El coronel Pedro Antonio Mato Narbondo se ganó el apodo de El Burro por parte de sus compañeros del Ejército uruguayo por la forma brutal en que conducía sus interrogatorios. Agente de la dictadura en la década de 1970, formado en la Escuela de las Américas en Panamá, que enseñó métodos de tortura a militares latinoamericanos, Narbondo acaba de ser condenado a cadena perpetua en Italia por participar en “una impresionante serie de crímenes excepcionalmente graves”, que implicó secuestros ilegales, tortura, asesinato y desaparición de opositores políticos al régimen en Uruguay. El Burro es uno de los 14 militares del Cono Sur que han sido condenados definitivamente por los crímenes del Plan Cóndor, una colaboración secreta de inteligencia militar entre dictaduras sudamericanas.
El proceso se lleva a cabo en Italia porque varias de las víctimas de los criminales de lesa humanidad tenían ciudadanía italiana. De los 11 uruguayos condenados por el Tribunal de Casación de Roma a principios de julio, sólo Narbondo no está en prisión. A punto de cumplir 80 años en setiembre, el coronel retirado lleva una vida tranquila en un barrio de clase media de Santana do Livramento, en el estado más austral de Brasil, Rio Grande do Sul, que limita con la ciudad uruguaya de Rivera. Fue en la puerta de su casa donde habló en exclusiva con Matinal; hasta el día de hoy, ningún periodista de Argentina o Uruguay había logrado entrevistarlo.
“Yo era militar, seguía órdenes y vivíamos en una era de guerrillas en los países. Los Tupamaros en Uruguay, VAR Palmares en Brasil, lo mismo en Argentina, Chile... así que todo lo que diga en mi defensa, como militar, no servirá de nada. Es en el ámbito político donde hay que resolver estos temas”, dijo. Preguntado directamente sobre si cometió los delitos por los que fue condenado, cambió de tema: “Fue un período, y eso fue todo en el pasado”. Se negó a ser fotografiado.
Narbondo vive a menos de dos kilómetros de la línea imaginaria que separa a Brasil de Uruguay, donde se lo considera prófugo de la Justicia luego de que un juez lo convocara a declarar en un caso en el que es investigado por la muerte bajo tortura de un trabajador en 1972. Él nunca se presentó y por eso existe una orden de arresto internacional emitida por Interpol a solicitud de su país de origen.
Las atribuciones de la Policía internacional contra el coronel son limitadas porque es considerado brasileño desde 2003, cuando acudió a una oficina de registro de Livramento para optar por la nacionalidad de su madre, nacida en el municipio de Rio Grande do Sul. Con esto, Narbondo está amparado por el artículo 5 de la Constitución de Brasil, que garantiza que “ningún brasileño será extraditado” para responder por delitos en otros países.
“Es un ciudadano libre en Brasil y tiene derechos y deberes como cualquier otro”, dijo su abogado, Julio Martin Favero, de Rio Grande do Sul, conocido por los militares por facilitar la regularización de los documentos de compraventa de inmuebles del lado brasileño. “Narbondo era militar en una época en la que prácticamente había una guerra civil. Nadie es un ángel, pero no puedes creer todo lo que se les atribuye. Estoy lidiando con las consecuencias y dentro de la ley. Y no me pregunten si me da vergüenza defender a un ciudadano, al que llaman genocida y no sé qué más”, expresó el abogado.
Italia condena los crímenes de la Operación Cóndor
Mato Narbondo fue condenado en Italia por participar en la muerte y desaparición de cuatro ciudadanos de ese país: Bernardo Arnone, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno Ibarburu y María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni. “Bernardo salió de la casa a las siete de la mañana y nunca volvió. Ahora, 45 años después, puedo decir que se ha hecho justicia”, dijo Cristina Mihura, viuda de Bernardo, al término de la audiencia final del proceso que condenó a los torturadores, en Roma, el 9 de julio.
“Es una sentencia histórica. Dimos a las víctimas memoria y justicia. Es un acto contra la barbarie”, declaró el abogado del Tribunal de Casación, Pietro Gaeta.
Arnone, Gatti, Ibarburu y Zaffaroni fueron detenidos en Buenos Aires y trasladados al temido centro clandestino de la capital llamado Automotores Orletti, según revelan los testimonios de sobrevivientes de tortura que se cruzaron con los desaparecidos en los pasillos del taller mecánico.
Apodado por los represores como “el jardín”, la prisión clandestina fue la base principal del Plan Cóndor en el país. Se estima que allí fueron detenidas más de 300 personas.
Por este mismo lugar pasaron los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas, quienes eran niños (de uno y cuatro años) cuando fueron secuestrados con sus padres en Argentina por el servicio de inteligencia uruguayo. Este fue uno de los casos investigados por la Justicia uruguaya en el que aparece el nombre de Narbondo relacionado con delitos cometidos en el ámbito del Plan Cóndor, pero terminó siendo absuelto por falta de pruebas. Los niños pasaron por varios centros clandestinos de detención y tortura hasta que fueron abandonados en Chile, donde una familia los adoptó. Años después, recuperaron sus identidades, pero sus padres siguen desaparecidos.
Corte de casación.
En la sentencia de primer grado de Italia, la jueza Evelina Canale recordó que “la existencia del Plan Cóndor ha sido probada por muchas fuentes documentales, incluida la CIA [la agencia de inteligencia estadounidense]”. “El Plan Cóndor es un convenio de colaboración para llevar a cabo un proyecto específico para eliminar a los opositores políticos”, confirmó la jueza Agatella Giuffrida.
Uruguay comienza ahora a investigar la participación del coronel en los asesinatos del senador Zelmar Michelini y del expresidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, también secuestrado en la capital argentina y trasladado al centro clandestino Automotores Orletti.
En la década de 1980, hubo un intento de dilucidar el caso, y una enfermera que supuestamente medicaba a Narbondo después de un ataque de depresión reveló que este había confesado el crimen en ese momento, e incluso le había mostrado una placa otorgada por las Fuerzas Armadas por la hazaña. En 2011, Uruguay condenó al exdictador Juan María Bordaberry y a su entonces canciller, Juan Carlos Blanco, a 30 años de prisión por su participación en este episodio y otros nueve delitos, entre ellos desapariciones forzadas y asesinato político.
Caso italiano comenzó inspirado por juez español
La historia del juicio del Plan Cóndor en Italia se remonta a 1998, cuando el juez español Baltasar Garzón emitió la orden de captura contra el dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de españoles durante la dictadura chilena. Esto alimentó la esperanza de los familiares de italianos que murieron o desaparecieron bajo estos regímenes.
El 9 de julio de 1999 el fiscal Giancarlo Capaldo abrió una investigación que duró unos 15 años. 146 personas fueron indagadas, pero sólo 37 fueron imputadas, incluidos cuatro brasileños, de los cuales el excoronel Átila Rohrsetzer es el único que sigue vivo y, por lo tanto, imputable.
El proceso principal comenzó en 2015. Dado que algunos de los acusados murieron durante el juicio, el número total de condenados se redujo a 17. Los 14 condenados por el Tribunal de Casación en julio se suman a los tres acusados que no apelaron después la sentencia de apelación, para quienes, por tanto, la condena pasó a ser definitiva en segundo grado.
La pena para todos es la cadena perpetua, con la prohibición de contacto con otros presos en los dos primeros años de cárcel, en los que los condenados deberán permanecer en aislamiento.
La siguiente es la lista de los condenados que ya no pueden apelar más:
Chile
Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniél Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Manuel Abraham Vásquez Chauan y Rafaél Francisco Ahumada Valderrama.
Uruguay
Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Juan Carlos Blanco, Ricardo José Medina Blanco, Gilberto Vázquez Bissio, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y José Ricardo Arab Fernández.
Buscado internacionalmente, ignorado por los vecinos
En Livramento, el coronel Narbondo lleva una vida tranquila, mantiene hábitos saludables, camina y se cuida en las comidas. Viaja para visitar a su hijo, ingeniero, que vive en Bento Gonçalves, ocasiones que aprovecha para disfrutar de los vinos y quesos que se producen en la ciudad de Serra Gaucha.
Recibe una buena jubilación. El valor ronda los 80.000 pesos uruguayos. Para garantizar la pensión, todos los años necesita probar que está vivo, pero no se arriesga a poner un pie en el otro lado de la calle que divide las ciudades y los dos países, porque podría ser arrestado. Martín Favero, su abogado, dice que un médico uruguayo firma un certificado para su cliente y la esposa del coronel lo presenta en Rivera. Pero el semanario uruguayo Brecha reveló que ya cruzó la frontera más de una vez para el trámite y que, en 2019, estuvo personalmente en el consulado de Uruguay en Livramento, que debió haber detenido al prófugo y no lo hizo. Consultada para este informe, la cónsul Elisa Peres se negó a comentar sobre el asunto.
El rostro del coronel es conocido en Uruguay, donde la prensa reprodujo fotos de él con familiares en playas del nordeste de Brasil, en 2014, publicadas en la página de Facebook de su esposa. Pero en la calle donde viven y en los alrededores, la mayoría de los vecinos dice no conocer al vecino torturador. “He vivido aquí por más de diez años y debí haberlo visto dos o tres veces frente a mi casa, realmente no lo recuerdo, pero nunca hablamos, parece ser muy reservado”, dice un residente que pidió no ser identificado.
La alcaldesa Ana Luiza Tarouco tampoco conocía la historia del coronel Narbondo, según su oficina de prensa. Ni siquiera el periodista y columnista político más experimentado de la ciudad para el diario A Plateia, el principal periódico de la ciudad, Edis Elgarte, sabía dónde residía actualmente el coronel. Tampoco conocía su reciente condena en Roma: “No habíamos sabido nada de él durante años”, admite.
Uruguay pide juicio en Brasil
Si depende de la Justicia uruguaya, puede que el coronel tenga que afrontar otro proceso, pero en Brasil. Esto se debe a que, ante la imposibilidad de extradición garantizada por la Constitución brasileña, la Fiscalía General de Uruguay decidió invocar un acuerdo entre los estados del Mercosur que obligaría a Brasil a asumir la sentencia contra el coronel en un tribunal nacional. En su artículo 11, la ley determina: “El Estado Parte que deniegue la extradición [por la fuerza constitucional] promoverá el juicio de la persona, manteniendo informado al otro Estado Parte de los avances del proceso, y también deberá enviar, después de la sentencia, una copia del veredicto”.
“Si Italia solicita la extradición de Narbondo, pasará lo mismo que con Uruguay: Brasil argumenta que no puede extraditar a sus ciudadanos. Por eso, hace uno o dos meses Uruguay solicitó formalmente a la Justicia brasileña que cumpliera con el acuerdo del Mercosur y procesara a Mato Narbondo por los delitos de los que es responsable aquí”, informó una fuente de la Justicia uruguaya que prefirió no ser identificada.
No hay un plazo establecido en la legislación para responder a la solicitud y, por ahora, Brasil guarda silencio. Es que pese la expectativa, el presidente del Movimiento por la Justicia y los Derechos Humanos, el brasileño Jair Krischke, señala que, a diferencia de lo que ocurre en Uruguay, la jurisprudencia brasileña no reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, lo que podría ayudar a Narbondo a librarse una vez más. Krischke fue una figura clave en el caso presentado por la Fiscalía italiana y en la lucha por la justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura en Italia.
De seguir adelante, el final de Narbondo podría ser similar al de Néstor Tróccoli, también condenado en el juicio por el Plan Cóndor en Roma. Había huido de Uruguay en 2007 y desde entonces, gracias a contar con ciudadanía italiana, había vivido libremente en Battipaglia, una pequeña ciudad del sur de Italia. Tróccoli fue arrestado en la mañana del 10 de julio, el día después de la sentencia del tribunal de casación, y trasladado a la penitenciaría de Salerno, donde cumple su condena.
Las víctimas de Narbondo
Bernardo Arnone, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno Ibarburu y María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni forman parte de un grupo de 27 uruguayos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo que fueron secuestrados en Buenos Aires entre finales de setiembre y principios de octubre de 1976. Los cuerpos de las cuatro víctimas permanecen desaparecidos.
Arnone era un obrero metalúrgico y, debido a la creciente represión política a raíz del golpe de 1973, él y su esposa, Cristina Mihura, decidieron refugiarse en Buenos Aires en junio de 1976.
Gatti era un reconocido sindicalista, incluso fue visto en la prisión clandestina por algunos sobrevivientes que confirmaron su presencia en ese centro de terror. Estaba casado y tenía tres hijos; uno de ellos, la joven Adriana, también fue detenida y permanece desaparecida.
María Emilia estaba embarazada de tres meses cuando fue arrestada con su esposo Jorge Zaffaroni y su hija Mariana, de 18 meses. La pareja sigue desaparecida. Mariana, que había sido entregada a una familia de militares, fue ubicada por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1983, pero la pareja huyó con la niña. Fueron encontrados en 1991 y, en julio del mismo año, se realizaron pruebas de ADN que confirmaron que era Mariana, y en 1993 fue restituida.
Ibarburu, estudiante de arquitectura, fue detenido la noche del 2 de octubre en un bar de Buenos Aires por 12 hombres fuertemente armados. Tenía 25 años.
Cleber Dioni Tentardini, desde Santana do Livramento, Janaina Cesar, desde Venecia, y Naira Hofmeister, desde Porto Alegre. Este informe fue editado por el equipo de Matinal Jornalismo (Brasil) y se publica simultáneamente en la diaria, El Diario AR (Argentina), y Altreconomia (Italia).