La jueza penal subrogante de 27° turno, María Sol Bellomo, dispuso el procesamiento con prisión de los militares Héctor Rombys y Arquímedes Maciel como autores del asesinato del militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Luis Batalla, ocurrido en mayo de 1972 en Treinta y Tres.
Bellomo dispuso el procesamiento de los dos militares por un delito de homicidio muy especialmente agravado, en reiteración real con delitos de abuso de autoridad contra los detenidos. La magistrada dispuso la revisión médica a los procesados para evaluar si sus condiciones de salud les permite cumplir la prisión preventiva en un centro de reclusión y determinó que, mientras se realiza esa evaluación, tengan prisión domiciliaria con tobillera electrónica o custodia permanente.
Uno de los principales testimonios en la causa fue el del cabo de segunda Aldo Miraballes, quien estaba cumpliendo una sanción en el cuartel. “Yo los veo que lo sacan de la Compañía y lo llevan al Casino de Tropas, que en ese momento era la Sala de Tortura del Batallón. Lo llevan encapuchado y esposado. Ahí realmente empieza la tortura… Sentía los gritos de desesperación de Batalla. La tortura empieza de tarde y se continúa hasta la noche”, recordó.
Miraballes destacó el rol de Rombys en el interrogatorio: “A Batalla lo sacaban lo menos cada una hora u hora y media hacia 'la máquina' y lo traían deshecho [...] El capitán Héctor Rombys era quien se encargaba de dirigir la tortura. Él indicaba a qué preso torturar, qué preguntarle, etcétera. Pero él también participaba en las torturas, incluso utilizando un arma”.
El entonces capitán Héctor Rombys era el enlace de inteligencia (S2) y responsable de las detenciones y los interrogatorios, mientras que Arquímedes Maciel, que tenía el grado de mayor, era responsable por la región 4, a la que pertenecía el cuartel en el que fue asesinado.
De esta forma, la magistrada accedió al pedido de procesamiento realizado por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, en marzo de 2019. A fines de mayo, tras cumplirse 50 años de la muerte de Batalla, dirigentes del PDC compartieron con el fiscal Perciballe su preocupación por la falta de pronunciamiento del Poder Judicial sobre el caso y particularmente sobre estos dos pedidos de procesamiento.
La causa fue presentada en la Justicia penal en 1986 y remitida por el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, en cumplimiento del artículo 3 de la ley de caducidad, que estableció que el juez interviniente en las denuncias debe pedirle al otro poder del Estado que se pronuncie sobre si la causa denunciada está comprendida en la protección de la ley de caducidad.
Dos años más tarde, el Ejecutivo determinó que el caso estaba comprendido en la caducidad de la pretensión punitiva establecida en la ley y la Justicia definió la clausura de la investigación y el archivo del caso. En 2013 se solicitó el desarchivo de la causa, que fue tomada por Perciballe en 2018, con la creación de la fiscalía especializada. Una de las diligencias pendientes en la causa está vinculada con la participación en el hecho de Pedro Mato, quien entonces integraba el Servicio de Información y Defensa y se encuentra prófugo de la Justicia uruguaya en Brasil.
Batalla, un albañil de 32 años, fue el primer asesinado bajo tortura, en un cuartel, antes del inicio de la última dictadura cívico-militar. El militante del PDC fue detenido en la madrugada del 21 de mayo y trasladado al Batallón de Infantería 10. Cuatro días más tarde, un grupo de militares informó a la familia que Batalla había sufrido un paro cardíaco y entregó el cuerpo a cajón cerrado. El entonces diputado por el PDC Daniel Sosa Días viajó a Treinta y Tres, y tras intercambiar con la Jefatura de Policía logró la intervención del juez Helguera García, quien dispuso la autopsia de la víctima y comprobó la muerte bajo tortura.