El juez penal de 4° turno Huberto Álvarez formalizó el proceso contra ocho trabajadores por el delito de daño agravado durante la ocupación de la empresa Friopan, ocurrida entre el 24 y el 28 de mayo de 2019.
El fiscal de Flagrancia de 2° turno, Carlos Negro, había pedido la formalización del proceso para nueve trabajadores, pero uno de ellos no concurrió a la audiencia por lo que será imputado cuando sea ubicado por la sede judicial.
Álvarez dispuso como medida cautelar en esta parte del proceso la fijación de domicilio por 180 días. Ahora la fiscalía deberá preparar la acusación contra los trabajadores, para lo que cuenta con el plazo de un año.
La causa había sido archivada por la fiscal de Flagrancia de tercer turno, Silvia Pérez, pero los abogados denunciantes, Andrés Ojeda y Fernando Posada, pidieron la revisión del caso por un fiscal subrogante y el caso fue derivado a Negro.
En diálogo con la diaria, Posada señaló que el fallo “sienta un precedente en cuanto a que no vale todo” y subrayó que lo ocurrido en la fábrica “no tiene nada que ver” con el derecho de huelga y la actividad gremial.
Concretamente, Posada dijo que los trabajadores “dejaron que se echara a perder todo lo que estaba en proceso, cuando podrían haberlo procesado y guardado los insumos”, y dijo que actuaron con la intención de que la materia prima se desperdiciara.
“Los alcances del derecho de huelga se discuten en un juzgado laboral, no es un juzgado penal. En el momento que asumen el control de la fábrica se convierten en una especie de garantes de todo lo que suceda allí. No pueden dañarla”, señaló Posada.
Consultado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio que evite el juicio —considerando que se trata de un delito menor, con penas de prisión, y que los imputados son todos primarios—, Posada señaló que si bien es una posibilidad, hasta el momento no han recibido una propuesta en ese sentido por parte de los trabajadores.
La planta de Friopan fue ocupada durante cuatro días, luego de que los trabajadores conocieran informalmente la existencia de un plan de reestructura en la empresa del que no habían sido informados. Esa reestructura implicaba la compra de nueva maquinaria y violaba el convenio colectivo firmado entre las partes, algo que fue reconocido por los empresarios.
La denuncia fue presentada por la empresa por entender que durante la ocupación se destruyeron 1.100 baguettes y 600 kilos de masa. Los empresarios también denunciaron a los ocupantes por amenaza, apropiación indebida y rotura de máquinas, pero ninguna de las fiscalías actuantes en el caso consideró esos delitos.
la diaria consultó con la defensa y alguno de los trabajadores imputados, pero prefirieron no hacer declaraciones por el momento.
Por su parte, el integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y responsable de prevención de conflictos, Federico Barrios, dijo a la diaria que de las cuatro denuncias que realizó la empresa sólo se mantuvo una y subrayó que el material desperdiciado no estaba apto para consumo humano.
Además, Barrios señaló que los trabajadores plantearon a la empresa ante la Dirección Nacional de Trabajo pagar el material desperdiciado, pero la propuesta fue rechazada, y recordó que cuando se inició la ocupación se ofreció dar tratamiento a la harina, lo que también tuvo una respuesta negativa.
Barrios agregó que el sindicato “estuvo dispuesto a subsanar el daño en todo momento del proceso” y planteó que hay situaciones graves de incumplimiento de la empresa en sus compromisos con la Dirección Nacional de Trabajo, que se mantienen.
Cuando se conoció el pedido de imputación del fiscal Negro, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en el que calificó la situación judicial como “un nuevo intento de judicializar la negociación colectiva, de amedrentar a los trabajadores en el ejercicio del derecho de huelga y de desconocer la libertad sindical”. Agregó que los trabajadores fueron víctimas de “una campaña de desprestigio contra la organización sindical”, que apuntó a “criminalizar la ocupación” y “estigmatizar a los trabajadores organizados”.