado”, comentó.

En la mañana de su muerte los enfermeros fueron a su celda en el control matinal de las 8.00. Estaba toda mojada. Él estaba acostado en el piso, contra la puerta, en el único lugar que quedaba seco. Como Marcelo no podía moverse, para cambiarlo de celda lo envolvieron en una frazada y en un colchón y lo trasladaron envuelto en andas entre los enfermeros. Lo acostaron en la cama de otra celda, de costado, para que no se ahogara si vomitaba. Antes de dejarlo, le tomaron la presión y el pulso. Al mediodía estaba muerto. Cuando ingresaron a la celda constataron la ausencia de signos vitales.

Ese día en la tarde recibieron otra llamada: “Un enfermero llamó a mi mamá y se presentó como ‘el tratante de Marcelo’. Le dijo que el día antes había estado muy bien, que había salido al pasillo con ellos, que estuvo barriendo y de mejor humor”. También le dijo que “cuando fueron a hacer el control de las 8.00 ya estaba muerto”.

Ante la consulta de la diaria, desde el Ministerio del Interior plantearon que el asunto debía hablarse con Salud Mental de ASSE.

Pablo Fielitz, director de Salud Mental de ASSE, de quien depende SAI-PPL, dijo a la diaria que le solicitó un informe a esa dirección y que mantuvo una reunión con ellos. “Solicité que el caso pase a investigación del Consejo de Seguridad del Paciente”, explicó. También dijo: “El fallecido fue a forense, pero no tengo acceso al informe de la autopsia”.

La intervención del comisionado parlamentario penitenciario

Al otro día de la muerte de Marcelo, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, se presentó en el Comcar para tomar conocimiento del hecho. También lo hicieron autoridades del INR y del Ministerio del Interior.

Petit dijo a la diaria que, “como en todas las muertes en custodia”, su oficina las analiza. La muerte de Marcelo, “en particular”, le resulta un caso “muy conmovedor”: “Porque era un chiquilín, muy joven, con un delito leve y una pena corta”.

“Estamos estudiando todos las dimensiones de la situación: el proceso social previo, la trayectoria mientras estuvo privado de libertad, su contexto. Todavía no están claras las causas de la muerte”, explicó. Y resaltó que si bien no hay conclusiones aún, “tarde o temprano siempre salen de estos casos”. Las conclusiones serán remitidas al Parlamento y eventualmente a la Justicia, si corresponde.

El reclamo de la familia

A la familia le interesa reclamar tres cuestiones clave: las condiciones del encierro carcelario, la decisión judicial y la atención de salud. Dicen que el Estado “tiene que asumir su responsabilidad”.

En lo carcelario, señalan los múltiples traslados, las pésimas condiciones de encierro y la falta de información brindada a la familia. En lo judicial, denuncian que “fue privado de libertad en una cárcel cuando tendría que haber ido a una institución psiquiátrica”.

En lo sanitario, además de la deficiente atención, señalan la falta de información y documentación brindada a la familia. “Nos avisaron que su fallecimiento fue por ‘muerte natural’, así de incoherente como suena: ‘muerte natural’”. “No nos permitieron reconocer el cuerpo, no nos dijeron la causa de su muerte. Su familia señala que no tenía ninguna patología previa por fuera de su diagnóstico psiquiátrico. “Ni colesterol, ni diabetes, ni nada, ni siquiera se engripaba”, destacaron.

“El lunes llamaron de la cárcel a mi tía para notificarle que falleció”, contó la hermana de Marcelo. “A las 14.00 del lunes nos llamaron para avisarnos que lo encontraron muerto a las 8.00. Cuando nos llamaron, el cuerpo todavía estaba en su celda esperando que llegara el forense”, comentó.

Les dijeron que “les avisaban para que fueran a forense a reconocer el cuerpo”. Pero reclaman que “no les avisaron”. “Recién nos avisaron cuando el cuerpo estaba para ser retirado y velado”.

Esa misma noche el padre de Marcelo viajó de Maldonado al Comcar por los papeles para poder retirar el cuerpo de la morgue y poder darle sepultura.

Pero esa noche “no se los dieron y le dijeron que fuera al otro día”, contó la familia. A la mañana le entregaron dos documentos. Uno, dirigido a la necrópolis de la Intendencia de Maldonado en el que se solicita “a pedido del padre del fallecido” que se realice el sepelio de quien fuera en vida Marcelo. El otro, dirigido a la morgue judicial, en el que se solicita que luego del reconocimiento del cuerpo por parte del médico forense se entregue el cuerpo a sus deudos, en este caso a su padre.

Le pidieron que firmara los documentos. “No sabía lo que decían porque el papá de Marcelo es analfabeto”, explicó la familia. “Le pidió a quien estaba allí que le leyera los papeles y ahí firmó. Le dijeron que si no firmaba no le dejaban retirar el cuerpo”, dijo. “A partir de ahí, nos dijeron que nos comuniquemos con Fiscalía para saber el resultado de la autopsia y coordinar el traslado”.

Les dijeron que se fueran para Maldonado porque “el Ministerio del Interior se encargaba de mandar el cuerpo a Maldonado”, de donde era originario y de donde había sido trasladado en custodia. “Nos dijeron que se encargaban de traer el cuerpo. Pero nunca lo trajeron. Murió el lunes y el miércoles nos dijeron que el Ministerio del Interior no se hacía cargo. Tuvimos que conseguir plata prestada para pagar el traslado porque el Estado no se hacía responsable de eso”.

“Lo único que tenemos son los papeles de defunción que nos dieron para el velatorio y el entierro”, señaló. Y enfatizó en que no pudieron reconocer el cuerpo. “Nosotros no pudimos reconocer el cuerpo. El Estado no nos permitió hacer el reconocimiento del cuerpo. No nos dieron un documento que dijera cómo falleció, ni a qué hora falleció realmente, ni la causa, ni qué pruebas le hicieron al cuerpo”.

Según contó su hermana, desde la funeraria de Maldonado se comunicaron con su padre para “pedirle para meterlo en algo parecido a un horno, porque él murió en posición fetal, acurrucado. Su cuerpo estaba tieso y necesitaban estirarlo para poder meterlo en el cajón”. “El frío que debe haber pasado ese muchacho”, reflexiona su hermana.

Cuatro días después de su muerte, lo enterraron. Su hermana contó que luego del entierro recibió una llamada de Fiscalía para avisarle que el corazón de Marcelo y una biopsia del pulmón estaban bajo custodia para seguir investigando. “Horas después de su entierro nos llamaron para avisar que a nuestro hermano lo enterramos sin su corazón, porque lo necesitaban para pruebas forenses. Ni siquiera se nos avisó antes”. También les dijeron que “en un mes aproximadamente nos llamarían para saber los resultados”.

La familia exige respuestas y que esta situación no se reitere: “Ojalá a alguien le importe todo esto que está pasando. Ojalá que esto pare. Que no vuelva a pasar otra familia por toda esta judiada, falta de respeto y de asistencia de todas las maneras posibles. Una negligencia continua inexplicable”.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, con Silvia Porteiro al frente. El comisionado parlamentario penitenciario también lleva adelante una investigación del caso.