Una uruguaya residente en España fue enviada a prisión preventiva acusada de daños graves y lesiones, luego de que una explosión en el edificio donde vivía, en el municipio de Lardero, dejara seis personas heridas. La decisión fue tomada por la jueza de instrucción de 10° turno de Bilbao, Ana Aurora Torres, quien aceptó la medida cautelar propuesta por la Fiscalía por falta de arraigo.
La Unidad de Criminalística de la Guardia Civil sigue investigando el origen de la explosión, ocurrida el 20 de diciembre, que afectó a varias viviendas. La hipótesis principal de la investigación es que la explosión ocurrió a partir de una fuga de gas, que podría haber sido intencional.
La mujer, de unos 50 años, fue la principal víctima de la explosión y debió ser trasladada al hospital de Cruces de Baracaldo, donde se le hicieron varias intervenciones quirúrgicas.
En diálogo con la diaria, Dylan Pérez, uno de los hijos de la imputada, señaló que no tienen comunicación con ella desde el 3 de enero, desconocen su situación procesal y apenas tuvieron un contacto vía mail con el defensor de oficio, a quien le advirtieron que la expareja está dispuesta a declarar sobre el estado de las calderas del edificio, un punto que podría ser clave para explicar los hechos, pero no ha sido convocada ni por la Fiscalía ni por la Policía.
Según planteó Pérez, en la imputación pesó una situación anterior, ocurrida en agosto, en la que intervinieron las autoridades por un supuesto intento de autolesión. “Mi madre entró en aislamiento, supuestamente por protocolo. Ella tenía derecho a hacer una llamada; hoy llamé a la cárcel y di con la asistente social, nos dijeron que en algún momento va a llamar, pero no sabemos si son dos días o cuatro años”, comentó.
Pérez destacó la actuación del Consulado uruguayo en Galicia, desde donde se colaboró con la familia para acceder a información sobre la situación de su madre, que se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Álava.
Para la familia un aspecto clave en la definición de la prisión preventiva fue que el gobierno no logró brindar una solución habitacional para su madre luego de la explosión que afectó su vivienda, lo que generó que no pudiera fijar domicilio para garantizar su presentación ante la Justicia mientras avanza el proceso. Una de las opciones que maneja la defensa de la imputada es revertir esa situación para que pueda esperar el proceso en libertad vigilada.
“Una asistente social le dijo que no encontró un lugar para ella, por lo que, cuando la fue a buscar la Policía, mi madre era consciente que se iba a declarar sin un techo y la Justicia ya lo sabía”, expresó Pérez.