La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) rechazó los cuestionamientos realizados por senadores de Cabildo Abierto (CA) a la jueza penal de 23° turno, Isaura Tórtora, quien determinó el procesamiento del militar retirado Juan Rebollo, como coautor del homicidio de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurrido el 21 de abril de 1974, conocido como el caso de las “muchachas de abril”.
“Ante la difusión de cuestionamientos infundados a la independencia de los integrantes del Poder Judicial por parte de senadores de CA, la Asociación de Magistrados del Uruguay destaca, una vez más, el compromiso de los jueces y las juezas del Uruguay con los principios del debido proceso, independencia e imparcialidad”, señala la AMU en un comunicado de prensa.
Los jueces señalaron que quien considere que no se han cumplido los principios del debido proceso “tiene a su alcance las vías legales pertinentes para hacer los reclamos que correspondan”. “La Asociación de Magistrados reafirma la defensa de las instituciones democráticas, entre las que se encuentran la independencia del Poder Judicial y la plena vigencia del Estado de derecho”, expresaron.
Tras conocerse el procesamiento de Rebollo, que fue enviado a prisión domiciliaria por cuestiones de salud, los tres senadores de CA, Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos, realizaron manifestaciones cuestionando la decisión de la Justicia e insistieron con la versión de que las víctimas murieron en un tiroteo, algo que fue descartado por la Justicia.
“Una vez más se comprueba lo que todos sabemos y muchos no se animan a denunciar, lo que incluso Azucena Berrutti y José Mujica dijeron: esto no es justicia, es venganza”, expresó el senador Manini en su cuenta de Twitter.
Por su parte, en un comunicado publicado el miércoles, el Centro Militar calificó la sentencia como un “atropello” y llamó al sistema político a “responder por estos desbordes, que nos ofenden a todos”, en el entendido de que la situación deja “expuesta la absoluta discrecionalidad impune de actores que buscan consagrar el triunfo de una política destinada a sustituir el voto de los ciudadanos” por “formas deliberadamente torcidas de venganza histórica”.
“Es evidente que no le faltan instrumentos legales y representación y poder político para ponerle coto a este conjunto de desvíos que lastiman profundamente el entramado del sistema democrático”, agregaron.