La jueza letrada de primer turno de Treinta y Tres, María Eugenia Mier, dispuso el procesamiento con prisión de los militares Juan Luis Álvez, Héctor Rombys y Mohacir Leite, en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos contra 39 adolescentes en el batallón de Infantería 10 de Treinta y Tres, en abril de 1975.
En la sentencia, a la que accedió la diaria, Mier imputó a los tres militares los delitos de abuso de autoridad contra detenidos, lesiones graves y privación de libertad en calidad de coautores, y fundamentó el procesamiento con prisión en la gravedad de los hechos y que se trata de delitos de lesa humanidad.
La jueza pidió que se realizaran pericias para evaluar si los procesados están en condiciones de salud para cumplir la prisión preventiva en un establecimiento carcelario, convocó a audiencia a cuatro testigos pedidos por los procesados y dispuso que se ubique a tres médicos que ejercían funciones en el batallón de Infantería 10 en 1975.
“Estoy feliz, fui a ver la película argentina [Argentina, 1985] esta tarde, y cuando salgo del cine tengo un mensaje del fiscal [especializado en Derechos Humanos, Ricardo] Perciballe. Hace 47 años de los hechos; teníamos tan poquitos años cuando nos pasó esto que hemos pasado casi toda nuestra vida con esto pendiente”, dijo a la diaria Liliana Pertuy, una de las víctimas y denunciantes en la causa. La exmilitante de la Unión de Juventudes Comunistas destacó que llevar adelante la causa implicó juntar pruebas y buscar en los archivos a medida que se abrían.
Pertuy, que tenía 15 años cuando fue detenida y torturada en el batallón, señaló que la inmensa mayoría de los adolescentes detenidos tenía entre 13 y 17 años y que en algunos casos fueron enviados al Consejo de Niño y estuvieron hasta siete meses, todo con la única intervención de la Justicia militar.
“Es inaudito, no le entra en la cabeza a nadie, y por eso la gente no nos creía. No nos creía nadie, ni tirios ni troyanos, además del miedo que tenían, pero pasó”, agregó la denunciante.
Entre el 12 y el 15 de abril de 1975, los militares detuvieron a 39 adolescentes pertenecientes a la Unión de Juventudes Comunistas, en su mayoría estudiantes del liceo 1 de Treinta y Tres. La Justicia militar les quitó la patria potestad a los padres, y a los adolescentes se les quitó la posibilidad de estudiar.