La Fiscalía General de la Nación ordenó una investigación contra el fiscal especializado en Delitos Sexuales de 4° turno, Raúl Iglesias, luego de que informara que había archivado unos 300 casos en poco más de una semana de trabajo.
La investigación fue ordenada por el fiscal de Corte Juan Gómez, tras constatar algunas diferencias entre la cantidad de causas archivadas señaladas públicamente por el fiscal y las que surgen del sistema.
Según informaron a la diaria desde la Fiscalía, la investigación fue derivada al Departamento de Políticas Públicas, a cargo del politólogo Sebastián Pereyra, quien realizará un informe sobre los casos que fueron archivados.
“Por respeto a la gente que hace una denuncia, siempre sería conveniente que un fiscal investigara lo que se está denunciando [...] Hemos pedido un informe a políticas públicas para saber exactamente cuántas y con qué fundamentos fueron efectivamente archivadas”, afirmó Gómez en declaraciones realizadas a Subrayado.
El fiscal de Corte dijo que en otro tipo de delitos se aplica el principio de oportunidad – previsto en el artículo 100 del nuevo código de proceso– cuando no hay forma de continuar con la investigación y sostuvo que “la Fiscalía General pretende y está buscando la forma de que la gran mayoría de las denuncias sean consideradas por los fiscales”.
Gómez se reunió también con la defensa de la víctima del caso de la violación grupal en Cordón, que lleva adelante el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, quien denunció al fiscal Iglesias por entender que no está protegiendo adecuadamente a la víctima al exponer el caso públicamente.
En diálogo con la diaria, el fiscal Iglesias planteó que la actuación del Departamento de Políticas Públicas en la investigación de su Fiscalía es “una injerencia en la independencia técnica del fiscal” y subrayó que el único mecanismo que habilita la revisión de los fundamentos jurídicos de la actuación del fiscal es el artículo 98 del nuevo código del proceso penal, que prevé –a pedido de la víctima o el denunciante- que la causa sea revisada por un fiscal subrogante antes de ser archivada.
“La amplia mayoría de los casos tenían más de dos años sin ser consultados, sin ser abiertos para ver en qué estaba el caso, no sé porque me investigan a mí”, señaló Iglesias, quien asumió al frente de esa Fiscalía el 9 de mayo. Agregó que en los casos archivados la investigación no podía continuar porque no se pudo encontrar a los testigos o a las víctimas o se perdió la evidencia, y subrayó que debe abocarse a los otros casos en los que sí hay elementos para trabajar.
El fiscal entiende que la investigación ordenada por Gómez es una forma de amedrentarlo y lamentó que no lo llamara personalmente para comunicarle el inicio de la investigación. “¿Qué buscan? ¿Que me achique? Si me dejo presionar, soy un mal fiscal”, advirtió.
Consultado sobre el caso, el presidente de la Asociación de Funcionarios Magistrados Fiscales del Uruguay, Wilian Rosa, declinó hacer declaraciones en virtud de que el tema no ha sido planteado en la asociación.
Intersocial Feminista preocupada porque casos archivados desestimulen las denuncias
El fiscal de Corte recibió el martes a una delegación de la Intersocial Feminista que pidió una reunión con Gómez, luego de que se conociera la cantidad de causas archivadas y la intención de Iglesias de enviar a prisión domiciliaria a los tres hombres imputados por el caso de violación grupal en Cordón que se encuentran en prisión preventiva.
Durante el encuentro, Gómez señaló que realizó el cambio en Fiscalía a pedido de la entonces fiscal de Delitos Sexuales de 4° turno Sylvia Lovesio, quien se encontraba sobrecargada de trabajo, y ratificó el compromiso de la Fiscalía de continuar con políticas que pongan a la víctima en el centro del proceso.
Una de las participantes del encuentro, la activista Valeria Caggiano, dijo a la diaria que Gómez les informó que están “revisando y siguiendo de forma detallada” la situación y destacó que encontraron “resonancia” por parte del fiscal de Corte en cuanto a su preocupación por las víctimas en el marco del proceso.
Caggiano resaltó el impacto que pueden tener los 300 casos archivados y el tratamiento del caso de la violación grupal en Cordón. “Hay un impacto que no podemos medir sobre otras posibles víctimas y el proceso al que se enfrentan en la Justicia. Nos preocupa que esto oficie como un desestímulo para acceder a la Justicia por parte de víctimas”, agregó.
La integrante de la Intersocial Feminista señaló la complejidad de las causas vinculadas a delitos sexuales y cuestionó la capacidad de una fiscalía para archivar tantas causas cumpliendo con los procesos debidos y el resguardo de los derechos de la víctima. Además, señaló la preocupación de la Intersocial de que el archivo vaya en detrimento de la credibilidad de las víctimas. “Que hay causas que se archivan todo el tiempo, sí, pero no porque sean denuncias falsas, ni malintencionadas, sino porque es parte del proceso la investigación y la carga de prueba”, agregó.