El jueves 16 de diciembre del año pasado, cerca del mediodía, un procedimiento policial en el barrio La Boyada de Montevideo terminó con tres personas lesionadas con perdigones: Nurys y sus dos hijos adolescentes, quienes presentaron una denuncia contra dos efectivos policiales en la Seccional 24 y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Ante la falta de avances en el caso, el abogado patrocinante de las víctimas, Darío Madeiro, presentó el viernes pasado una ampliación de la denuncia en Fiscalía. En paralelo, este jueves 17 vence el plazo que tiene el Ministerio del Interior (MI) para responder el pedido de información que hizo la INDDHH.
Este episodio generó denuncias cruzadas: a la de Nurys y sus hijos contra los efectivos policiales se sumó una de los funcionarios contra la familia, por desacato. Según la versión de la Policía, el enfrentamiento se produjo en el marco de la detención de uno de los individuos, y, ante la intervención de los familiares, los funcionarios se vieron obligados a utilizar munición no letal –cartuchos bean bag– para poder continuar con el arresto.
Madeiro explicó que se decidió ampliar la denuncia, entre otras cosas, porque la lesión por perdigones que recibió en la pierna Nurys, a dos meses del hecho, continúa en curación, lo cual podría entrar en la figura penal de lesiones graves. Según señaló el abogado, en la primera instancia el médico forense determinó un período de curación de 20 días, y el Código Penal califica las lesiones graves como aquellas que derivan en “una incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias por un término superior a veinte días”.
Asimismo, en la ampliación de la denuncia se agregó la declaración del joven al que se llevaron detenido por filmar el procedimiento, quien aseguró que “lo quisieron asfixiar con una bolsa de nailon en la parte trasera del vehículo”. También se incluyeron las amenazas que el detenido dijo haber recibido en el traslado, y la referencia a un tercero o tercera de nombre “Lula”: “Ellos comentaron delante del muchacho ‘estos negros nos van a denunciar, llamemos a Lula que nos arregla todo’”, afirmó Madeiro.
Pero uno de los principales motivos para ampliar la denuncia en la Fiscalía es la desconfianza en la sede policial, admitió el abogado: “Sinceramente, el hecho de hacer la denuncia en sede policial no nos da ninguna garantía”, sostuvo, y lo fundamentó en que luego de presentar la denuncia en la Seccional 24 la familia quiso retirar una copia y no les fue entregada; en cambio, les dieron una copia de la denuncia que los policías hicieron contra ellos por desacato. “De víctimas pasaron a ser denunciados, fue de locos”, reflexionó Madeiro.
Por otra parte, la ampliación tiene como fin “darle impulso” al caso en la Fiscalía, dado que por el momento no hay ni siquiera fecha para la audiencia. “Queremos que la Fiscalía tome conocimiento, que asuma el mismo turno que tiene la denuncia de ellos en la sede policial y que convoque a audiencia de una vez por todas para controvertir los hechos: interrogar a ambas partes, acompañadas de sus abogados, y que los agentes policiales respondan por qué hacen ese tipo de procedimientos”, apuntó Madeiro.