El Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores están en la fase final de la redacción de un decreto para fortalecer los requerimientos para otorgar pasaportes a uruguayos en el exterior, ante el polémico procedimiento que permitió la fuga de Sebastián Marset el 28 de octubre de 2021. El uruguayo, investigado por narcotráfico en Paraguay, fue señalado como quien dio la orden de asesinar al fiscal Marcelo Pecci en Colombia.
Según lo manifestado por el gobierno, en la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado en marzo por legisladores del Frente Amplio, el pasaporte de Marset –que recibió el abogado Alejandro Balbi– fue entregado en cumplimiento del decreto 129/014, de mayo de 2014, que aprueba el reglamento de expedición de pasaportes. En su artículo 29, el reglamento plantea que para la expedición de pasaporte común a uruguayos en el exterior se requerirá consulta de antecedentes judiciales en Uruguay.
La respuesta dada por el Ejecutivo señala que el informe enviado por la Dirección Nacional de Policía Científica a la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) determinó que Marset no tenía causas abiertas en la Justicia uruguaya, porque las que tenía habían sido cerradas. También señalaron que no había “requisitorias ni alerta roja” desde el exterior sobre Marset y que recién el 7 de marzo de 2022 Interpol Paraguay pidió su captura.
Según informó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, al programa Así nos va de radio Carve, el nuevo decreto propone que en la expedición del pasaporte común se compruebe la existencia de requisitoria internacional, una disposición judicial de cierre de fronteras o privación de libertad del solicitante.
En 2019 Marset había intentado tramitar su pasaporte desde el exterior, pero el trámite fue suspendido porque la DNIC constató causas abiertas en Uruguay.