Durante su comparecencia ante el fiscal de Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Daniel Loureiro, dijo que desde que ingresó a la institución, el 10 de julio de 2020, la única resolución que no pasó por el directorio fue el acuerdo por el que el gobierno de Luis Lacalle Pou le otorgó a Terminal Cuenca del Plata, integrada por Katoen Natie (80%) y el organismo estatal (20%), la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo hasta 2081.
la diaria accedió a las declaraciones realizadas por Loureiro en la audiencia del 21 de abril en las que contó cómo se manejó, a la interna de la ANP, la concesión que modificó el reglamento de atraques y que prohíbe la competencia de otros operadores portuarios para descargar y cargar contenedores, siempre que la empresa belga no supere el 85% de su capacidad.
Si bien Loureiro respaldó al presidente de la ANP, Juan Curbelo, quien se atribuyó la potestad para dar el visto bueno para el acuerdo por parte del ente sin consultar al directorio, marcó algunos matices y reveló la desconfianza existente entre la nueva administración y los funcionarios del organismo.
Loureiro dijo que el funcionamiento del directorio está regulado por un decreto anterior a la creación de la ANP, concretada en 1933, y señaló que, en definitiva, el cómo tiene que funcionar se define por “uso y costumbre”.
El vicepresidente dijo que las decisiones de la ANP, como “aprobación de cuestiones presupuestales, tarifarias, designación de personas, son decisiones del directorio” y agregó que, “fuera de los hechos que se están investigando”, Curbelo nunca adoptó una resolución por sí en nombre de la ANP. Consultado sobre los asesoramientos y si el presidente puede tomar como insumo los informes de jurídica u otras dependencias del organismo y transmitirlos como presidente al Poder Ejecutivo en nombre de la ANP, respondió: “Eso iría a votación”.
Pese a eso, Loureiro respaldó a Curbelo basándose en las cláusulas de confidencialidad de las negociaciones y de la magnitud del juicio con que Katoen Natie amenazó al gobierno, en el que se manejó públicamente la cifra de 1,5 millones de dólares.
El vicepresidente dijo que “por lo general no ocurre” que el presidente trate solo los informes del organismo, “excepto en este tema que fue de consideración especial, este fue un acuerdo político al más alto nivel del Poder Ejecutivo”.
“Yo, como vicepresidente, me enteré del acuerdo el día que se avisó por la prensa, sabía que había reuniones pero no sabía cuándo se iba a definir, bajé el acuerdo de El País, ahí tomé conocimiento del acuerdo, después de esa instancia me puse a familiarizarme con el problema”, comentó, y agregó que nunca hizo ningún comentario sobre la existencia de esas reuniones con la otra integrante del directorio de la ANP, Alejandra Koch, quien representa a la oposición.
Después de leer el acuerdo, Loureiro estudió los argumentos dados por Katoen Natie para amenazar con un litigio y planteó en el directorio la realización de una auditoría sobre el manejo de los muelles públicos que aún no fue iniciada. Para Loureiro, es necesario lograr “una visión neutral con todas las garantías que pudiera evaluar si hubo incumplimiento” por parte del Estado, tal como afirmó la empresa belga para propiciar el acuerdo.
Consultado sobre si, como vicepresidente de la ANP, fue comunicado sobre la modificación del reglamento de atraques que forma parte del acuerdo, respondió: “Yo no sabía cuál era el acuerdo, obviamente después de bajarlo y de leerlo…”.
El fiscal Rodríguez le preguntó si en el lugar de Curbelo hubiera hecho lo mismo, de avanzar en el acuerdo sin consultar técnicamente al organismo. Loureiro respondió: “Yo hubiera hecho lo mismo y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno [...] todas las personas con las que me podría haber asesorado habían amparado el régimen anterior [...] ¿a quien le voy a preguntar, al que me va a decir que no?”.
En esa línea, Loureiro reprochó la actitud de Jurídica de la ANP en las anteriores administraciones, por considerar que “asesoraron de una manera a una administración los mismos funcionarios permanentes de esa administración, y está todo bien, pero acá nadie dijo que estaba mal y en definitiva el país estuvo enfrentado a una demanda internacional de 1,5 millones de dólares, aunque no sea esa la cifra”.
En cuanto a la solidez de los argumentos de Katoen Natie para amenazar con una demanda internacional y las presuntas irregularidades en la administración de los muelles públicos que sustentarían esa demanda, respondió: “Simplemente, son deducciones de lector, que puedo estar equivocado, por eso la necesidad de una auditoria que me avalara en mis criterios”.
En cuanto a la legalidad de avanzar en el acuerdo con Katoen Natie sin consultar al directorio, y luego de que el fiscal Rodríguez le leyera el artículo 377 de la Ley 19.355, que establece que las concesiones “que afecten un espacio territorial del recinto portuario (muelles, explanadas, depósitos, radas, etcétera) podrán prorrogarse por Resolución del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la ANP”, Loureiro opinó que ninguna de las leyes que establecen el requerimiento de la asesoría del ente estatal especifica el área del organismo que debe concretarlo. “No dice que sea con el directorio, con la rama jurídica, con operaciones y servicios o con el capitán del puerto”, señaló.
“En esa parte podemos dispensarlo porque usted no es jurista”, le respondió el fiscal.