El Comisionado Parlamentario Penitenciario presentó un documento a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados sobre el presupuesto de las cárceles de cara a la Rendición de Cuentas. En el documento se plantea que el presupuesto asignado a las cárceles debe aumentar 20% “para atender el aumento de la población penitenciaria –que fue de 12% entre 2021 y 2022–, la inflación y el hecho de que un tercio de la población penitenciaria no tiene acceso al derecho al tratamiento”.
Juan Miguel Petit afirmó que se necesita un “dispositivo para mejorar la gestión”, ya que en el sistema carcelario hay un “peculiar fenómeno” que es que el presupuesto penitenciario se nutre de lo que aportan varios organismos públicos: el Ministerio del Interior (y dentro de la cartera específicamente la Dirección Nacional de Sanidad Policial para la atención de salud), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Educación y Cultura, y otros organismos públicos.
Para “fortalecer al Instituto Nacional de Rehabilitación [INR] en su gestión y cometidos”, sería bueno contar con “una Comisión de Seguimiento del Gasto Penitenciario”, la que, según Petit, debería reunir dos veces al año a los organismos involucrados “para analizar necesidades, respuestas posibles, innovaciones y nuevos temas a encarar, para así evitar que el INR sea un organismo tan pobre y por momentos dependiente de otros organismos, y modernizar el gasto y el modelo penitenciario”. “Transparentar los gastos, poner arriba de la mesa qué se necesita, que se quiere hacer y evaluar lo hecho, es un primer paso para que este presupuesto que depende de media docena de organismos sea cada vez más reflejo de un modelo penitenciario rehabilitador”, indicó.
Según el comisionado, “la eficacia del sistema penitenciario, o sea, su capacidad de rehabilitación, tiene relación directa con la baja de la reincidencia, o sea de la seguridad pública”. En este sentido, “no es posible tener seguridad pública sólida sin un sistema penitenciario con fuerte intervención técnica y capacidad de rehabilitación”. Y enfatiza: “Más aún, en buena medida debemos pensar que tenemos la inseguridad que tenemos debido al sistema penitenciario que tenemos, pues más de 60% de los liberados reincide, cifra que podría ser mejor con un mayor desarrollo programático”.
La oficina del Parlamento liderada por Juan Miguel Petit plantea que se debe “promover un sistema penitenciario acorde al siglo XXI” y para eso es preciso “realizar acciones de innovación del sistema que refuercen las buenas prácticas existentes y las realizadas en años precedentes”.
Señaló que se debe fortalecer el tratamiento pospenitenciario, “clave para disminuir la reincidencia”; fortalecer las medidas alternativas, “para evitar medidas de prisión de delitos leves que no hacen sino consolidar el comportamiento criminal; desarrollar programas de salud integral, en especial de salud mental y tratamiento de las adicciones”; y “dar más empuje” a la gestión del INR, “para que tenga mayor efectividad en la rehabilitación y reinserción”.
Para Petit, el desafío no es lograr que “el actual modelo se mantenga en pie”, sino “empezar a caminar hacia un modelo diferente, más eficiente”. Señala que el sistema actual es “muy débil técnicamente e insostenible financieramente, si se quisiera dar adecuada respuesta de rehabilitación a la población que tiene”. En este sentido, presentan un presupuesto que permite “tener una mirada global” para “tomar decisiones”.
Ejes prioritarios para reforzar el gasto
En el documento Petit aporta acciones que entiende son “prioridades estratégicas para el ejercicio presupuestal”. Por eso, para el comisionado, los ejes prioritarios para reforzar el gasto son:
- Fortalecer el sistema de medidas alternativas y la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida. Según plantea, “la experiencia mundial señala que las medidas alternativas son mucho mejores para bajar la reincidencia de los delitos leves que las penas de prisión”.
- Reforzar la intervención técnica y la gestión de la Dirección Nacional del Liberado y los programas preventivos en calle y comunidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), “factor clave para bajar la reincidencia, como muestra la experiencia internacional”.
- Avanzar en el fortalecimiento técnico y la reestructura del INR. Según Petit, “se trata de un organismo complejo y nuevo, pero que requiere un rediseño de su gestión y gerenciamiento, a la espera de tener la fuerza administrativa –vía Ministerio de Justicia o similar– para alcanzar el nivel de tratamiento que nos mandan los compromisos internacionales de derechos humanos y las normas penitenciarias nacionales”.
- Aumentar la presencia y el rol de ASSE, haciendo llegar su cobertura integral a las unidades penitenciarias en las que actualmente no está instalada. “Un alto porcentaje de la población penitenciaria tiene serios problemas de consumo problemático de sustancias, que fueron muchas veces la causa de la transgresión y el delito. Sin atender esa dimensión con un mínimo de programas asistenciales, de orientación y de superación o mitigación del consumo, nada puede esperarse en materia de rehabilitación y baja de la reincidencia delictiva”, asegura Petit.
Aumento presupuestal
Según señala, “no hay un aumento” e “incluso se ven descensos” tanto en los gastos de funcionamiento del INR como en lo que respecta a la atención de salud de ASSE, “teniendo en cuenta que la población penitenciaria aumentó un 12% de abril de 2021 a abril de 2022 y que sigue aumentando y que “un tercio de la población penitenciaria no tiene acceso a tratamiento y está internada en malas condiciones”. En este sentido, consideran necesario “reforzar los gastos de funcionamiento (créditos asignados para 2022 en pesos constantes) del INR y de ASSE en cifra no menor a un 20% del gasto de 2021”.
“Las actuales cifras presentadas marcan un presupuesto penitenciario muy bajo, que no coincide con la explosividad que tiene el sistema penitenciario y con el hecho, que hemos reiterado en diversos informes, de que al menos un tercio de la población del sistema penitenciario se encuentra en condiciones de vida que implican una negación del tratamiento penitenciario que el Estado debe cumplir”, afirma.
Se recortan gastos
A pesar del aumento de la población carcelaria, hay un recorte para los gastos de funcionamiento del INR. Se destaca el recorte en alimentación, considerando que hay más personas que tienen que comer en las cárceles y que, pese a que se presume una mejora de producción en las chacras, esta “no logra atender el 12% de aumento poblacional, la inflación y, como se sabe, la baja ‘línea de base’ de que se parte al valorar la cantidad y calidad de la alimentación en el sistema”.
Petit alerta sobre una “crisis de logística” que es “agravada por el aumento de la población penitenciaria”. En particular, señala la falta de vehículos, lo que genera “constantes disfuncionalidades en la respuesta a juzgados y problemas serios en las coordinaciones médicas externas”. Plantea que es preciso reforzar la inversión en logística, comunicaciones y equipos de funcionamiento, porque lo asignado “está muy lejos” de atender los “pendientes” del sistema: flota vehícular, escáneres, cámaras, etcétera.
Para Petit, faltan 4.000 plazas, “sin contar varias unidades que están en muy malas condiciones y algunas con sectores o módulos en situación total o parcial de inhabitabilidad”.
Por otra parte, plantea la creación de cargos de operadores penitenciarios y de control, y una estructura de gestión y gerencia moderna. Y enfatiza en el fortalecimiento de las medidas alternativas a la prisión.
Sobre la salud, dice que “es tan urgente como ineludible que ASSE, en cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Salud, proceda a dar cobertura integral y universal a todo el sistema penitenciario, liberando además a Sanidad Policial de un gasto presupuestal que naturalmente está dirigido a sus funcionarios”. Además, entiende que hay que reforzar la cobertura en uso problemático de drogas y salud mental.
Por otra parte, enfatiza en la importancia del tratamiento pospenitenciario y en el fortalecimiento de la educación en las cárceles y el aumento de las oportunidades laborales, que sean pagos y legales. En este sentido, señala que debería aumentar al menos 35% el rubro para pagar salarios de personas privadas de libertad.
Comisión de seguimiento asistencial de las políticas sociales penitenciarias
Como “la suerte de la política penitenciaria depende de varios organismos”, el INR tiene “una significativa fragilidad institucional”, según el comisionado, “porque mucho de los que es central a su funcionamiento no depende de sus propias decisiones o recursos”. Los aportes que hacen las distintas dependencias del Estado, desde la educación a la guardia militar perimetral, no son “suficientemente ordenados y planificados”. Por eso, para la eficiencia de la gestión, el comisionado propone “contar con mecanismos formales de coordinación en la planificación, solicitud y canalización de los recursos y apoyos”.
En este sentido, propone la creación de una “Comisión de Seguimiento Asistencial de las Políticas Sociales Penitenciarias”, cuyo rol sea “recibir, evaluar y coordinar la información de los organismos en las actividades de salud, educación, cultura y de asistencia y apoyo en todos sus aspectos, destinadas al sistema penitenciario”. Sugiere que esta comisión sea presidida por quien dirija el INR, “quien tomará las medidas administrativas para su convocatoria y funcionamiento”. También aporta una sugerencia en cuanto a la integración.
Fortalecer el equipo del Comisionado
La oficina del Comisionado Parlamentario despliega acciones permanentes en las 26 cárceles del país, donde hay 14.502 personas privadas de libertad. Actualmente, 12 personas forman el equipo: nueve son pases en comisión y tres son parte de una comisión administrativa y cumplen funciones allí. “La tarea, que es creciente y cada vez más compleja, desborda” a la oficina del Comisionado. Por eso, solicitan que se amplíe el cupo de pases en comisión: actualmente son diez y piden que pasen a ser 15.