Casi 12 años después de la tragedia carcelaria más grande del país, la Justicia civil se expidió a favor de las demandas presentadas por tres sobrevivientes y familiares de seis de los 12 fallecidos en el incendio en la ex cárcel de Rocha en 2010. El Ministerio del Interior (MI) deberá pagar indemnizaciones de entre 3.000 y 270.000 dólares, que en total suman 1,1 millones.
“Se determinó la responsabilidad del MI y se establecieron condenas a [favor de] todos los accionantes. Algunas demandas fueron amparadas en forma parcial y otras en forma total”, dijo el juez civil Rafael Gómez, el cuarto magistrado que trata el caso y quien se expidió en un fallo de más de 90 páginas.
“Lo que buscábamos era que alguien dijera oficialmente que había un responsable por la muerte de los gurises. Hoy, por primera vez, oficialmente se dijo que el Estado era responsable y lo condenaron. Tengo la satisfacción de que alguien por fin dijo eso”, comentó a la diaria Mario Barrios, padre de Matías Barrios, uno de los 12 fallecidos. “Se cierra un capítulo”, agregó.
El juez condenó en primera instancia al MI por “daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual”, y en algunos casos por “daño moral”, “daño emergente” o “daño premortal”. En otras palabras, condenó al MI por haber incumplido con su obligación constitucional de velar por la integridad física y la vida de quienes encarcela o por negligencia.
“Un fallo muy bueno. Estoy muy conforme”, aseguró la abogada María José Priliac, representante de Fernando Méndez, Darío Damestoy y Alberto Roda, tres de los ocho sobrevivientes, y de las familias de Delio Alegre, Edinson Núñez Casuriaga, Alejandro Rodríguez Cabral y Ariel Fernando Cardoso, cuatro de los 12 fallecidos. A su vez, la familia de Fernando Martínez Maidana, otro fallecido, también fue indemnizada.
“La verdad no tengo palabras para describirlo después de tanto tiempo. Dios es grande y está con nosotros”, dijo a la diaria Damestoy. Méndez “quedó contento” con el fallo. “Por lo menos se ve que hicieron justicia. Lástima que demoraron tanto. Por parte del dinero… nunca tuve. Va a ser bien recibido porque lo necesito un montón, pero contento de que se haya hecho justicia. Siempre quisimos justicia”, recalcó.
Damestoy y Méndez estuvieron presos en la celda 2 de la ex cárcel de Rocha, en el centro de la ciudad, donde la madrugada del 8 de julio de 2010 se desató el fuego. Se suponía que en esa celda, por sus dimensiones, no debía haber más de ocho personas, pero había 20. Era una pieza de casi 40 metros cuadrados, tenía siete ventanas tapadas con nailon y cartón, y un bañito con una abertura circular, del tamaño de un CD, que hacía de ventilación. A lo largo y ancho había ocho ranchadas (espacios de intimidad separados por mantas colgadas) y un tendedero de cables eléctricos enganchados con clavos a maderas. Los bomberos consignaron que una manta cayó sobre una resistencia de ladrillo y alambres conectados a un tomacorriente y que eso generó el incendio.
Algunos de los ocho sobrevivientes del incendio tienen partes del cuerpo sin poros y padecen de una picazón casi constante. Sufren de asma, tienen tos y los bronquios obstruidos. Les falta el aire. Ven y escuchan mal. Perdieron parte de la motricidad. Consumen psicofármacos para poder dormir, comer o ir al baño. Muchos todavía padecen de insomnio, pesadillas, alucinaciones, intentos de suicidio. Sienten una mezcla de desconfianza, indignación, angustia, indiferencia y rabia. Las familias de los fallecidos también.
Hasta el viernes 6 de mayo, cuando se conoció la sentencia del juicio civil, el MI no había sido responsabilizado por la tragedia. En 2012 la jueza Marcela López archivó la causa penal sin encontrar responsables. Esta vez, Gómez acreditó “de manera contundente y de sobra” que las víctimas sufrieron, “existiendo plena evidencia de tal sufrimiento”, según se lee en el fallo.
El fallo del juicio civil se dio a conocer una semana después de que el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, presentara su informe anual y advirtiera que el Estado continúa propiciando la muerte violenta de los presos, que muchas veces mueren a causa del fuego.
En las cárceles uruguayas la muerte ocurre sin generar mayores alarmas en la ciudadanía, pese a que allí hay 15 veces más homicidios y seis veces más suicidios que a nivel nacional. En 2021, al menos 45 de las 86 personas que murieron bajo custodia lo hicieron de forma violenta: 21 fueron asesinados, 18 se suicidaron y hubo seis muertes accidentales o por causas violentas no aclaradas.
El fuego sigue siendo un motor de muerte: al menos dos de los 21 homicidios sucedieron mediante incendio, y uno de los 18 suicidios fue por quemaduras. A su vez, cuatro de las seis muertes accidentales derivaron de un incendio en el ex Comcar, generado a partir de un desperfecto de la instalación eléctrica. Sobre este caso se hizo un informe especial en el que Petit indicó que “el Estado fue responsable”.