Esta semana Montevideo fue sede de la quinta reunión plenaria de la Plataforma Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (PRETT), un espacio de articulación y coordinación entre diez países América Latina y el Caribe para el intercambio de buenas prácticas, capacitaciones e iniciativas de cooperación con el fin de mejorar la prevención, detección, persecución, judicialización, asistencia y protección a víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Durante dos jornadas, representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como integrantes de organismos del sistema de las Naciones Unidas, se reunieron para compartir experiencias, evaluar situaciones y elaborar estrategias contra estas problemáticas.
Una de las actividades tuvo como foco analizar los vínculos entre la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes y la trata con fines de explotación sexual, dos fenómenos “que se trabajan y que se ven por separado, pero que hay algunos indicios e hipótesis de que podrían estar correlacionados”, señaló en la apertura Delfina García Hamilton, coordinadora del programa de Mujeres, Paz y Seguridad de la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe.
Ella fue la encargada de presentar los primeros hallazgos de la investigación Análisis para evidenciar vínculos entre desaparición de mujeres y trata de personas en América Latina y el Caribe, realizado por ONU Mujeres a pedido de la PRETT. El estudio tenía como misión “cruzar las bases de datos de trata y las bases de datos de desapariciones” de los diez países que integran la plataforma para “poder tener un análisis comparado”.
Uno de los primeros hallazgos es que “la desaparición de mujeres adolescentes cometidas por particulares o por organizaciones criminales puede operar como una acción o medio para los fines de la trata de personas o como una consecuencia”, explicó García Hamilton. En ese sentido, dijo que la información disponible no les permitió confirmar si la desaparición es una causa o es una consecuencia de la trata, pero “sí permitió ver una correlación y que los dos fenómenos se dan de manera simultánea”.
La desaparición y la trata “pueden estar intrínsecamente relacionados siendo causa o siendo consecuencia el uno del otro”, apuntó la coordinadora. Señaló que “a veces se encuentra la desaparición como un medio para la trata de personas” y puso como ejemplo las “desapariciones intermitentes” en las que las víctimas desaparecen, son explotadas sexualmente y luego puestas en libertad. En cambio, la desaparición es una consecuencia de la trata de personas en casos en los que, por ejemplo, “inician el trayecto bajo el engaño de un trabajo o de un noviazgo, pero una vez en destino son incomunicadas y encerradas por sus captores”.
Otra de las conclusiones es que “las zonas con mayores tasas de trata y desapariciones suelen también tener tasas altas de pobreza o zonas afectadas por crisis humanitarias”. A su vez, son fenómenos que se dan “en el contexto donde el crimen organizado se encuentra más arraigado”, en donde la desaparición es ejercida como un “arma para aterrorizar y ejercer control sobre la población y las actividades económicas, sobre todo las ilícitas”. La investigación también arrojó que “las mujeres en situación de movilidad humana enfrentan mayores riesgos por el control de las rutas migratorias irregulares por grupos criminales”, y que se puede identificar “un riesgo agravado en mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan barreras adicionales de discriminación”, mientras que “las mujeres trans sufren persecución y violencia por parte de pandillas, agentes estatales, así como por parte del crimen organizado”.
Entre las recomendaciones a los estados, García Hamilton mencionó “fortalecer la prevención y la detección de la trata y de las desapariciones”; “armonizar y robustecer los marcos jurídicos para que aborden la intersección entre ambos delitos”; “impulsar orientaciones regionales para la actuación ante la desaparición con posibles indicadores de trata”; “fortalecer los sistemas de registro de producción estadística”; “mejorar la generación de análisis de evidencia sobre la intersección entre estos dos delitos”; e “involucrar a organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de las respuestas”.
Foto: Alessandro Maradei
El panorama en Uruguay
La secretaria técnica del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas de Uruguay, Leticia Lázaro, reconoció que “a nivel país tenemos un déficit en el trabajo tanto en desapariciones como en su posible vinculación” con situaciones de trata, y adelantó que, a través de un acuerdo de trabajo, el Observatorio de Violencia Basada en Género, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, empezarán a abordar “el tema de desapariciones y, por lo menos, una primera caracterización de las situaciones de las personas ausentes”.
Después fue el turno de María Delia Cúneo, integrante del colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? (DENG), que desde hace una década acompaña a familias de mujeres desaparecidas en Uruguay. La activista habló de las dificultades que tiene nuestro país en el abordaje del tema y como ejemplo de los problemas recordó la denuncia colectiva que DENG presentó en 2021 con las madres de siete mujeres desaparecidas entre 2019 y 2020, que “no ha avanzado” desde entonces.
Cúneo dijo que uno de los principales problemas en nuestro país es el acceso a la Justicia y aludió específicamente a la necesidad de que, ante una desaparición, las autoridades “presupongan un delito de desaparición y no una ausencia voluntaria y, por lo tanto, se disparen mecanismos rápidos de búsqueda”. “No es que están ausentes, están desaparecidas, porque si una mujer que normalmente tiene un circuito de vida o tiene una relación, aunque sea intermitente, con su familia, la corta, corta las redes, se presume un delito y por lo menos habría que investigarlo. Si no hay delito y se la encuentra, todo bien. Nos alegramos todas. Pero eso no se investiga”, cuestionó.
Por otro lado, la activista dijo que el colectivo identificó un “mecanismo diferente” de trata “doméstica y territorial” que tiene que ver con los lugares de consumo. “De los casos que nos llegan, vemos que a veces son desapariciones intermitentes, a veces esas chiquilinas vuelven a conectarse con su familia, vuelven a desaparecer por otro tiempo, pero están vinculadas a un sistema de consumo donde hay dos variantes: son captadas para consumir o son captadas para la prostitución y terminan consumiendo. Entonces, ese doble juego de prostitución-consumo las retiene en determinados lugares, por lo tanto hay cooptación y retención”, explicó.
Foto: Alessandro Maradei
Agregó que también hay traslado, porque “de pronto están en un barrio, fueron captadas, están retenidas porque es el lugar donde ellas consumen y el lugar donde las explotan sexualmente para que vuelvan a consumir”. “No son redes internacionales, son redes locales que están muy vinculadas a redes de narcotráfico” que apuntan a “mujeres jóvenes que fueron desaparecidas antes de desaparecer, porque antes de estar en esta situación de explotación sexual, vinculada al consumo, ya nadie las veía. Ya no estaban en los liceos, ya no estaban en el sistema de salud, ya se habían ido de muchos lugares, quizás el único que habían conservado hasta el último momento era la relación con la madre, que son las que las buscan”, afirmó la integrante de DENG.
Por último, a raíz de casos recientes, mencionó la situación de las niñas y adolescentes que están al amparo del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) y son víctimas de explotación sexual, y dijo que es algo que sucede “por lo menos hace 30 años” pero “ahora se ha recrudecido de tal manera que ya el Estado no puede mirar para el costado”.
Cúneo afirmó que desde el colectivo siguen exigiendo “medidas concretas y rápidas de búsqueda” de las personas desaparecidas, “actualizar la legislación que tenemos” y que se destine más presupuesto “para ampliar la persecución de estos delitos”. Al mismo tiempo, sugirió “no hablar más de ausencias, sino de desapariciones”, y pidió que se tengan en cuenta como factores de riesgo el género, los antecedentes de desapariciones anteriores y la situación de consumo.