A fines de abril la jueza Adriana Chamsarian resolvió rechazar el pedido de asilo que había pedido el asesor del expresidente argentino Mauricio Macri Fabián Pepín Rodríguez Simón, quien está en el país desde diciembre de 2020, cuando se fugó tras una causa por la que pesa una orden de detención internacional. El fallo fue apelado por la nueva defensa de Rodríguez Simón a cargo de Jorge Díaz, exfiscal de Corte, según informaron medios argentinos y confirmó en Uruguay El País.
Chamsarian negó el pedido de asilo siguiendo los fundamentos que dictaminó la Comisión de Refugiados (CORE), que en agosto del año pasado había recomendado desestimar la petición. Según informó el medio argentino Perfil, el fallo de la jueza consideró que no existen razones para conceder el asilo político, ya que se trata de una imputación que hace la Justicia argentina en un tribunal competente, en el marco de un expediente en el que se investiga un delito común.
La defensa del asesor macrista, encabezada por el exfiscal de Corte, con la participación de sus anteriores abogados, Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey, apeló la decisión de Chamsarian y podría incluso llegar a Casación, por lo que se estima que el proceso de discusión sobre el refugio podría durar más de un año y recién cuando la cuestión del refugio quede firme se daría inicio al proceso de extradición. Ahora el Tribunal de Apelación en lo Penal del Primer Turno dispone de un plazo de 20 días para resolver si acoge o rechaza el planteo de la defensa de Rodríguez Simón.
Rodríguez Simón está acusado en Argentina desde 2019 por manejos presuntamente extorsivos contra los dueños de C5N y otros medios, bajo amenaza de sacarles sus empresas, presentando el nombre del expresidente Mauricio Macri, para obtener concesiones y quedarse con las empresas. La causa por la que debía declarar Rodríguez Simón en Argentina también investiga a Macri por asociación ilícita para desapoderar activos de los accionistas del Grupo Indalo.
En el pedido de extradición enviado al gobierno uruguayo la jueza federal María Servini de Cubría aseguró que los delitos por los que se investiga al empresario son “extorsión y amenaza”, que tienen penas de hasta 15 años de penitenciaría, y descartó motivos “políticos o militares”. Por otra parte, el exasesor presidencial asegura que teme ser encarcelado indebidamente en “causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”.