La docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Luciana Scaraffuni, presentó el jueves el informe Percepciones sobre la violencia, el delito y el accionar policial en el territorio bajo la jurisdicción de la Seccional de Policía 17, elaborado a partir de una encuesta realizada en Casavalle y barrios lindantes entre junio y julio de 2025, que tuvo una muestra representativa compuesta por 871 personas, de un total estimado de 60.372 mayores de 16 años que viven en la zona.
El estudio, financiado por fondos centrales de la Universidad de la República (Udelar), señala que el 66,7% de las personas encuestadas mencionan espontáneamente la droga como el principal problema del territorio, lo que implica, además del consumo y la venta, conflictos entre grupos criminales, economías ilegalizadas, violencia cotidiana, inseguridad territorial y deterioro de la convivencia barrial.
Los otros problemas identificados por los vecinos fueron la falta de trabajo (34,6%), el delito (32,9%) y la pobreza (30%). El estudio señala también que el 68,3% expresó preocupación por los enfrentamientos entre grupos relacionados a las drogas y el 58,3% reporta la venta de la droga como uno de los principales problemas cotidianos.
“La problemática de las drogas tiene un eje estructurante en las experiencias territoriales de estas personas”, señaló Scaraffuni durante la presentación. El estudio también reveló aspectos vinculados al uso de armas y la legitimación de su uso en la población civil. El 52% de los consultados cree que los ciudadanos no deberían portar armas para defensa personal, mientras que el 44% cree que sí. Ante la consulta sobre si tendría un arma de fuego en su casa, 34% respondió que sí, 44% que no y 22% prefirió no contestar.
Las personas que tendrían un arma de fuego alcanza el 37% entre quienes tienen entre 16 y 29 años y baja al 30% entre los mayores de 65. El 52% de los hombres consultados dijo que tendría un arma, mientras que esa cifra baja a 37% en el caso de las mujeres.
Scaraffuni destacó el valor de las preguntas sobre armas de fuego en el marco de los efectos que tienen las vivencias de las personas “sobre la forma en que piensan la seguridad y la protección”.
En cuanto al vínculo con la Policía, el 18,3% dijo tener mucha confianza en ella, el 45,3% algo de confianza, el 17,8% algo de desconfianza y el 15,6% mucha desconfianza. La confianza aumenta progresivamente con la edad, partiendo del 57,9% entre los 16 y los 29 años, hasta 70,6% entre los mayores de 65. El 11,7% de los encuestados dijo haber sido víctima de violencia policial (18,3% entre los hombres y 5,7% entre las mujeres). El 15,6% de las personas entre 16 y 29 años dijo ser víctima de violencia policial, mientras que entre los mayores de 65 años la cifra baja a 4,5%. Entre las violencias reportadas, se encuentran insultos o intimidación (58%), puños o patadas (40,1%), acoso (25,5%) y retención de documentos (16,2%).
“La Policía ocupa un lugar central en la regulación cotidiana del territorio, pero esa presencia produce experiencias muy diferentes según quién sea la persona, su edad, su sexo de nacimiento y su posición en el barrio. La legitimidad policial aparece de una forma un poco ambivalente, hay una demanda de seguridad y se valoran determinados efectos del policiamiento, pero esa misma presencia convive con experiencias persistentes de control selectivo, hostigamiento y violencia institucional”, señaló Scaraffuni.
“La experiencia territorial para los residentes tiene que ver con drogas, con violencia, con victimización, presencia policial. No son problemas fragmentados, forman parte de una realidad cotidiana [...] Hay una experiencia en torno a estas situaciones de violencia que marcan profundamente la cotidianeidad de estas personas, no están acostumbradas a vivir fuera de situaciones que no sean violentas. No es muy académico lo que estoy diciendo, pero es horrible”, expresó.
Los habitantes del municipio en el que se hizo el estudio tiene una tasa de homicidios del 41,7 cada 100.000 habitantes, lo que triplica la tasa de Montevideo. La pobreza alcanza el 29,4%, mientras que el promedio en Montevideo es de 18,7%.
El sociólogo Gabriel Tenenbaum destacó que el estudio, a partir de la información recogida entre las personas que viven ahí, hace hincapié en el problemas de las drogas, algo que no se puede demostrar con datos administrativos debido a que “el Ministerio del Interior no ofrece información de denuncias de delitos comprendidos en la ley de estupefacientes y menos aún se pueden geolocalizar”, pero sí se pudo demostrar “con autorreporte”.
Tenenbaum dijo que en territorios dominados por la dinámica de las drogas ilegalizadas la Policía goza “en lo global” de una muy buena percepción. “Si me preguntan rápidamente, la mayoría aceptaría con gusto las tanquetas del ejército y capaz que no le importaría que las maneje un militar. Me parece que es un dato que está bueno, hace ruido y tensiona con algunos discursos, de un lado y de otro”, comentó.
También señaló que el estudio no está relacionando pobreza con delito, sino que está estudiando un contexto de pobreza y delito. “Estas grandes preocupaciones que vive la población de la seccional 17 está relacionada con las drogas, y quien realmente mueve el mercado de las drogas no son los pobres, no están viviendo ahí la mayoría de ellos”, destacó.
Soledad Brandon, gerenta del área de Promoción Sociolaboral del Ministerio de Desarrollo Social, señaló la relevancia de este tipo de estudio para el diseño y la generación de políticas públicas, y a su vez planteó que esa misma población lleva otros problemas a diferentes dispositivos de la política pública, como la alimentación, las transferencias y el trabajo. “Tenemos que poder hacer narrar para que estas percepciones y estos hallazgos [...] vayan adoptando otros sentidos y puedan ser evidencia para ver dónde tenemos que modificar la política pública”, apuntó.
“Discutimos las tanquetas, sean estas o las que vendrán; no las discutimos para este barrio [en referencia al Centro de Montevideo], las discutimos siempre para los mismos y para las mismas”, comentó, y coincidió con Tenenbaum en que serían bien recibidas en el barrio. “Estoy segurísima de que la mayoría de los vecinos con los que trabajé añares van a recibir esas tanquetas con las dos manos. Ahora, ¿la discusión de fondo es esa o qué otros mecanismos de la política pública y la presencia del Estado tenemos que mejorar para tratar de que la droga pueda dejar de ser el foco y podamos incluir otros componentes del entramado social que son comunes para otros y otras?”. Además, dijo que durante “muchísimos años” se transitaron diagnósticos que no son basados en este tipo de encuestas.
Para cerrar, Fernando Olivera, integrante de la Plataforma Infancias y Adolescencias, reflexionó sobre la actuación del Estado en el territorio. “El alto grado de prisionalización y judicialización que tiene la pobreza y el tipo de política pública que ha desarrollado el Estado en este tipo de territorios tienen que ver con qué ciudadano ha construido. A veces se reclama la presencia del Estado, la pregunta es qué Estado está presente, si pensamos en un Estado en perspectiva de derechos o un Estado que reproduce policiamiento y prisionalización”.