Vecinos de Barrio Sur denuncian que luego del allanamiento realizado el 12 mayo en un edificio abandonado en la esquina de Canelones y Convención, continúa funcionando una boca en el lugar.
Tras el allanamiento, una de las cinco familias que habitaban el edificio aceptó dejar el lugar y fueron tapiadas dos de las cinco entradas que tiene la construcción, que está en peligro de derrumbe. El resto de los habitantes permanece en el edificio y los vecinos de la zona reclaman una solución, agobiados por robos, rapiñas, lesiones y amenazas desde hace un año y medio.
Uno de los problemas que más preocupa a los vecinos es la situación de unos siete niños que viven allí, debido a que el estado de la vivienda los pone en riesgo.
la diaria conversó con cuatro vecinos que prefirieron no identificarse por temor a represalias por parte de los habitantes del edificio, que amenazaron a varios de quienes viven en la cuadra. Una de las vecinas, que fue asaltada por integrantes de las familias que ocupan el lugar, dijo que fue amenazada tras ser testigo de una rapiña a otra vecina de 80 años, que estaba siendo golpeada para ser asaltada. Al día siguiente golpearon a la puerta y le advirtieron que no volviera a denunciar.
“En todos los barrios hay bocas, pero esta gente no cuida a los vecinos; es tierra de nadie, robaban en la misma cuadra y se metían en la boca. Yo si veo que están tirando a una persona voy a salir, yo no miro para el otro lado”, comentó.
Los vecinos cuentan con decenas de filmaciones de rapiñas, hurtos -se ingresa lo hurtado al edificio- y otros hechos de violencia, como el ataque a un vecino al que le incendiaron la puerta de la casa, o el testimonio de varios vecinos que fueron amenazados con cortes. También tienen registro de la matrícula de varios taxis y autos particulares que frecuentan el edificio y movimientos en que trasladan objetos por las azoteas.
Con toda esa información, en febrero de este año, enviaron una carta al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, pero no obtuvieron respuesta. Ante esa situación, decidieron enviar una misiva al fiscal de corte adjunto, Juan Gómez, con la firma de más de 470 vecinos afectados por la situación.
En diálogo con la diaria, Gómez informó que coordinó una reunión con algunos de los vecinos firmantes, que le mostraron videos “de situaciones absolutamente delictivas”. A raíz de eso pidió la intervención del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para proteger a los niños que viven en el lugar.
Gómez destacó que hay cuatro informes que constatan que se trata de una construcción ruinosa que pone en riesgo a sus habitantes, “independientemente de lo que están sufriendo los vecinos”.
“Lamento todo lo que se arma de una cosa tan elemental como que hay derechos para proteger”, comentó, y señaló que “dentro de los derechos de todos está el de los 472 vecinos de vivir en una situación de normalidad”.
El fiscal planteó que en atención al derecho de las personas de vivir en un lugar digno pidió la intervención del Mides y del INAU. “Las que están sufriendo bastante más son las 2.000 personas que están sujetas al arbitrio de unos pocos”, subrayó.
A fines de abril hubo una inspección de Bomberos y la Intendencia de Montevideo. El Ministerio del Interior (MI) dispuso la presencia en el lugar de la Guardia Republicana, lo que se tradujo en una reducción de robos y rapiñas, pero el movimiento nocturno y el pasaje de decenas de personas por el edificio se mantuvo.
A raíz de las filmaciones de ese movimiento, el caso fue derivado a la Fiscalía de Estupefacientes de 3º turno, a cargo de Alejandro Machado, quien dispuso el allanamiento luego de una breve investigación policial que confirmó lo registrado en las filmaciones.
Machado dijo a la diaria que tras no haber encontrado estupefacientes en el allanamiento del 12 de mayo, “la investigación terminó allí”, aunque advirtió que la causa no será archivada hasta no analizar el informe policial.
El fiscal destacó que el operativo se realizó bajo sus órdenes, en el marco de una investigación ante las denuncias de narcotráfico. El fiscal desestimó versiones que indican que desde el INAU se advirtiera a las familias sobre el allanamiento, y señaló que él comunica al juez de la causa y a la Policía y no puede realizar ningún otro tipo de coordinación institucional. Los habitantes del edificio abandonado difundieron un comunicado un día antes del operativo en el cual advertían que iban a ser desalojados.
Machado explicó que el allanamiento que se ordenó no tiene ningún vínculo con la situación de ocupación del edificio y aclaró que él no realizó ninguna diligencia para tapiar el lugar, dado que excede sus potestades.
Los vecinos aseguran que los habitantes del edificio intentan “mostrarse como un movimiento que no es” y señalaron que los papeles de compra de la propiedad con los que dicen haber sido estafados “están firmados por ellos”. “Yo no estoy en contra del movimiento okupa, pero esto es otra cosa”, comentó una de las vecinas del lugar.