La población carcelaria de mujeres ha aumentado significativamente en los últimos años. Cuando cerró la gestión del Frente Amplio, había 620 mujeres presas. Hoy son 1026. Esto significa que durante esta gestión aumentó 65% la cantidad de mujeres que están presas. La mitad de las mujeres privadas de libertad están condenadas por delitos asociados a drogas.
Las mujeres son las que más caen presas por intentar ingresar drogas a las cárceles: 95% de las personas que son imputadas son mujeres. Las que están presas junto a sus hijos son las que tienen mayor vulnerabilidad sociopenal: tres de cada cuatro están por delitos de drogas.
Este tema estuvo sobre la mesa en el marco de la discusión sobre la derogación de la ley de urgente consideración (LUC), que fracasó. Fueron varios actores políticos los que se comprometieron, más allá de la consulta popular, a revisar este artículo que ha generado un boom de las mujeres en cárceles.
La LUC introdujo en su artículo 74 una modificación al artículo 36 del Decreto-Ley 14.924 (ley de estupefacientes), que es el marco normativo base de los delitos de drogas. La redacción inicial de este artículo fue en 1974, cuando se planteó una pena de cuatro a 15 años para una serie de circunstancias en las que se dé el tráfico de drogas, entre ellas, en las cárceles. Una nueva ley de estupefacientes (17.016), aprobada en 1998, suplantó a su antecesora. Quitó el establecimiento de mínimos y máximos en la aplicación de la pena. La LUC retomó la redacción de la ley de 1974, dejando de lado las modificaciones de 1998. En el artículo 74 se estableció nuevamente la pena mínima de cuatro años y la máxima de 15 para este delito, y se agrega un inciso que plantea un nuevo agravante: se aplicará esta pena “cuando se utilice un hogar como lugar de venta, depósito o distribución de las sustancias”.
En lo que respecta a los delitos asociados a estupefacientes, la LUC también planteó otras modificaciones: se restringe la libertad anticipada en estos delitos y se limita o excluye la posibilidad de redimir pena por trabajo o estudio. Ambas cuestiones aumentan el tiempo en prisión de las personas que cometen delitos de drogas, ya sea porque alarga las penas o porque determina el cumplimiento total de la condena. Además, al dar una nueva redacción a lo que era la libertad vigilada -ahora libertad a prueba-, se excluyen los delitos vinculados a estupefacientes, por lo que la cárcel es la única opción en estos casos.
Los cambios introducidos en la LUC tuvieron una repercusión directa sobre las mujeres. En particular, hay elementos que determinan la feminización del impacto: el ingreso de drogas a las cárceles, porque quienes visitan los establecimientos penitenciarios son mayoritariamente mujeres; y el agravante agregado sobre los casos en que se utilice un hogar como lugar de venta, depósito o distribución, porque las mujeres que acompasan tareas de cuidados con la incursión en esta economía ilegal suelen hacerlo desde el ámbito doméstico.
Esto ha generado una explosión en las cárceles de mujeres. Antes de la LUC, en 2020, hubo 518 mujeres imputadas por delitos vinculados al tráfico de drogas, 242 de ellas cumplieron su pena en una cárcel, con una condena promedio de cuatro años y cinco meses de prisión. Las 276 que no fueron a la cárcel tuvieron penas aplicadas en regímenes de libertad a prueba y libertad vigilada, que a partir de la LUC dejaron de ser aplicables para estos delitos.
Solo en 2021 la población carcelaria de mujeres aumentó 28%, cuando la de varones aumentó 9%.
Las trayectorias de las mujeres suelen traer consigo un factor de complejidad a considerar: tienen hijas e hijos a cargo. Según la ley, las niñas y niños pueden estar junto a sus madres en las cárceles hasta los cuatro años. Luego de esta edad, se puede solicitar año a año la extensión de la permanencia al juzgado de familia competente. Así que el sistema de justicia y el carcelario deben asumir la responsabilidad de administrar la pena de las mujeres y hacerse cargo del devenir de esas infancias cuando no hay familias continentes en el afuera, sea en la cárcel o en hogares de amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
Negación
Entrevistado por Doble Click, Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, fue consultado sobre la situación de las mujeres en las cárceles y el aumento de esta población carcelaria. A lo que respondió: “¿Cuáles son? ¿Cuántas mujeres?”. Según González, “por ingresar drogas este año van 21 mujeres” y fueron “51 el año pasado”. A la vez que cruzó a las periodistas con un cuestionamiento: “¿Ustedes tienen en cuenta cuánta droga se agarra sin ingresar en la cárcel?”. González señaló que “no es una pobre doña que lo llevaba, no es tan así”, y que “la droga en la cárcel es un drama”.
El jerarca del Ministerio del Interior señaló que, a pesar de la LUC, “no se condena a las mujeres que intentan ingresar droga a las cárceles”: “Primero que nada, es un acto preparatorio, por lo cual esa persona no va a estar condenada”, planteó González. Sin embargo, la norma plantea la contrario.
Respecto del impacto de las mujeres, que representan a 95% de las personas que caen por intentar ingresar droga a las cárceles, indicó que “no se corta por el hilo más fino” y que “también los llevan hombres”, a la vez de acotar que “también lo llevan mujeres en el pañal de un bebé” y que “llevan mujeres para mujeres en la cárcel de mujeres”. Para González, “el hecho hay que analizarlo en particular y no en general” porque “‘no son todas las mujeres” pero “hay mujeres que sí”.
Sobre las mujeres que están presas junto a sus hijos, dijo que “hay más mujeres delinquiendo en la cárcel, hay más mujeres vinculadas a las drogas, y hay más mujeres que ingresan a las cárceles”.
González reconoció que las cárceles no estaban preparadas para “la realidad del día de hoy”. Por eso, dijo que “estamos trabajando” y que han ampliado algunas de las unidades en las que hay mujeres.
En cuanto a la modificación del artículo de la LUC, indicó que “no hay un nuevo artículo en la LUC”, lo cual fue cuestionado por las periodistas dado el cambio normativo que introdujo la LUC, y aclaró que “si la persona no ingresa, hoy por hoy, no se le da la condena de cuatro años”, y agregó que “no comparto que se den cuatro años por ingresar 10 gramos de marihuana”. “Es un acto preparatorio”, repitió.
Sobre si es proclive a una modificación de la normativa, sostuvo que “si la persona no llega a ingresar la droga, es un acto preparatorio y no va a haber una condena”. Pero que, “está haciendo un negocio con eso, hay que ver”.
“Se lo mira con ojos más cariñosos por quién los lleva”, planteó en relación al ingreso de drogas a las cárceles de parte de mujeres.
Más allá del fin, le señalaron que no se considera eso para imputar a alguien, sino que se considera que la droga se intente ingresar a la cárcel. A lo que respondió que, una vez en la cárcel, “cuando entra la droga no se sabe después de quién es”. Cuando una persona es detenida por ingresar droga a la cárcel, el lugar en donde se la detiene es en la revisoría [donde se revisa a la visita antes de que ingrese].
“No tengo una postura sobre la generalidad”, reiteró. Sobre si apoyaría un cambio en la legislación, dijo que “al día de hoy ese delito no está siendo penado como se señala [la ley]”. Cuestionado al respecto, repitió que “no está siendo penado como se señala sino que se lo considera un acto preparatorio”.
González señaló que “hubo un cambio en la forma de actuar, de hecho, no sé si no fue un defensor de oficio que buscó este sistema y se aplicó”. Le plantearon que “los defensores de oficio no acusan que haya habido un cambio”, a lo que reiteró que “hubo una persona que planteó un acto preparatorio y el resto lo siguió trabajando de la misma forma”.
Sobre si comparte la idea de cambiar este artículo a nivel legislativo, señaló que “hay que ver caso por caso y que no se puede ver el caso aislado”. “Yo no tengo ningún problema que el Parlamento haga lo que tenga que hacer”, aclaró.
No se puede hablar de “la mujer, la droga, la mujer con hijos”, según González, que puso como ejemplo que no se puede hablar de la generalidad de las mujeres porque no es lo mismo “una mujer que entra con un hurto y otra por un homicidio con 20 años de condena”. Por eso, según el jerarca, habría que “ver caso a caso”.
Respecto de la presencia de bebés y en particular de lactantes en las cárceles, y el impedimento en algunos casos de que las mujeres se mantengan junto a sus hijos de esa edad en las cárceles por la capacidad carcelaria, respondió: “Como ustedes comprenderán, eso no lo define el INR [Instituto Nacional de Rehabilitación] ni el Ministerio del Interior. Si van para afuera, si quedan adentro, si van con sus padres, no lo define el INR”.
Defensoría pública al cruce de González por mentir
González también hizo declaraciones sobre este tema en El País: “Si se incauta la droga en la revisoría del penal, no hay un delito consumado y, por ende, no aplica la pena de cuatro años”. Indicó que el problema “no es la norma jurídica”, sino “una equivocada imputación que en algunos casos se han dado de considerarlo un acto consumado”.
María Noel Rodríguez Nader, defensora pública que ha acompañado varios casos de mujeres que terminan presas por intentar ingresar drogas a las cárceles, salió al cruce del planteo sobre la supuesta no penalización de estos delitos: “Esto es muy grave. Se habla desde un brutal desconocimiento normativo. Este tipo penal se castiga igual en grado de consumado que tentado. Me extraña la falta de información”.
Rodríguez Naser citó la norma, que establece que “el delito tentado se castigará con la misma pena que corresponda al delito consumado”, y que “el acto preparatorio será castigado con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado, pero el Juez podrá elevarla hasta la mitad”.
Luego de la entrevista en Doble Click, la defensora pública volvió a responderle a González: “Esto es absolutamente falso. Todas las semanas caen imputadas detenidas en puerta de establecimientos carcelarios”.
Rodríguez Nader volvió a citar la norma para negar la veracidad de los dichos del jerarca del Ministerio del Interior: “Cuando una persona es condenada por el delito del artículo 36 de la ley 14.294, en grado de acto preparatorio, será castigada con la tercera parte a la mitad de la pena que le correspondería al acto consumado”, es decir, al artículo 37.
También enumeró una serie de falacias planteadas por González”: “Afirmar que ‘no se está siendo penado de la manera que se señala, se lo toma como acto preparatorio’, es falso”; que “‘fue un defensor de oficio que buscó este sistema y se aplicó’, es falso”; que “‘una persona planteó un acto preparatorio y todos siguieron de la misma manera’, es falso”.
“Lo que es correcto es afirmar que los operadores ante la ola de mujeres que empezaron a caer detenidas por este delito buscamos la forma de minimizar el daño”, resaltó Rodríguez Nader.
Subrayó que “de esta forma entendimos que era un acto preparatorio” y que “muchos lugares del país así lo entienden y en vez de someterse a condenas de 4 años de mínima se someten a condenas de 16 meses de mínima pero se penaliza de todas formas”. Además, la defensora afirmó que “aún hay muchos lugares en el interior del país que aún no lo entienden así y siguen el proceso por 4 años”.
“Informar la realidad es parte de la responsabilidad que asumimos al formar parte de la función pública”, planteó Rodríguez Nader. “Las cosas como son”, concluyó.
Virginia de los Santos, también defensora pública que ha acompañado a mujeres que caen presas por intentar ingresar drogas a las cárceles, cruzó los dichos de González: “Si fuera cierto que todo lo que sucede previo al ingreso es acto preparatorio y no se pena porque no es delito, ¿Por qué quedan detenidas y son reportadas a Fiscalía? Algo no cierra ahí”.
Ante los hechos de desinformación, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) organizó una charla en un Espacio de Twitter a la que titularon “Mujeres, hijos, droga y prisión, sin alternativas”. Será este jueves a las 20:00 en la cuenta de Twitter @ADEPU_URU.
“Desde de ADEPU hemos advertido y trabajado sobre este tema que es de gran preocupación”, plantean, e invitan a la charla con tres defensoras públicas: Rodríguez Nader, de los Santos y Lucía Long.