El represor uruguayo Jorge Tróccoli será juzgado en Italia por el asesinato y desaparición de Elena Quinteros, de Rafaela Filipazzi, de nacionalidad italiana, y de su esposo, José Agustín Potenza, de nacionalidad argentina. Así lo decidió la jueza Annamaria Govoni en la sesión preliminar de este jueves en el Tribunal de Roma. El exmarino uruguayo nacionalizado italiano, que huyó de Uruguay para escapar de la Justicia y fue condenado definitivamente en Italia en julio de 2021, deberá someterse a un nuevo juicio. La primera audiencia de ese nuevo proceso contra Tróccoli tendrá lugar en la Tercera Sección de la Corte de Asís de Roma el 14 de julio a las 9.00.
La audiencia del jueves se desarrolló a puertas cerradas; participaron solamente el fiscal, Erminio Carmelo Amelio, y los abogados Andrea Speranzoni, en representación de Ida Beatriz Garcia Filipazzi, hija de Rafaela Filipazzi; Arturo Salerni, representante de los familiares de José Agustín Potenza, y Marco Bastoni, en sustitución del abogado de confianza de Tróccoli, Francesco Guzzo. El Estado uruguayo, que se había presentado como parte civil en el juicio Plan Cóndor, decidió participar en este nuevo juicio como “parte ofendida” y eligió como abogada a Alessia Merluzzi.
La diferencia entre estas dos figuras jurídicas es que la parte civil interviene en el proceso penal contra el autor del delito para solicitar que este sea condenado no sólo a la pena prevista por la ley, sino también a indemnizar por daños y perjuicios, tanto morales como materiales, sufridos como consecuencia del delito; la parte civil puede presentar escritos y documentación e interrogar y repreguntar a los testigos.
La “parte ofendida”, en cambio, no interviene en la demanda por daños; sólo puede presentar documentos escritos y no puede participar en la fase de los interrogatorios.
La apertura del nuevo juicio surge de las gestiones realizadas por los abogados Alicia Mejía y Speranzoni, quienes en 2018 realizaron investigaciones en Uruguay para aportar pruebas al juicio conocido como Plan Cóndor, que, en julio de 2021, llevó a la condena definitiva de cadena perpetua a 14 acusados, entre ellos Tróccoli, por el secuestro y desaparición de 38 personas.
De esos 14, sólo Tróccoli residía en Italia, quien fue enviado a la prisión de Salerno el mismo día de la sentencia de Casación, tras ser detenido en su casa de Battipaglia por el grupo de operaciones especiales de los Carabineros. Posteriormente, fue trasladado a la prisión definitiva en Caserta, donde está cumpliendo su condena.
Durante el juicio de Apelación del Plan Cóndor, el entonces abogado de Uruguay, con el objetivo de aportar nuevas pruebas para impulsar el proceso, viajó a Uruguay, junto a Mejía, y realizó investigaciones en diferentes archivos. Los datos recogidos incrementaron el cúmulo de pruebas contra los acusados. Además, aparecieron documentos nuevos sobre los casos de Quinteros, Filipazzi y Potenza; en particular, algunos legajos con declaraciones del militar de la Armada Alex Lebel en referencia al secuestro de Quinteros y al involucramiento de Tróccoli en este: información del legajo militar de Tróccoli y de su rol en el Fusna (Fusileros Navales), particularmente en el período de secuestro y desaparición de Quinteros, Filipazzi y Potenza, y la ficha personal de Quinteros hallada en el archivo del Fusna con información sobre su militancia política y la palabra “fallecida” escrita a mano con bolígrafo rojo. También hallaron las fichas personales de Filipazzi y de Potenza, con rastros evidentes de manipulación, en el mismo archivo, del que se desprende que ambos habían sido vigilados durante algún tiempo por agentes de la represión.
Los casos
Filipazzi y Potenza vivían en Argentina, y tras el golpe de Estado de 1976 se exiliaron en Uruguay. Fueron secuestrados el 27 de mayo de 1977 en el hotel Hermitage de Pocitos. Permanecieron detenidos en el Fusna hasta su traslado a Paraguay, en junio del mismo año. Sus restos fueron exhumados de la misma fosa común ubicada en un predio de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Paraguay, el 19 de marzo de 2016, y fueron identificados, tras 40 años de búsqueda por parte de sus familiares.
Por su parte, Quinteros fue detenida en su domicilio en Montevideo el 26 de junio de 1976 e internada en el centro clandestino de detención 300 Carlos. Quinteros logró convencer a sus captores de que los conduciría a un encuentro con un compañero de su organización y se hizo llevar a los alrededores del edificio de la embajada de Venezuela. Cuando llegó a ese lugar comenzó a correr y saltó hacia el predio de la sede diplomática pidiendo asilo y gritando su nombre y profesión. Los represores que la custodiaban invadieron la embajada, la arrastraron hacia el exterior y se la llevaron. El hecho provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Desde entonces, Quinteros permanece desaparecida.
Salerni expresó a la diaria su satisfacción por el inicio de este nuevo juicio, “ya que las familias de las víctimas esperan la verdad y la justicia. Los elementos de que disponía el juez para tomar una decisión eran abundantes y estaban estrechamente relacionados con lo que surgió durante el juicio del Plan Cóndor. Confiamos en la Justicia italiana”, aseguró. A su vez, Speranzoni dijo a la diaria que “la justicia para los desaparecidos continúa en Italia”. “El resultado de hoy es el fruto del trabajo realizado por la Fiscalía de Roma durante los dos últimos años con mucha energía y experiencia. Como abogado, en los últimos dos años he depositado material encontrado en Uruguay, y también en este juicio lucharé por verdad y justicia”, concluyó el abogado.
Nadia Angelucci, desde Roma.