La jueza penal de 33º turno, Beatriz Larrieu, concedió seis meses de prórroga para la investigación preliminar, luego de que la fiscal especializada en Delitos Sexuales de 5º turno, Darviña Viera, pidiera un año más para investigar, ante el vencimiento del plazo para acusar, previsto para el 13 de mayo.
En el documento, al que accedió la diaria, Larrieu sostiene que la decisión de agrupar los casos en torno a una causa es una estrategia del Ministerio Público y que fue la fiscal quien “decidió reunir en una investigación a todos los imputados, sin que existiera entre ellos asociación o vínculo alguno en la presunta comisión de los delitos atribuidos”.
Si bien coincidió con las defensas de las víctimas en que se trata de un caso “complejo, especialmente por la naturaleza de los delitos investigados”, advirtió que fue llevado por la fiscalía en forma “poco prolija” y “sin lograr concretar datos que le eran requeridos” por la sede para adoptar una decisión. En ese sentido, recordó que en el proceso penal acusatorio son las partes las que tienen la obligación de aportar la información necesaria al juez.
También coincidió con las defensas de los imputados en reclamar mayor detalle de las pericias concretas que faltan diligenciarse. “Esta forma de trabajo adoptada por la fiscalía dificulta el control del avance de la investigación respecto de cada imputado que -se reitera- son acciones totalmente independientes entre sí”, sostiene Larrieu.
La jueza también rechazó el argumento de que la emergencia sanitaria dificulta el diligenciamiento de las pericias, particularmente las partidas de nacimiento pendientes y los estudios psicológicos, que fueron mencionados por la fiscal Viera en su solicitud.
Larrieu dio la razón a la fiscal y a los abogados de las víctimas en que se trata de un caso que “requiere una especial consideración [...] debiendo tomarse los recaudos necesarios para posibilitar su acceso a la Justicia en condiciones que no provoquen su revictimización”, y señaló que las declaraciones anticipadas de dos de las víctimas fueron suspendidas por la feria judicial extraordinaria.
Por otra parte, aceptó como argumento para definir una prórroga la complejidad del proceso de extracción de la información de los dispositivos electrónicos que fueron incautados.
“Si bien es cierto que la fiscalía es la responsable última de la investigación, los hechos por todos conocidos no pueden ser atribuidos directamente a su accionar, sino a sus auxiliares”, advirtió Larrieu.
En la resolución, Larrieu señala que aceptada la excepcionalidad de la situación, que amerita la prórroga de la investigación, el plazo por el que se otorga resulta de la evaluación que hace el juez de garantías sobre el avance de la investigación. En ese sentido, señaló que si bien falta diligenciar pericias centrales para la causa, también hubo dos pruebas anticipadas que fueron convocadas, pero las víctimas no comparecieron, mientras que la mayoría de pruebas anticipadas de la causa fueron pedidas en marzo de 2021.
“La estrategia de la investigación es definida por la fiscalía, pero tampoco puede perjudicar a los imputados prolongando excesivamente su sometimiento a proceso sin que se ejerza en forma efectiva la acción penal mediante la formulación de acusación en su contra”, agregó.
Tal como prevé el artículo 265 del nuevo Código del Proceso, la fiscal Viera había pedido la prórroga de un año y fundamentado su solicitud principalmente en la cantidad de pericias que aún restan diligenciar, entre ellas las declaraciones anticipadas de 14 víctimas, las declaraciones de varios testigos, pericias psicológicas y dos actas de nacimiento que no pudieron ser tramitadas. En todos los casos la fiscal detalló la identidad de los testigos, imputados y víctimas implicados en las pericias pendientes.
Por otra parte, la fiscal planteó la necesidad de tener más tiempo para analizar la información incautada en los celulares y las computadoras vinculadas a la causa, considerando también que accedió a la información completa en febrero de 2021. A su vez, señaló que a partir de la evidencia, el plazo del vencimiento para investigar llega cuando está trabajando en la ampliación de la formalización de varios de los imputados.
Además de la importancia de la evidencia que resta completar, Viera señaló “los múltiples recursos a los que ha estado expuesta la fiscalía”, en un caso “complejo por la cantidad de indagados y de víctimas”.
La mayoría de los abogados de los imputados se opusieron a la prórroga de la investigación, al considerar que el volumen de la investigación era responsabilidad de la fiscalía, que, según las defensas de los imputados, podría haber optado por tratar los casos por separado.
Si bien habitualmente se realiza una audiencia para que las partes presenten sus argumentos sobre la prórroga de la investigación, al igual que la prórroga de las medidas cautelares, la jueza Larrieu definió realizarlo por escrito debido a la emergencia sanitaria.
Ahora la decisión podría ser apelada por cualquiera de las partes, sin que signifique la suspensión del plazo para acusar, que, si se mantiene la decisión de primera instancia, vencerá el próximo 13 de noviembre.