Era abril de 2021 cuando un adolescente privado de libertad en el centro Pre - Egreso del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) fue golpeado por un funcionario -que también era instructor de boxeo-, cayó al piso, continuó recibiendo golpes “sin motivo alguno aparente” y, cuando la violencia física cesó, no fue llevado a la enfermería. Contrariamente, “se le intimidó para que guarde silencio”. El funcionario y boxeador continuó trabajando en atención directa y no recibió una medida sancionatoria más que el traslado a otro módulo.
Este es uno de los tantos relatos que recogió el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) a través de 23 visitas a todos los centros del Inisa del país, entre 2019 y 2021, para elaborar uno de los informes alternativos que serán presentados al Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 4 de mayo, en ocasión de la revisión a la que tiene que someterse Uruguay. En el informe, al que accedió la diaria, se constató la existencia de casos de “tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia los y las adolescentes privados de libertad”.
Golpizas, requisas con violencia física, reducciones, amenazas, agravios y malos tratos por parte de funcionarios y fuerzas de seguridad. Esos puntos son los que se desprenden del relevamiento, además de de las observaciones que concluyeron que “el sistema se encuentra signado por la lógica premio-castigo”. Se vieron también “prácticas de encierro compulsivo” con tiempos dentro de las celdas de entre 21 y 23 horas por día, aislamiento y medicamentalización. A su vez, la alta tasa de suicidios en Uruguay también permeó rejas adentro, y se encontraron con un “alto número de intentos de autoeliminación”, además de “graves carencias” edilicias.
Las situaciones de tortura detectadas ocurrieron, principalmente, en el centro de máxima seguridad, denominado y destinado a Mayores de Dieciocho (MD1), el centro Piedras, el de Pre - Egreso y el CIAM. El MD1 y el Espacio de Tratamiento Transitorio Integral (ETTI) fueron los dos centros a los que llaman a cerrar por las condiciones que atraviesan.
“Cierre definitivo del centro MD1”, se lee en el texto como una “recomendación”. Es que no sólo se evidenciaron situaciones de tortura, “tratos crueles” e “inhumanos”, sino que también más adolescentes que camas disponibles, la presencia constante de ratones y ratas, y personas privadas de libertad con “quemaduras graves” de agua caliente -consecuencia de conflictos entre ellos- que no fueron atendidas a pesar de haberlo pedido, ni tampoco recibieron gasas o cremas para tratar las heridas.
De los testimonios sobre el MD1 se registró, a su vez, una situación de violencia perpetrada por el propio director del establecimiento: uno de los adolescentes declaró “haber recibido una golpiza por parte del director y funcionarios del centro cuando regresó de una salida transitoria”. El testimonio fue respaldado por otros adolescentes del MD1 y, al mismo tiempo, se constató que el involucrado “efectivamente tenía marcas de golpes en sus piernas, brazos y tórax”.
El ETTI es un centro en el que los adolescentes pueden permanecer por un máximo de 90 días e, idealmente, un equipo trabaja junto a la persona. Sus condiciones edilicias fueron el puntapié inicial para recomendar su cierre, ya que posee una “fuerte impronta carcelaria” y por tanto “no son adecuadas para adolescentes que cumplen con una medida socioeducativa privativa de libertad”. Asimismo, para las organizaciones “la derivación transitoria de un adolescente a otro centro por el transcurso de hasta 90 días implica un corte y pérdida de sus actividades educativas, laborales y/o recreativas, siendo el único sentido la imposición de un castigo”.
El eterno antes ¿y el después?
Si bien varios de los problemas monitoreados vienen de larga data, las organizaciones afirman que desde el comienzo de la nueva gestión del Inisa, a principios de 2020, hay un “reforzamiento en la impronta de la seguridad y el control de los centros”. La pandemia también influyó e incrementó las horas de encierro por falta de actividades y reducción del tiempo en el patio. Se le agregó, a su vez, restricciones para que los adolescentes vean a sus familiares. El desenlace, junto a la consecuencia de una convivencia continua dentro de cada módulo: “Un aumento de conflictividad al interior de la mayoría de los centros”.
Otra de las consecuencias negativas de la emergencia sanitaria fue la disminución de personal por licencias médicas. Al respecto, aseguran que en los recursos humanos del Inisa hay una “baja proporción de profesionales técnicos”. Al mismo tiempo, subrayaron como “grave y preocupante” que en el centro permanezcan trabajando funcionarios que tienen “sumarios y/o investigaciones por malos tratos a adolescentes”.
En el informe se afirma, por otra parte, que Uruguay no “cumple” con la implementación de medidas socioeducativas para esta población. De hecho, manifiestan que “las medidas socioeducativas quedan supeditadas a las medidas de seguridad” y que no hay un proyecto general para implementar medidas socioeducativas, lo que, junto a otras variables, “continúa habilitando prácticas discrecionales en las direcciones de cada centro”.
Desde la legislación
Según el informe, la aprobación de la ley de urgente consideración (LUC) “profundizó grandes retrocesos en la normativa de justicia penal juvenil”, a través de, principalmente, el aumento de penas mínimas y máximas, las restricciones en la semilibertad, la permanencia de los antecedentes penales y la integración del proceso abreviado. Como agregado, “profundiza las propuestas contrarias a los estándares y recomendaciones vigentes”, y es por eso que las organizaciones recomiendan eliminar los artículos 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la LUC.
En la misma línea, manifestaron un debilitamiento y regresión de derechos y garantías para los adolescentes en conflicto con la ley penal con las modificaciones planteadas al Código de la Niñez y la Adolescencia, a la ley de procedimiento policial (N° 18.315) y en la aprobación del Código del Proceso Penal de 2017.
En este marco, recomendaron que la normativa nacional se ajuste a “las convenciones, tratados y estándares internacionales de derechos humanos”, con especial énfasis en la reducción del tiempo de pena de las personas privadas de libertad.
También sugirieron la separación del cargo de los funcionarios que tengan un sumario por “tratos crueles, inhumanos y degradantes” y que el personal esté capacitado para hacer intervenciones y capacitaciones “desde un enfoque de respeto y promoción de los derechos humanos”; por lo tanto, solicitaron la prohibición de que los funcionarios sean capacitados por la Guardia Republicana.
Además, requirieron el establecimiento de medidas socioeducativas y, a la vez, más medidas alternativas a la privación de libertad, de la mano, en ambos casos, de una “adecuada asistencia” en salud.