Tras ser confirmada al frente de la investigación penal por el fiscal de Corte, Juan Gómez, la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, iniciará una nueva ronda de declaraciones en la Fiscalía, en la causa que investiga al ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano y su participación en una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos, entre otras actividades delictivas.
La semana que viene declararán en calidad de testigos el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, quienes serán indagados sobre el rol de Astesiano en la Torre Ejecutiva, las potestades de su cargo, el acceso a los diferentes sistemas de seguridad y el uso de la infraestructura estatal, dado que, a partir de la evidencia que pudo recoger la fiscalía, se constató que utilizaba los privilegios de su cargo para desarrollar las actividades por las que fue imputado.
También declararán varios jerarcas policiales, entre ellos, el subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira, y el titular de la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León, que declararán el miércoles en calidad de indagados, según informaron a la diaria fuentes vinculadas a la causa. En esa indagatoria se analizarán los resultados de la investigación administrativa que el Ministerio del Interior entregó a la fiscalía sobre los dos funcionarios.
Además, la fiscal Fossati citó a declarar en calidad de testigos al subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, según informó este jueves el semanario Búsqueda, y al director de Inteligencia, Claudio Correa, según informó Montevideo Portal. Fuentes allegadas al jerarca señalaron a la diaria que Correa aún no fue notificado de la convocatoria.
La continuidad de Fossati
El fiscal de Corte otorgó a la fiscal Fossati el beneficio de quitarle las investigaciones que ingresan por su turno hasta fines de diciembre, siempre que una integrante de su equipo trabaje con las fiscalías subrogantes que asumen las causas que le corresponderían. Sin embargo, a mediados de noviembre, Fossati decidió retomar con su equipo los casos que le lleguen por turno, por lo que ahora la investigación sobre Astesiano convive con las denuncias que van ingresando al sistema.
La decisión de volver a asumir el turno fue tomada por Fossati tras expresar su convencimiento de que no debería seguir en la causa Astesiano, al considerar que se trata de un caso que, por su naturaleza, debería ser tratado por una fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.
Sobre ese punto, Gómez dijo que los delitos que se tipificaron a los imputados en la causa son propios de una fiscalía de los asuntos que asumen las de flagrancia y destacó que la Fiscalía General de la Nación brindó a Fossati “todos los recursos que estaban a su disposición”.
En un mensaje enviado a través de la Dirección de Comunicación de la Fiscalía, Fossati transmitió que “todas aquellas personas que tengan algo para aportar en la investigación van a ser escuchadas” y aclaró que en los casos en que lo entienda pertinente, por la jerarquía de los cargos que ocupen las personas citadas, será ella quien se traslade a sus despachos.
El acuerdo con Astesiano
Uno de los puntos que deberá definir la fiscal Fossati es si continúa avanzando en la negociación con Astesiano en un acuerdo abreviado. En la última comparecencia de Astesiano ante la fiscalía, el 15 de noviembre, Fossati, Astesiano y su defensa, el abogado Marcos Prieto, analizaron las posibilidades de un acuerdo con base en los tres delitos por los que fue imputado el excustodio del presidente Lacalle: asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil.
Tras cuatro horas de audiencia, las partes no lograron cerrar un acuerdo, pero empezaron a calcular cuánta información tiene la contraparte y cuál podría ser su situación en un juicio oral.
La defensa del ex jefe de seguridad presidencial, que lleva adelante Marcos Prieto, aspira a un acuerdo de colaboración, bajo la figura regulada por el artículo 63 de la Ley de Lavado de Activos (19.574), que tiene beneficios de reducción de pena mayores a los de un acuerdo abreviado, e incluso abarca la posibilidad de “dejar sin efecto la requisitoria”, siempre que la información que entregue el colaborador sea verdaderamente relevante para resolver la causa. Uno de los puntos que estará arriba de la mesa en esa negociación es la capacidad del Estado para garantizar la seguridad personal de Astesiano, en caso de que se incline por esa opción.
Si bien la fiscalía tiene muchas líneas de investigación por explorar, a medida que la fiscal Fossati avanza en el estudio de la carpeta de investigación e incorpora nueva evidencia en la causa, las posibilidades de un acuerdo con Astesiano se reducen, por lo que Prieto intentará cerrar el acuerdo lo antes posible.
En tanto, los otros imputados en la causa tuvieron audiencias para revisar las medidas cautelares que se les dispusieron cuando fueron imputados. La defensa del ciudadano ruso Alexey Slivaev pidió arresto domiciliario y presentó un informe del Instituto Técnico Forense sobre sus afecciones cardíacas, mientras que el escribano Álvaro Fernández hizo lo mismo apelando a una afectación renal. Este miércoles, según informó El Observador, la esposa del escribano Fernández, Patricia Medina, pidió el cese de la prisión preventiva, pero el juez penal de 38° turno, Alejandro Asteggiante, lo rechazó por considerar que aún se mantienen las condiciones que justificaron esa medida cautelar para preservar la investigación.