Seis años después de que se presentara por primera vez en la legislatura pasada, y a un año y medio de que fuera desarchivado al comienzo del actual período, el Parlamento finalmente empezó el tratamiento del proyecto de ley que propone declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. La iniciativa, presentada por la bancada del Frente Amplio (FA) en el Senado, comenzó a tratarse formalmente en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la cámara alta el 20 de octubre, donde entre otras cosas se definió la convocatoria a distintas instituciones, entidades y organizaciones para que, desde sus distintos roles y posiciones, enriquezcan el debate parlamentario.
La ronda de exposiciones se inauguró el martes con la comparecencia de tres representantes de Proyecto Ikové, colectivo integrado por sobrevivientes de violencia sexual que, desde su formación en marzo de 2024, ha impulsado distintas actividades para visibilizar la importancia de que los delitos sexuales contra infancias y adolescencias no prescriban.
Al principio de la sesión, la presidenta de la comisión, la senadora del FA Constanza Moreira, señaló que también estaban citadas las cátedras de Derecho Penal de la Universidad de la República, la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo, así como la Cátedra del Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho, pero ninguna pudo asistir. “Estaban citadas todas, porque es una modificación muy importante del Código Penal y siempre, por principio, citamos a las cátedras”, recalcó la legisladora, según se desprende de la versión taquigráfica. La idea es recibirlas en las próximas sesiones.
Lo que propone el proyecto de ley a estudio es modificar el artículo 119 del Código Penal, que es el que establece el punto de partida para la computación de los delitos, con el objetivo de que los delitos como la violación, el abuso sexual o el atentado violento al pudor contra niñas, niños y adolescentes no prescriban. Actualmente, la prescripción de estos delitos se suspende hasta los 18 años; a partir de ese momento, el plazo corre diez o 15 años según la pena máxima del delito –diez años si el máximo está entre dos y diez años de penitenciaría, y 15 años si está entre diez y 20 años–.
Las activistas de Proyecto Ikové aseguran que, en el escenario normativo vigente, “las personas adultas sobrevivientes de violencias sexuales sufridas en la infancia enfrentan una barrera estructural para el acceso a la Justicia”, que “no responde a la falta de pruebas o de responsabilidad, sino al vencimiento de los plazos de prescripción penal establecidos por el Código Penal”, de acuerdo con el documento en el que basaron su presentación, con aportes de “evidencia jurídica, clínica y testimonial”, que entregaron a cada integrante de la comisión y al que accedió la diaria.
“Lo que hace este proyecto de ley es ampliar la posibilidad de hacer la denuncia y de garantizar el acceso a la Justicia para víctimas y sobrevivientes en función de la realidad y la especificidad del delito de la violencia sexual, que no es igual a otros delitos”, ahondó en diálogo con la diaria Victoria Marichal, psicóloga especializada en violencia sexual y una de las integrantes de Ikové que participó en la comparecencia, junto con Carolina Ferrari y Evangelina Sánchez.
“Lo que queremos es que no haya un reloj corriendo a ninguna víctima sobreviviente en plan ‘mañana se te acaba el tiempo, entonces tenés que denunciar hoy sí o sí’, y entendemos que la solución a eso es la imprescriptibilidad”, apuntó. Por eso, recordó que en el corazón de la reivindicación del colectivo está el “derecho al tiempo”, en tanto las sobrevivientes de estas violencias no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden. El otro reclamo medular es por una “justicia sensible al trauma”, que adapte sus tiempos a los de las víctimas, y no al revés.
“Solo estamos pidiendo que se pueda investigar y que se pueda llevar adelante una denuncia sin importar el tiempo que haya pasado [desde que se cometió el delito], porque entendemos, primero, que esa es una medida justa, pero aparte porque es una medida de reparación”, puntualizó.
Marichal resaltó “la importancia de que en el Parlamento se hagan un espacio para escuchar a las víctimas y a las sobrevivientes”, y valoró que hayan sido las primeras en comparecer ante la comisión para brindar sus aportes sobre el tema, un gesto que va en línea con la consigna del colectivo, que es: “Nada de nosotras sin nosotras”.
A la vez, reivindicó su posición “no solo como sobrevivientes, sino como expertas en la temática”: “Tal vez para algunas personas sea más fácil ubicarnos en el lugar de víctimas [...] Nosotras intentamos corrernos de ese lado, no porque neguemos nuestra historia, sino porque entendemos que no hablamos solo desde ahí, sino también desde una posición de haber estudiado, revisado y generado el suficiente acumulado teórico, técnico y de evidencia científica para defender nuestra postura”.
Bianchi: “Hacer desaparecer el instituto de la prescripción es peligroso”
La primera legisladora en tomar la palabra después de la exposición del colectivo fue la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi, que, después de agradecer por la información, manifestó sus reparos sobre la propuesta. “Desde el punto de vista humano, nadie discute absolutamente nada; al contrario, sabemos las dificultades que significa llegar a la prueba. Pero personalmente –no es una posición del PN ni de la coalición, es una posición personal– creo que hay que pensarlo muy bien. Si nos llevamos por los sentimientos, sin ninguna duda hacemos lo que ustedes nos piden, pero el Estado de derecho tiene determinados lineamientos, sobre todo el derecho penal, y el problema es la prueba”, argumentó.
La senadora nacionalista consideró que “la prescripción es un instituto muy importante en el derecho occidental, que rige no solamente para el derecho penal, sino también para el derecho civil”, y que tiene “un respaldo técnico muy grande”. Planteó, como alternativa a la imprescriptibilidad, “buscar otros mecanismos”, por ejemplo, “modificar los plazos”. “Pero hacer desaparecer el instituto de la prescripción es peligroso. No sé si lo es para las víctimas –es muy discutible–, pero cuando se legisla, se legisla en términos generales, y es muy peligroso para el Estado de derecho”, agregó.
En ese sentido, dijo que el derecho penal “debería establecer hasta cuándo”, que “también es derecho de los que no cometieron ningún delito, porque puede aparecer alguna denuncia contra personas que dicen la verdad”, y aseguró que ella es “de las que piensan que existen las denuncias falsas”, pese a que reconoció que es “imposible saber cuántas son” porque “no hay un estudio detallado ni científico de todo esto”.
Bianchi aseguró que iba a transmitir la información a la bancada del PN y también discutir sobre el tema “en el ámbito de la coalición”. “Estoy dispuesta –hablo a título personal– a ver cómo podemos solucionar este tema, pero me preocupa –lo planteo así– la imprescriptibilidad para toda la vida, por víctimas y por inocentes”, concluyó.
En respuesta a estos planteos, Marichal reiteró a la diaria que “declarar la imprescriptibilidad no borra el principio de inocencia, no borra la investigación fiscal, no borra la investigación judicial: lo que estamos pidiendo es poder denunciar”.
De hecho, en el documento entregado a la comisión, el colectivo especifica lo que cambia y lo que no cambia el proyecto de ley. Entre los cambios, menciona que “elimina la lógica de la suspensión, termina la discusión sobre cuándo empieza a correr el plazo y reconoce expresamente que el tiempo no puede cerrar el acceso a la Justicia en estos delitos”. Entre lo que no se modifica, incluye “las penas, las reglas de prueba, la presunción de inocencia y la carga probatoria de la Fiscalía”.
Durante la comparecencia, Marichal respondió que “argumentar que la imprescriptibilidad o aumentar el plazo de la prescripción no es posible por la valoración de la prueba sería como decirnos que no vayamos a denunciar porque, en realidad, la valoración de la prueba siempre es un problema en violencia sexual, porque ocurre dentro del hogar, porque ocurre dentro de la casa, porque en el 70% de los casos no hay signos físicos”.
En su turno, Moreira les preguntó a las representantes de Ikové si podría tener un impacto que “hubiera una extensión del plazo y no imprescriptibilidad”. En diálogo con la diaria, Marichal dijo que el colectivo considera que esto “obviamente sería una mejora”, pero que “la búsqueda sigue siendo la imprescriptibilidad”.
“Entendemos que puede haber argumentos como los que trajo la senadora Bianchi, y entendemos que tenemos las respuestas y la evidencia para refutar cada uno de esos argumentos”, señaló Marichal, “pero también entendemos que hay una cuestión que tiene que ver con la voluntad”.