El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Enrique Rodríguez, archivó la causa que investigaba actividades ilegales de inteligencia militar y policial en democracia.
Para Rodríguez, “es contundente la evidencia obtenida” en cuanto a la existencia de “acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y, en principio, hasta 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, pero planteó que los delitos que podrían imputarse prescribieron.
Rodríguez planteó que de la investigación pueden tipificarse los delitos de abuso de funciones, omisión de denuncia de delitos, pesquisa, violación de domicilio, interceptación telefónica, revelación de secreto telefónico, conocimiento de documentos secretos, públicos o privados, y revelación de secretos, todos con penas máximas inferiores a diez años.
El artículo 117 del Código Penal establece que los delitos que prevén penas de entre dos y diez años prescriben a los diez años, por lo que el fiscal concluyó que “está extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, la cual venció en 2015. Computando el tiempo transcurrido desde la fecha en que ocurrió el accionar delictivo hasta que tomó conocimiento la Justicia de los referidos hechos para que se diera inicio a la investigación, transcurrieron 13 años”. Además, Rodríguez señaló que no se encontraron elementos que pudieran determinar un período de suspensión de esos plazos.
La denuncia penal fue presentada en noviembre de 2018 por el entonces diputado frenteamplista Luis Puig, tras el trabajo de la comisión investigadora que estudió entre noviembre de 2016 y agosto de 2018 los “Archivos Berruti”, hallados en el Ministerio de Defensa, en 2006. Por unanimidad, los legisladores decidieron presentar los antecedentes a la Justicia.
En la causa declararon 20 personas, principalmente, integrantes de las Fuerzas Armadas, y se incorporaron los 63 testimonios de jerarcas, funcionarios, militares y autoridades que comparecieron ante la comisión investigadora, que fue destacada por Rodríguez por su “profesionalismo” y “rigurosidad”.
Tal como había informado la comisión, la investigación penal concluyó que el objetivo del espionaje fueron los partidos políticos, los movimientos populares, los sindicatos, las organizaciones sociales y, en algún caso, integrantes de otros poderes del Estado.
“Esa tarea ilegal, se desarrolló mediante seguimientos, infiltraciones en sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos y otros organismos; escuchas mediante captación de comunicaciones telefónicas; ingreso ilegal a domicilios, locales u otros inmuebles y fluido intercambio de información proporcionada por otras personas a las que se les pagaba por ese 'trabajo'”, señaló el fiscal.
Rodríguez coincidió con el informe final de la comisión que concluyó que después de 1985 se mantuvieron las estructuras de inteligencia de la dictadura cívico-militar y destacó la debilidad de las instituciones para controlarlas.
“Queda claro que existió debilidad en los controles institucionales y democráticos por parte de los Ministerios y del Estado en su conjunto [...] según surge de los testimonios aportados por jerarcas de la época, éstos no tenían prácticamente acceso a la forma de trabajo, objetivos y resultados que perseguían dichas agencias, o si tenían algún conocimiento de ello, éste era parcial o limitado”, señaló Rodríguez en su dictamen, en el que también admite que “no es posible” determinar con exactitud “hasta dónde las altas jerarquías del Estado tenían conocimiento fehaciente de esta manera de actuar”.
El exlegislador Luis Puig dijo a la diaria que “lo fundamental” de la investigación es que “establece con absoluta claridad que los hechos que denunciamos desde el Parlamento fueron comprobados, en todo lo que tiene que ver con un proceso ilegal clandestino, pero desde esferas del Estado que atentaron contra la democracia”.
Puig destacó el hecho de que la Fiscalía haya certificado que se cometieron desarrollando “prácticas sistemáticas”. “Me parece que es un elemento muy importante y que nos sitúa para poder analizar cómo se dio todo ese proceso en democracia y los peligros que en definitiva ha entrañado la impunidad en nuestro país el espionaje en democracia”, agregó.
En esa línea, destacó las omisiones de los actores políticos y recordó que el expresidente Julio María Sanguinetti “negó categóricamente” que hubiera existido el espionaje en democracia y “después [lo] tuvo que aceptar”. Además, subrayó que hubo “una continuidad desde la dictadura hasta la democracia y repetición de figuras de jerarcas de organismos”.
El diputado del Partido Independiente Iván Posada, quien integró la comisión investigadora, destacó “la oportunidad del trabajo de la comisión” y “el acuerdo” de todos los integrantes de ese cuerpo para llevar el caso a la Justicia.
En diálogo con la diaria, el abogado Pablo Chargoñia, que representó a una de las víctimas del espionaje, calificó como “frustrante” que la investigación de la fiscalía “no haya podido recolectar evidencia de espionaje ilícito posterior al año 2005”, lo determinó la prescripción de la causa.
“Se probó que hubo un despliegue de policía política, en perjuicio de militantes y organizaciones políticas, sociales y sindicales, en el que intervinieron agentes militares en actividad”, agregó el abogado, quien valoró que la Fiscalía respaldara la actuación de la comisión y con ello validara las pericias de los profesores Álvaro Rico e Isabel Wschebor, que analizaron los archivos militares.
Chargoñia advirtió que la investigación podría continuar en caso de que se aporten nuevos elementos de prueba, tal como prevé el artículo 99 del Código del Proceso Penal (CPP). “Sería importante que el Ministerio de Defensa Nacional investigara el espionaje ilícito posterior al 2005 y le aportara a la Fiscalía más pruebas que permitieran la reapertura del caso”, dijo.
Consultado sobre las tipificaciones planteadas por el fiscal‒que determina la prescripción‒ y la posibilidad de pedir la revisión del archivo, tal como dispone el artículo 98 del CPP, Chargoñia señaló que aún está estudiando los pasos a seguir.