Este miércoles un interno de la Unidad Penitenciaria 4, ex Comcar, agredió a una docente que había terminado una clase y esperaba a que llegara el siguiente grupo. Durante la espera, una persona encapuchada ingresó al salón, donde permanecía sola, y le puso un corte carcelario en el cuello, le robó su celular y la dejó encerrada. La situación, que fue denunciada por el núcleo sindical de educación en contextos de encierro de la filial montevideana de la Asociación de Educación Secundaria (ADES), encendió las alarmas entre los docentes que trabajan en centros penitenciarios.
En diálogo con la diaria, Lucas Arismendi, vocero del núcleo sindical, señaló que si bien a veces se registraban amenazas o agresiones entre los estudiantes, no se habían registrado agresiones a docentes. Arismendi dijo que quienes trabajan en la comunidad educativa del ex Comcar quedaron “shockeados” ante lo sucedido y valoraron la necesidad de visibilizar la situación, sin intención de estigmatizar a una población, como la privada de libertad, que ya de por sí está estigmatizada.
El motivo de la denuncia del núcleo de ADES Montevideo es reclamar la necesidad de que se tome alguna medida que no deje a los docentes expuestos a este tipo de situaciones, tanto a nivel de prevención, para evitar que un interno entre un corte carcelario a la comunidad educativa, como para accionar rápidamente cuando se produce una agresión o amenaza.
Arismendi resumió que el rol de los docentes y educadores que trabajan en centros penitenciarios pasa por “darle al menos algo de sentido al proceso que toda esa gente está está viviendo”. En ese sentido, apuntó que se trata de “acercarles conocimientos, intercambiar y generar discusiones que permitan entender algunas reglas morales y de otra de otra índole que funcionan en la sociedad”. Sin embargo, el vocero entendió que, para que eso sea posible, es necesario que los profesionales de la educación tengan garantías para ejercer su trabajo, que no se da en las mismas condiciones que en un liceo.
Al respecto, planteó que es necesario que haya personal carcelario y policial que controle qué cosas ingresan a las aulas y que puedan atender algún emergente. Actualmente, durante las clases el docente está en los salones solo con sus estudiantes y en teoría debería haber personal del Instituto Nacional de Rehabilitación que estén atentos a lo que ocurre en la comunidad educativa y los funcionarios policiales son los encargados de controlar el ingreso al lugar.
“Hay unidades en las que hay un solo operador penitenciario o directamente no hay policía”, dijo, y planteó que como núcleo sindical se niegan a naturalizar las agresiones a docentes en las cárceles. Por tanto, esperan que lo ocurrido el miércoles marque un hito por el que comiencen a tomarse medidas de prevención y contención.
Arismendi detalló que después de conocer la agresión, los docentes que estaban en la tarde del miércoles en el ex Comcar se reunieron en una asamblea espontánea y estuvieron conversando sobre los pasos a seguir. Lo mismo ocurrió durante este jueves, cuando no hubo clases, ya que en los centros de la Dirección General de Educación Secundaria se desarrolló la Asamblea Técnico Docente. Finalmente, se definió realizar un paro hasta el próximo martes en la Unidad 4 y ese día realizar una sala docente para discutir cómo seguir con toda la comunidad.