La Suprema Corte de Justicia (SCJ) destituyó a la jueza de Toledo de 2° turno, Sylvia Recarey, tras la conclusión de un sumario que arrojó que la magistrada creó un expediente con información falsa para investigar el patrimonio de su exesposo.
En la resolución, los ministros de la SCJ informaron que Recarey, actuando como subrogante del juzgado de 1er turno, el 10 de marzo de este año abrió un expediente con una carátula falsa a nombre de un denunciante falso para solicitar información sobre su expareja a la Dirección General de Registros para conocer todos los “bienes o derechos patrimoniales del ejecutado de los que tuviere se constancia”, además de pedir información al Banco Central “a efectos de que informe los saldos de cuenta y depósitos que pueda tener el ejecutado en las entidades de intermediación financiera”, según consta en la resolución que fue dada a conocer por El Observador y a la que accedió la diaria.
“Con la carátula del exhorto en mano salió de su despacho, se dirigió a la oficina y preguntó al grupo de funcionarios quién se encargaba de confeccionar los oficios”. Una funcionaria dijo que ella los hacía y la jueza le dijo que necesitaba “de forma urgente los dos oficios”. “La funcionaria le preguntó por el expediente, a lo que respondió que lo tenía en su despacho y que después se lo daría”, recapituló la SCJ.
Luego de que confeccionó los oficios, la funcionaria le preguntó a la jueza “si los firmaba ella о se los llevaba a la oficina actuaria, a lo que le respondió que sería ella, la doctora Recarey, quien los firmaba”. Sin embargo, no pudo elevar el oficio a la jueza porque el “sistema exige previo paso por la actuaria” y la actuaria no encontraba el expediente en el sistema, por lo que concurrió a la oficina de Recarey y le “propuso si quería entregarle el expediente para revisarlo y firmarlo, a lo que la jueza miró encima del escritorio y le dijo que no había apuro, que luego lo buscaría”.
“Al regresar la referida actuaria a su despacho, volvió a leer detenidamente el decreto firmado por la doctora Recarey, llamándole la atención que no era un contenido que suela encontrarse en un exhorto, por lo que pensó que habría un error”, señala la resolución. En ese momento, otros funcionarios le contaron a la funcionaria que la jueza en realidad estaba investigando a su exesposo. Ante esto, puso en conocimiento a sus superiores.
Al requerirle información sobre el tema, la jueza dijo mediante un mail que había enviado mal la información por un expediente que tenía abierto del Banco de Seguros y “que tuvo un día complejo, que lamenta la equivocación acaecida por tener ‘expedientes abiertos y un exhorto abierto’” y que lo hizo sin darse cuenta de que no era ese.
A partir del hecho se le inició un sumario y el fiscal de Toledo, Luis Toledo, se hizo cargo del caso, pero resolvió su archivo por entender que la conducta de la jueza no configuraba el delito de abuso de funciones. En el proceso del sumario, Recarey detalló la “especial situación personal, de salud y económica que viene atravesando desde 2024” y manifestó: “Siempre he realizado y cumplido mis tareas con gran dedicación y y responsabilidad, pero todos los problemas me llevaron a realizar este infructuoso suceso del cual me arrepiento enormemente, profundamente. [...] Lo acaecido, un hecho único, puntual, que no ocasionó daño a terceros ni consecuencia, que no trascendió, no hace más que poner de manifiesto la devastadora situación de desasosiego anímico y económico en la que me encuentro”.
Sin embargo, en la resolución la SCJ entendió que los elementos personales podrían “sopesar las circunstancias alteratorias de su responsabilidad, pero no adquieren la nota de exculpatorios de responsabilidad”. Para los ministros, “ante la afectación emocional alegada debió asistirse y tramitar, en su caso, la correspondiente licencia por enfermedad”.
En cambio, la jueza “aprovechó а tal punto la oportunidad de estar subrogando otra sede, para falsificar un documento público –inventar un expediente con autos caratulados apócrifos– como vehículo para averiguar información sobre el patrimonio de su excónyuge”. Se valoró que no fue un acto impulsivo, sino que “armó un plan para obtener un beneficio personal que solo le era posible a través de su cargo”.
También se entendió que los actos de la jueza no causaron perjuicios de manera directa a terceros por el “simple hecho de que fue evitado por el control de la funcionaria”, pero que se pretendió hacer “caer en error” a ella y a las otras actuarias, por lo tanto, su “inconducta tenía otras implicancias, si no hubiera sido advertido, tal como sucedió, puesto que con su accionar estaba involucrando a otros funcionarios que, en caso de haber prosperado su intención, se habrían visto envueltos en una posible inconducta, lo que agrava la postura de la sumariada, en la medida en que iba a generar un grave problema también a terceros”. En suma, se consideró que “sin duda que los actos cometidos por la doctora Recarey encuadran en los más graves que puede cometer un magistrado en el desempeño de su función”.