La presidenta del Colegio de Abogados del Uruguay, María Laura Capalbo, recibió a la diaria en la sede del gremio para conversar sobre la situación del sistema de justicia, la necesidad de una carrera judicial que mejore el sistema de designación de los jueces, el relacionamiento con la Suprema Corte de Justicia y el relacionamiento con otros poderes del Estado. Capalbo también habló sobre el vínculo entre los medios de comunicación, la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.
Capalbo fue electa presidenta en setiembre, tras cuatro años en el directorio del Colegio. Es profesora grado 3 de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
¿Cuándo se recibió y a qué materias del derecho se dedicó?
Me recibí en 1998. Me gustaron todas las materias pero los temas internacionales son los que más me llamaron la atención; hice una licenciatura en Relaciones Internacionales, también, entonces todo lo que tenía que ver con el derecho internacional público y el derecho internacional privado me interesaba. Cuando me recibí, un profesor me invitó a unirme a la facultad y hacer carrera docente. Tengo mi corazón en la Universidad, allí conocí a mi marido y vivo de lo que estudié, me dio todo.
¿Qué la impulsó a estudiar Derecho?
Cuando uno decide estudiar abogacía está muy vinculado a lo que tiene que ver con el derecho penal y la justicia. Siempre se valoran los momentos vividos bajo el tamiz de lo que implica la justicia para uno y para otros, a mí me pasaba eso, yo reaccionaba enérgicamente ante situaciones que consideraba que no eran justas.
¿Por qué cree que en la discusión pública casi todo está relacionado con el derecho penal?
Salen a relucir los temas penales porque en la esencia de las personas son los que más llaman la atención, pero los que saltan a la luz son unos pocos. Hay muchos abogados penalistas que no salen en los medios y ejercen derecho penal, con la problemática de que los casos sonados se resuelven rápido y los casos no sonados, no. El Colegio tiene una tarea muy interesante para hacer; no como censor de opinión, pero debe tener una actitud activa en los medios de comunicación, porque muchas veces se tratan temas sin el nivel de conocimiento y el lenguaje con que se debe tratar. En nuestro Estado de derecho no existen derechos absolutos: el derecho a la prensa no es absoluto, el derecho a la intimidad no es absoluto; hay colisión de derechos, que tiene que ser abordada en el caso concreto. Para nosotros, como gremio, es importante la prudencia cuando uno sale en la prensa, porque cada palabra puede ser entendida de manera distinta, causando problemas directos a víctimas o a indagados que se juegan la vida porque tienen un problema real. Hemos notado últimamente en el derecho penal que muchas veces los abogados son identificados con las conductas de sus clientes, y eso no es así: toda persona tiene derecho a ser defendida, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Son reglas que nos olvidamos y es importante que se vuelvan a poner sobre la mesa. Estamos en una ardua batalla con los medios de comunicación.
¿Por qué cree que se ha devaluado la presunción de inocencia?
Creo que la inmediatez, que todo tiene que ser ya, hace muchas veces que los tiempos judiciales no estén acordes con los que la sociedad exige para resolver un diferendo.
“Hacemos justicia por mano propia, ‘este es culpable, este es inocente’, y vamos para un lado o para el otro según lo que salga en un medio”.
Hay una necesidad de opinar, y las redes sociales hacen que cada uno tenga un micrófono y pueda opinar. La presunción de inocencia implica que toda persona tiene derecho a un debido proceso. Si el proceso demora, mientras dure el proceso, la persona no es culpable. Que vaya a una prisión preventiva porque se entienda que se puede vulnerar la prueba, o puede fugarse, no la vuelve culpable. Una persona es culpable cuando es sometida a un proceso que tiene una debida tramitación conforme a lo que establece la ley. Estos tiempos demoran, y entonces, con los juicios hacia esas personas, hacemos justicia por mano propia, ‘este es culpable, este es inocente’, y vamos para un lado o para el otro según lo que salga en un medio, lo que opine un periodista, después sobre lo que opine una persona de derecho, y así el común de la gente se va formando una opinión. Es importante que todos estos principios queden claros, porque a todos nos puede tocar estar del otro lado, y cuando nos toque estar del otro lado, por cualquier problema de la vida, vamos a querer todas las garantías. El Colegio de Abogados tiene que trabajar para reflotar todo esto, que está desde el día uno del nacimiento de nuestro Estado. También tenemos que trabajar para que exista un acceso a la Justicia efectivo; no es lo mismo que yo obtenga una sentencia en dos años a que la obtenga en dos meses.
Para algunos abogados y operadores judiciales, el litigio se juega en todas las canchas, y para otros no, sólo en el expediente. ¿El Colegio tiene una postura sobre esto?
El Colegio de Abogados como gremio no fija la forma de trabajo de los abogados, lo que tiene que defender es el ejercicio de la profesión. Es muy difícil generalizar, capaz que hay casos que necesariamente tienen que tomar estado público, y casos que toman estado público y no tienen que tomarlo.
El nuevo código de proceso ha generado la idea de dos bandos confrontados, al menos desde el punto de vista mediático; entre la Fiscalía y los abogados de las víctimas, por un lado, y la defensa de los indagados, por otro.
El Colegio tiene buena comunicación con la Fiscalía de Corte y con la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. No los vemos como bandos, que cada uno defienda lo suyo es la base de nuestro Estado de derecho, porque uno tiene que decir A y otro tiene que decir B, y hay otro que tiene que decidir. Que exista un enfrentamiento no es malo, porque cada uno tiene que cumplir su rol dentro de la función social de la Justicia. Estamos ante una situación nueva y genera ruido: el rol de los fiscales lo estamos terminando de comprender, los abogados tienen que ajustarse a esos cambios. No vemos que necesariamente haya un problema, lo que sí tiene que pasar es que los juicios caminen con celeridad, por el bien de la víctima y por el bien de los indagados.
En nuestro Estado de derecho no existen derechos absolutos: el derecho a la prensa no es absoluto, el derecho a la intimidad no es absoluto; hay colisión de derechos, que tiene que ser abordada en el caso concreto.
Tabaré Sosa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, tuvo problemas de comunicación con el Colegio, al que invalidó como interlocutor. ¿Qué evaluación hace de esa etapa y qué esperan de la presidencia de John Pérez?
Negar que hubo un inconveniente es negar la realidad, porque sí existió un inconveniente desafortunado, que el Colegio de Abogados no buscó ni quería, y menos con un poder del Estado como es el Poder Judicial. En su momento, vimos con ojos críticos y con preocupación las declaraciones del presidente, pero tuvimos una reunión apenas asumió la [nueva] presidencia a efectos de dejar claro el rol y las buenas intenciones de cada uno de los operadores jurídicos. Hemos trabajado con el ministro John Pérez en la comisión de ascenso de jueces y auguramos que la Corte tenga una reacción, porque nosotros necesitamos un Poder Judicial que ejerza realmente como un poder del Estado, que luche por su presupuesto, que tenga un plan estratégico, y no un Poder Judicial que sólo dicte sentencias.
Durante la discusión por la Rendición de Cuentas, los legisladores se comprometieron a otorgar los fondos para evitar el cierre de los juzgados de paz; sin embargo, pese a que era un monto menor, no lo hicieron.
Por eso uno de los cometidos que tenemos es mantener reuniones y vínculos con todas las organizaciones. Se necesita un mayor involucramiento del Poder Legislativo, sin afectar la separación de poderes. El Poder Legislativo es el que designa los ministros de la Corte: no es un tema menor, debe conocer la carrera de los jueces, las propuestas de los jueces para que puedan llegar a ser ministros de la Corte, porque lo que van a dirigir es un poder del Estado. El Colegio ha trabajado en un proyecto de ley a los efectos de la modificación de la carrera judicial y de la designación de los magistrados.
En 2019 el Parlamento aprobó la Ley de Concursos para regular el ascenso de los jueces, pero la corte la impugnó y no la aplicó. A su vez, hay un proyecto que presentó la Asociación de Magistrados del Uruguay y hay otro proyecto del presidente de la SCJ. ¿Qué piensa el Colegio sobre eso, como un actor que participa en la evaluación de los jueces?
El Colegio es consultado, pero nosotros no tenemos poder de decisión. Lo que nosotros tenemos claro es que para la SCJ, y para su presidente, este es un tema importantísimo; nosotros como gremio vamos a apoyar, queremos que de alguna manera se pueda instalar un debate, porque este es un aspecto a mejorar. Trataremos de ser parte de la solución.
Uno de los puntos de debate en el sistema de justicia es la posibilidad de que la defensoría salga de la órbita del Poder Judicial. ¿Qué piensa el Colegio de Abogados sobre este punto?
No tenemos posición porque no ha sido debatido como gremio. Se hace necesario debatir esas cosas, así como, por ejemplo, si el Poder Judicial debería ser un Ministerio de Justicia o no, con todo lo que implica que no sea un poder independiente. Decisiones de ese tipo tienen que ser debatidas tomando en cuenta la opinión de los defensores, la de todos los operadores jurídicos; no son temas que puedan hablarse con liviandad. El Colegio de Abogados tiene que dar un debate sobre esos temas, estudiar en profundidad los pros y los contra que cualquier cambio podría implicar.
¿En qué otros temas está trabajando el Colegio?
Tenemos una comisión de género que se creó en este directorio, que está presidida por la doctora Micaela Castillo, que tiene una formación destacada en perspectiva de género. Es un tema que es necesario que esté arriba de la mesa, queremos hacer nuestro aporte como mujeres y hombres de ley, e invitamos a hacer un análisis jurídico de las leyes desde el punto de vista de la perspectiva de género. Analizar si una ley, per se, puede estar generando algún tipo de perjuicio, por ejemplo a la mujer, porque fue pensada desde una óptica que tiene al hombre como referencia. El Colegio de Abogados quiere dar una perspectiva jurídica del tema; no nos afiliamos a ningún movimiento político, pero al Colegio le importa mucho posicionarse dentro de lo que es este movimiento social que es el feminismo y aportar desde lo que sabemos, que es la perspectiva jurídica.