Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, cuestionó el accionar de la Justicia en el allanamiento a la radio Azul FM, que emite el programa de Ignacio Álvarez, en el marco de una investigación de un delito de divulgación de material íntimo con contenido sexual sin consentimiento de una mujer que fue violada en grupo.
González, que usualmente comunica en sus redes sociales los allanamientos que realiza la Policía y suele ser el vocero oficial de la cartera en estos procedimientos, indicó en entrevista con Subrayado que la cuestión “de los allanamientos es un tema preocupante”.
Planteó que “hay dos hechos a separar”. Por un lado, la violación grupal, episodio en el que dice tener “un pensamiento estrictamente contrario a lo sucedido, filosófico, moral, desde cualquier punto de vista” y que “como padre o como ciudadano, debemos ser muy claros y frontales de que a las conductas de ese tipo les tienen que caer todo el peso de la ley”.
Pero, señaló que el allanamiento “es una preocupación”. “A mí me preocupa, no es algo que me alegre o me ponga contento o que me parezca positivo. Esperaremos al lunes que va a hablar el fiscal Juan Gómez, démosle tiempo”, dijo en referencia a la reunión que mantendrán el fiscal de Corte con la Asociación de la Prensa Uruguaya.
En el programa Polémica en el bar volvió a referirse al caso. Planteó nuevamente que “es un hecho preocupante”: “A mi me preocupa realmente, Ignacio Álvarez va a hacer su defensa como corresponde". “No es algo que me guste como hombre del sistema político", sentenció el jerarca del Ministerio del Interior.
En el mismo programa planteó que “no podemos dudar de la justicia” y que “los temas de la justicia los tiene que dirimir la justicia”. Fue cuestionado porque, a la vez que sugiere esto, cuestiona el accionar de la justicia. A lo que respondió: “Lo tomo como algo preocupante, a mí la verdad que no me gustó. Pero los tiempos de las investigaciones llevan tiempo”. También indicó que son muchas las veces que discrepa con las decisiones que se toman respecto de órdenes de detención o de allanamiento que no se dan.