La jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste, aceptó el pedido de prisión domiciliaria del militar retirado Mario Aguerrondo, quien fue procesado el jueves por los delitos de privación de libertad y violencia privada, en la causa que investiga torturas en el centro clandestino 300 Carlos.
Tras analizar los informes del Instituto Técnico Forense (ITF), la jueza dispuso prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Aguerrondo y rechazó el pedido de domiciliaria para los otros tres militares procesados por primera vez por violaciones a los derechos humanos, Rudyard Scioscia, Mario Frachelle y Mario Cola, quienes deberán cumplir prisión efectiva.
Como las defensas de Scioscia, Frachelle y Cola reclamaron la prisión domiciliaria en función de la gravedad de la situación sanitaria, Urioste pidió al ITF que remita en los próximos días un informe específico sobre la pandemia en el ámbito carcelario.
Aguerrondo, quien llegó en silla de ruedas al juzgado de la calle Bartolomé Mitre, fue identificado por varias víctimas que declararon en la causa como uno de los torturadores. Un militante estudiantil, que fue torturado en el Batallón 13 de Infantería, lo calificó como “un gran sádico” que “los domingos en particular, como era el comandante, llamaba a declarar a presos y los torturaba”, mientras que otra de las víctimas lo describió como “un tipo macabro” que “sabía lo que estaba sucediendo y además lo manifestaba”.