La Fiscalía General de la Nación respondió a un pedido de acceso a la información realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) para conocer la actuación del Ministerio Público en 97 casos de presunto abuso policial, que fueron denunciados por la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu).
En la respuesta, la Fiscalía dio cuenta del estado de las causas originales en las que se enmarcaron esas situaciones de presunto abuso policial, planteadas por los defensores de oficio, y si tenían información sobre una denuncia de abuso policial.
La Inddhh proporcionó los números identificatorios de las causas en las que se habría dado el abuso policial y la falta de garantías contra los detenidos. Como las denuncias podrían haber generado una denuncia distinta al hecho que se investigaba, la Fiscalía no fue concluyente, en la mayoría de los casos, en responder si había una denuncia de abuso policial asociada a la causa mencionada en el pedido de informes.
De los 97 casos planteados por la Inddhh, sólo en cuatro la Fiscalía pudo confirmar que existe una investigación de abuso policial en trámite. Dos en casos asociados a un hurto, uno a lesiones personales y otro a delitos de estupefacientes. Además, entre las causas presentadas por la Inddhh hay seis abiertas por abuso de funciones y cuatro por abuso de autoridad contra los detenidos. De estas últimas, tres fueron archivadas y una permanece en investigación.
En la mayoría de los casos, la Fiscalía no pudo responder si había denuncias de abusos policiales, en 12 de los casos planteados dijo que “es posible que la investigación por abuso policial se encuentre en otra denuncia”, mientras que en 42 casos señaló que “no se identificó otra denuncia” asociada a la causa. En tanto, en 13 casos aseguró que no hubo ninguna denuncia sobre abuso policial y en ocho que se investigó y se determinó que no existió abuso. En seis casos se respondió que la causa original fue archivada, mientras que en el resto no se encontró la causa identificada por la Inddhh o se está investigando.
Al presentar los números, la Fiscalía advirtió que es posible que existan errores porque los datos se relevaron en forma manual en función de lo aportado por la Inddhh. Además, aclararon que todos los casos archivados son susceptibles de ser reabiertos en la medida en que llegue nueva información.
Por otra parte, señalaron que en los casos en que se determinó el archivo o una condena “no significa que no se continúen gestionando otras líneas de investigación” y que en los que aún están en trámite “no implica necesariamente que no se estén investigando las circunstancias relativas a la detención”.
Consultado sobre la respuesta de la Fiscalía, el presidente de la Inddhh, Wilder Tayler, comentó a la diaria que aún se encuentran analizando la información, por lo que no realizarán declaraciones por el momento.
Cuando los defensores de oficio plantearon el tema ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en julio, denunciaron un incremento en situaciones de abuso policial encontradas en su trabajo cotidiano a partir de la vigencia de la ley de urgente consideración y señalaron allanamientos sin orden judicial disfrazados de inspecciones oculares voluntarias, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos y allanamientos con “violencia inusitada” en hogares.
La SCJ no consideró el tema en términos generales y les pidió a los defensores, que pertenecen al Poder Judicial, que presenten los casos concretos. La Adepu realizó un relevamiento con defensores de oficio de todo el país e identificó 87 casos en los que se dieron las situaciones denunciadas. Lo comunicó a los jueces en la audiencia de control de detención y entregó el informe a la SCJ y a la Inddhh. A fines de noviembre, la Adepu presentó los casos ante la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Cámara de Senadores y volvió a plantear la necesidad del uso de cámaras en todos los procedimientos policiales.
En la versión original de esta nota informamos erróneamente que la respuesta al pedido de informes fue publicada por la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero fue publicada por la Fiscalía General de la Nación. A los lectores y a los involucrados, pedimos disculpas.