“En conflicto por equiparación entre [fiscales] adscriptos y adjuntos” es el lema que se puede leer en la pancarta que está en la puerta de la sede de la Fiscalía General de la Nación, en la esquina de Cerrito y Misiones, en Ciudad Vieja. La Asociación de Magistrados y Fiscales del Uruguay (AMFU) decidió parar este jueves, en el marco de la primera audiencia de conciliación, para lograr la equiparación salarial que los fiscales piden desde 2018, en la que están involucrados un centenar de funcionarios.
Willian Rosa, presidente de AMFU, sostuvo en diálogo con la diaria que la situación funcional de al menos 205 fiscales adscriptos es desigual a la de los adjuntos, porque estos últimos perciben 20% más de salario, mientras que desde que empezó a regir el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) fiscales adscriptos y adjuntos llevan a cabo la misma tarea en Fiscalía. “Esto contraviene el principio de derecho laboral que ‘a igual tarea corresponde igual remuneración’”, se quejó Rosa.
Desde 2018, un año después de que empezó a regir el nuevo CPP, los que trabajan en la Fiscalía tienen que hacer “prácticamente” la misma tarea, “con la salvedad” de que los fiscales titulares “son los que tienen la responsabilidad de dirigir los equipos fiscales”. Ahí, indicó Rosa, habría una diferencia salarial, pero “los otros integrantes de los equipos, al hacer lo mismo, deberían tener el mismo salario”.
Esta corrección salarial la reivindicaron ante el Parlamento en el marco de la Rendición de Cuentas. “Sabiendo que es una Rendición de Cuentas con gasto achicado, nosotros hemos planteado una equiparación que sea progresiva, que subsane esa equiparación en lo que resta del quinquenio y que signifique una renuncia al retroactivo”, agregó.
Asimismo, Rosa sostuvo que propusieron al Parlamento que se evite el litigio y que piense en la equiparación “hacia el futuro”. “El Estado se ahorraría muchos millones de dólares pensando en una equiparación de hoy hacia adelante olvidándonos del retroactivo”, indicó. En caso de que la Justicia falle a favor del pedido de los fiscales, el Estado deberá desembolsar 10 millones de dólares.