Los abogados de damnificados de República Ganadera, Juan Pablo Decia, Juan Fagúndez, Graciana Abelenda, Carlos Esponda y Natalia Iruleguy concurrieron este miércoles a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes para plantear la situación de estancamiento en que se encuentra la causa, dado que, cumplidos dos años de presentada la denuncia, solo se dispuso medidas limitativas a los responsables, en un proceso que aún no fue formalizado.
Los abogados expresaron que hay 1440 damnificados, con un pasivo de 95,6 millones de dólares, y calificaron el caso como “la segunda estafa más grande de la historia reciente del país, después de Conexión Ganadera”.
En esa línea, señalaron que el caso –más allá del cierre de fronteras para los socios de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Andrés Mussio– no ha tenido avances y la causa no tiene fiscal titular desde mayo, cuando Alejandro Machado fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen.
Además, dijo que los dos fiscales adscriptos se encuentran de licencia, por lo que se encuentran ante “una Fiscalía desmantelada”, al punto que en la última audiencia –en la que la Justicia prorrogó hasta el 5 de febrero el cierre de fronteras para Mussio y Jasidakis– concurrió una fiscal de estupefacientes.
“No venimos a pedirle al Parlamento que investigue un delito: eso le corresponde a la Fiscalía. Venimos a mostrar cómo funciona hoy el sistema penal en un caso de esta magnitud, porque lo que está fallando es materia de esta comisión: el Código del Proceso Penal, la implementación de la ley contra el lavado de activos y principalmente la organización del trabajo y de los recursos humanos en la Fiscalía General de la Nación”, expresaron los abogados en un documento que entregaron a los legisladores.
Los abogados presentaron también un punteo sobre la situación de la investigación, donde dan cuenta de la evidencia contra los investigados. Entre varios puntos, señalaron que el informe de la sindicatura detectó un déficit patrimonial de 85,9 millones de dólares, mientras que una auditoría externa, realizada por Eura Audit, detectó una diferencia de 24,3 millones entre el patrimonio declarado por la empresa y el real, con una sobrevaluación de activos por 18,6 millones de dólares y ocultamiento de pasivo por 5,7 millones de dólares.
En cuanto al ganado encontrado, la carpeta de investigación marca que –según el informe contable del escritorio Urchitano– en los últimos seis meses de actividad, entre junio y diciembre de 2024, el rodeo pasó de 99.000 a 37.000 cabezas y la venta de 7.348 cabezas de ganado sin factura.
También mostraron un informe incorporado recientemente a la investigación, realizado por un equipo multidisciplinario integrado por representantes del Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central y de la Dirección General de Impositiva que concluye que existió un “patrón de vaciamiento patrimonial” a favor de los socios, sus familiares y sociedades vinculadas. Entre varias operaciones, menciona el envío de más de 700.000 dólares en cheques depositados en una casa de cambio de Artigas.
“Desde octubre de 2024 los investigados y su entorno vendieron inmuebles y vehículos y movieron fondos por cerca de 1,4 millones de dólares: una casa en Ciudad de la Costa por 590.000 dólares, otra en Montevideo por 170.000 dólares, diez vehículos y transferencias entre cuentas”, señalaron.
Los abogados expresaron que la Fiscalía tiene la obligación de investigar la estafa y la apropiación indebida denunciadas, como delitos precedentes al lavado de activos y solicitar embargos para preservar los bienes para que queden disponibles para los damnificados, tal como marca el artículo 34 de la Ley 19.574.
“Con un riesgo de dispersión evidente desde el primer día, no usar esa herramienta es dejar de cumplir la función que la ley le asigna”, expresaron.
Los abogados pidieron a los legisladores que integran la comisión que cite a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, para que informe sobre el estado de la causa y cuáles fueron los recursos asignados para el caso. Además pidieron que se realice un pedido de informes a la fiscalía por el caso, y que la comisión estudie reformas en el Código de Proceso Penal para establecer un control por parte del Poder Judicial del plazo de investigación preliminar, que hoy no está delimitado.
También reclamaron que se conformen equipos especializados y con dedicación exclusiva para casos de este tipo “con reglas que impidan dejar una causa sin titular que la dirija”.