La resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) en torno a la extensión de la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo a Terminal Cuenca del Plata, cuyas acciones corresponden en un 80% a Katoen Natie y el resto a la Administración Nacional de Puertos (ANP), provocó molestia en el Frente Amplio (FA). En primer lugar porque entienden que los ministros que conforman la mayoría del TCR –tres oficialistas y la presidenta, considerada neutral– descartaron todo lo indicado en un primer informe elaborado por dos abogados del organismo y se basaron únicamente en los elaborados por la jefa y el subdirector del área Jurídica, cuyo contenido es contrario al primer documento.
En segundo lugar porque, a pesar de mencionar errores durante el procedimiento que llevó a la ratificación del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie y durante la redacción del nuevo reglamento de atraque de buques portacontenedores, el TCR no emitió observaciones. En contra de esa decisión estuvieron los tres ministros en representación del FA. Sin embargo, una parte del fallo que plantea irregularidades en el proceso administrativo entienden en la oposición que demuestra que hubo un delito de abuso de funciones.
El ministro Miguel Aumento señaló en su argumentación que el acuerdo se aprobó inicialmente el 25 de febrero de 2021, y todos los asesoramientos solicitados a la ANP fueron posteriores. Más allá de eso, el TCR describió que cuando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por entonces dirigido por Luis Alberto Heber, solicitó asesoramiento el 7 de abril del mismo año sobre la instrumentación de la prórroga de la concesión, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, basado en informes internos del organismo, brindó su respuesta el 13 de abril.
El TCR interpretó que “los asesoramientos existieron y fueron previos al dictado del acto administrativo que dispuso la prórroga de la concesión”, promulgada el 21 de abril. “No obstante”, dice el fallo, “su comunicación al Poder Ejecutivo fue dispuesta por el presidente del directorio”, el nacionalista Juan Curbelo, cuando, en realidad, “debió haberse emitido” por el directorio, que también es integrado por el cabildante Daniel Loureiro y la frenteamplista Alejandra Koch. “En consecuencia, desde el punto de vista formal, el asesoramiento no puede considerarse como una manifestación de voluntad orgánica de la administración”, indica el fallo del tribunal.
Situación similar ocurrió con el asesoramiento sobre el nuevo reglamento de atraque, que también se promulgó el 21 de abril y que otorgó la prioridad a la terminal especializada en detrimento de los muelles públicos, es decir a Katoen Natie y en detrimento de Montecon, las dos empresas que operan en el puerto. La mayoría de los ministros cuestionaron en las resoluciones finales que, “básicamente, el asesoramiento existió, no obstante no se manifestó a través de la voluntad orgánica de la ANP”, porque sólo lo firmó Curbelo; pero además el “asesoramiento fue posterior a la adopción de la decisión administrativa”, es decir, a la emisión del decreto con el nuevo reglamento, porque se remitió al ministerio el día 22. “En consecuencia, materialmente no puede constituir un asesoramiento”, añade el texto. El asesoramiento sobre este reglamento había sido solicitado el mismo día en que se aprobó mediante decreto.
El ministro Aumento consideró que estos asesoramientos “ni fueron oportunos ni previos ni fueron emitidos por el directorio de la ANP, como manifestación orgánica de dicha administración”, y resaltó que el referente al reglamento de atraque “ni siquiera fue anterior a la promulgación del decreto”. A su vez cuestionó que, a pesar de los señalamientos del TCR, la mayoría de los ministros hayan decidido no emitir observaciones.
En el FA la actuación del tribunal provocó molestias. El senador Charles Carrera, uno de los denunciantes del acuerdo ante la Fiscalía, dijo a la diaria que “existieron informes contradictorios” sobre los cuales se basaron los ministros para emitir su sentencia, y aseguró que se trató de “un procedimiento muy desprolijo”.
“Yo estoy muy preocupado porque el TCR tiene un rol central en lo que tiene que ver con las cuentas y los contratos de la República”, dijo y agregó que se trata de “una mayoría circunstancial que es designada políticamente” y que tomó la “decisión de no observar un contrato que está plagado de irregularidades”. “Primaron valoraciones políticas sobre las valoraciones jurídicas para sacarle las castañas del fuego al gobierno”, expresó Carrera.
Para el senador, “es gravísimo que no se haya observado” el accionar del gobierno, a pesar de la “serie de señalamientos sobre la conducta del presidente de la ANP”.
Así las cosas, aseguró que su “confianza” y sus “expectativas” están depositadas “en el sistema de justicia”, y sobre eso también le “preocupa muchísimo el rol que están teniendo autoridades del Poder Ejecutivo y del oficialismo”, que a su entender ejercen “un cuestionamiento constante al sistema de justicia y a la Fiscalía”.
Según supo la diaria en diálogo con otras fuentes frenteamplistas ligadas a la causa, los denunciantes pedirán a la Fiscalía que el informe final del TCR sea incorporado a la investigación penal porque, más allá de la falta de observaciones, entienden que allí se describe el accionar de algunas autoridades que, creen, confirma el delito de abuso de funciones.
Citaciones en Fiscalía
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, encargado de la investigación, inició el martes las citaciones a testigos con dos ejecutivos de Katoen Natie: el gerente general, Vincent Vandecauter, y el de Relaciones Institucionales, Fernando Correa.
El miércoles fue el turno de Koch; según supo la diaria, en base a fuentes, las preguntas y respuestas estuvieron enfocadas en el manejo interno de la ANP durante todo el proceso, lo que incluye lo señalado por el TCR en su resolución. En este sentido, Koch dijo a la diaria que explicó que el contrato entre el gobierno y Katoen Natie “nunca fue tratado en el directorio y que no hubo asesoramiento previo”.
En tanto, este jueves declararán ante el fiscal tanto Loureiro, vicepresidente de la ANP, como el gerente del área Jurídico Notarial, Edgardo Amoza.