El fiscal de Flagrancia de 5° turno, Diego Pérez, tomó declaración a 14 personas en la causa que investiga amenazas contra las ministras del Tribunal de Apelaciones de 6° turno que revocaron la sentencia del juez Alejandro Recarey que suspendió la vacunación contra la covid-19 para menores de 13 años.
Fuentes allegadas a la investigación dijeron a la diaria que los citados son personas que apoyaron públicamente al juez Recarey, integrantes del grupo Albor de Paysandú, firmantes de una carta que fue considerada una amenaza contra las ministras Martha Alves, Marta Gómez y Mónica Bortoli. El fiscal Pérez mostró a los indagados una foto de un hombre de barba que fue captado por las cámaras de seguridad del Palacio de los Tribunales cuando la carta fue enviada a los despachos de las ministras.
“El portador de un cargo público está subordinado a las disposiciones de los hombres y mujeres vivos privados, quienes disponen que responda por su accionar y por los posibles abusos de la esfera pública en el ámbito privado”, señala la carta publicada este miércoles por el diario Crónica del Este, firmada por 33 personas.
Además, advirtieron que las ministras, a quienes nombran varias veces en la carta, estarán sometidas a lo dispuesto por el Código Penal en lo referente al delito de abuso de funciones y al de incumplimiento de los deberes inherentes a la función pública. Los firmantes dicen actuar “desde la jurisdicción de Ley Natural y aplicando el principio de Erga Omnes (que aplica a todos)”.
En diálogo con la diaria, el abogado de 13 de los 14 indagados, Norman Giuria, calificó de “disparatada” y “tragicómica” la situación, porque son personas “inofensivas” tratadas como “terroristas”, y señaló que en Paysandú fueron allanadas las casas de los firmantes de la carta con efectivos encapuchados.
Giuria señaló que en el texto que firmaron no hay ninguna amenaza, y agregó que sus defendidos no estaban al tanto de que la misiva sería enviada a las ministras. “Algunos pensaban que era una acción de amparo y otros nada más que una carta de apoyo a Recarey”, afirmó.
En cuanto al grupo Albor, Giuria explicó que se trata de un grupo con una concepción filosófica en la que el derecho natural prevalece sobre el positivo, con una escala jerárquica dentro del grupo en la que los más encumbrados se denominan “autodeterminados”. Se estima que quien entregó la misiva es un “autodeterminado” de Maldonado.
El fiscal Pérez esperará el resultado de las pericias de los celulares incautados y se estima que avanzará en la indagatoria con los miembros de mayor jerarquía de la organización, que fueron los que aportaron más información.
La denuncia penal fue realizada el viernes 29 de julio, tres días después de conocerse el fallo que revocó la decisión de Recarey, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.