El fiscal de Corte, Juan Gómez, está en el cargo temporalmente hasta que el Senado vote por mayoría quién ocupará efectivamente el rol, tras la renuncia de Jorge Díaz. Según aclaró este jueves, más allá de que su nombre sea uno de los candidatos, no intenta mantenerse en el puesto: “Tengan la seguridad de que no estoy procurando que me elijan a mí”, comentó y agregó que desde que ejerce el cargo que ocupó en octubre de 2021 intenta “dar garantías de que las cosas no se manejan en función de intereses políticos ni de otra naturaleza. Darle transparencia a la función y tranquilidad a los ciudadanos para que los escuchen”.
Gómez insistió, en diálogo con Desayunos informales, en que no es relevante “quién sea que ocupe el cargo de fiscal de Corte; importa mantener un diferencial claro de respeto al sistema de derecho y darle garantías a la gente. En estas funciones no encuentro otra razón que no sea servir a la población. Eso es lo que tenemos que buscar”.
Actualmente Gómez ocupa una doble posición: es fiscal adjunto de Corte y está subrogando al fiscal de Corte. “No es que me quiera quedar o irme y ponerme en algún papel de víctima de algo, porque no lo soy. La ley me obliga a subrogar al fiscal de Corte, en tanto ocurra una situación de vacancia definitiva, como está ocurriendo, y lo estoy haciendo con la máxima dedicación”, dijo.
De todas formas, remarcó que “estaría bueno” que la Fiscalía “contara con los mecanismos de dirección bien conformados” y remarcó que en este momento es un fiscal de Corte que no tiene el respaldo de tres quintos de votos del Senado, y eso hace la diferencia en cuanto “al apoyo institucional que uno puede tener”.
“No puedo permanecer a la espera o pensando que lo más importante que pueda ocurrir es que el sistema político se ponga de acuerdo”, puntualizó Gómez, y agregó: “No estoy a la orden de ningún partido político; por más que soy un ferviente admirador de la función política y entiendo que es necesaria en la vida democrática, me siento pensando en la sociedad, en el Estado como institución y no tengo predilecciones por partidos políticos en sí, si bien los respeto íntegramente”.
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El proyecto “impresentable” de Cabildo Abierto
Tras conocerse el proyecto de ley de Cabildo Abierto que busca sancionar penalmente a jueces y fiscales por malas prácticas, por medio de la regulación del delito de prevaricato, Gómez opinó que era “impresentable”.
Este jueves sostuvo su postura: “La apreciación que hice la mantengo. Cuando mencioné que el proyecto, a mi juicio, era impresentable era desde el sentido común”, dijo, y aclaró que no pretende “descalificar la actuación de legisladores elegidos por el pueblo, de modo alguno”.
Gómez recordó que “la ley orgánica del ministerio público consagra la responsabilidad civil, penal y administrativa de los fiscales” y que todos los que allí trabajan “no tenemos fueros, podemos cometer delitos y ser juzgados”. En su opinión, el proyecto presentado por Cabildo Abierto “pretende que por el trabajo diario de fiscales y jueces puedan estar sometidos en un proceso penal es una valla muy importante”.
“Imagínese el tema de la seguridad, es un tema que atañe a toda la sociedad; quienes tienen el deber legal de investigar y perseguir pueden estar sometidos mañana a una acción penal por decir investigamos y consideramos que no reunimos los elementos suficientes para condenar a esta persona”, ejemplificó.
Tras sus declaraciones, el líder del partido, Guido Manini Ríos, afirmó que “impresentable es lo que está pasando en muchas fiscalías”. Ante esto, Gómez dijo que hay que tener consideración con los trabajadores y apuntó que en un escenario ideal deberían ser unos 2.000 funcionarios, cuando son menos de 700. “No digo ensalzar ese esfuerzo, pero por lo menos ponderar las circunstancias en las que se da el trabajo de los fiscales y de los técnicos”, pidió.