Luis Lacalle Pou, presidente de la República, pasó las vacaciones de primavera en el exterior con sus hijos y con Alejandro Astesiano, quien era hasta ese momento jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. De vuelta en Uruguay, y una vez en la residencia presidencial, se desató el operativo policial que culminó con la detención de Astesiano.
Se presume que el exjefe de la custodia presidencial integra una red criminal dedicada a falsificar documentación para que ciudadanos rusos obtengan cédulas de identidad y pasaportes uruguayos. La Fiscalía de Flagrancia de 12º turno, a cargo de Gabriela Fossati, investiga el caso que involucra miles de documentos falsificados.
Los otros imputados y el funcionamiento de la red criminal
El exjefe de seguridad de Lacalle Pou se reunía con su red criminal en la Torre Ejecutiva y ofrecía “contactos” con funcionarios estratégicos que organizaban la tramitación de los documentos.
Hasta el momento, otras tres personas fueron imputadas en esta investigación. Una de ellas es Álvaro Guillermo Fernández García, un escribano uruguayo que era el vínculo entre Astesiano y los otros dos imputados, que son rusos.
El escribano gestionaba las partidas e indicaba los pasos a seguir. Los rusos oficiaban como gestores y traductores, también eran quienes conseguían los clientes, acordaban y cobraban el monto a ser abonado. Según fuentes de Fiscalía, podían llegar a cobrar hasta 10.000 dólares por pasaporte.
La maniobra criminal consistía en adulterar partidas rusas originales e inscribir a esas personas como hijos naturales de uruguayos, para luego hacer la gestión ante la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) y que pudieran obtener la documentación uruguaya.
Las irregularidades ya habían sido, en parte, detectadas e informadas por el Director del Departamento de Cédula de Identidad de la DNIC, el comisario mayor Juan Esteban Martínez, quien, según se menciona, en diversas oportunidades solicitó a su superior, el director del organismo, José Luis Rondán Godoy, que se fortalezca la normativa de expedición de pasaportes uruguayos a extranjeros. Martínez llegó incluso a derivarle a Rondán Godoy un expediente en el que se informaba en profundidad sobre esta situación y se solicitaba formalmente el reforzamiento de los mecanismos existentes.
Fue justamente en la DNIC que se dispuso la detención y la custodia de dos rusos que se disponían a efectuar un trámite, ante la sospecha del carácter adulterado de la documentación presentada. Enterada la Fiscalía, se suscitó la investigación que derivó en la caída de una parte de la red criminal de Astesiano.
La detención
Lacalle Pou explicó en conferencia de prensa cómo fue la detención de su exjefe de custodia: cuando llegaron a la base aérea del Aeropuerto de Carrasco, fue el propio Astesiano que le informó que en la residencia presidencial lo esperaba el director de Información e Inteligencia Policial, Claudio Correa. “Apenas llegué a la casa, en un breve intercambio de palabras, me dijo de qué se trataba el asunto, convocamos a esta persona al escritorio donde estábamos reunidos y se lo detuvo”, comentó. Astesiano salió de la residencia esposado.
Se desconoce cómo Astesiano tenía conocimiento de la investigación en su contra y por qué no fue detenido cuando pisó territorio nacional, como cualquier persona que está requerida por un delito e ingresa al país. La fiscal del caso dijo en la audiencia de formalización que el exjefe de la custodia presidencial llegó a borrar conversaciones de su teléfono y así destruir evidencia para la investigación. Una de las conversaciones que borró fue con el escribano que está en prisión preventiva y era su principal contacto dentro de la red.
La imputación y la prisión preventiva
Astesiano fue imputado por un delito continuado de suposición de estado civil como coautor en reiteración real con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias. El juez subrogante Matías Porciúncula dispuso el martes su prisión preventiva por 30 días, mientras continúa la investigación. El exjefe de la custodia presidencial fue asistido por Virginia de los Santos, abogada de la Defensoría Pública.
La defensa solicitó la reserva de la audiencia, pero la Fiscalía se opuso. El juez no aceptó la reserva, pero no permitió a la prensa presenciar la audiencia, a pesar de que estas instancias son públicas desde la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal. Una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya se reunió el miércoles con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, para expresarle su preocupación por este hecho.
Los delitos imputados
Los delitos por los que fue imputado Astesiano tienen penas de hasta ocho años de penitenciaría. La asociación para delinquir establece que quienes se asocien para cometer uno o más delitos serán castigados con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría. Este delito tiene una pena mayor, que va de 18 meses de prisión a ocho años si la asociación para delinquir tiene como objeto la ejecución de otros delitos.
Por el delito de tráfico de influencias, se prevé una pena de tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría para quien, “invocando influencias reales o simuladas, solicita, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, provecho económico, o acepta su promesa, con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario público para retardar u omitir un acto de su cargo, o por ejecutar un acto contrario al mismo”.
La suposición de estado civil se configura cuando alguien “de cualquier manera, creare un estado civil falso o engendrare el peligro de su creación” y se castiga con una pena que va de 18 meses de prisión a ocho años de penitenciaría.
Preso en una cárcel privilegiada
Todas las personas que son privadas de libertad en la zona metropolitana ingresan al Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación que funciona en la Unidad 1 Punta de Rieles, cárcel de participación público-privada, y allí se determina en un plazo que va de 72 horas a varios días a qué cárcel irán según su perfil. Los traslados son definidos por una Junta de Tratamiento. Sin embargo, en menos de un día, y sin que este mecanismo lo haya decidido, porque la junta no se reunió, se definió que Astesiano sea trasladado a la Unidad 19 Florida, cárcel considerada de privilegio dentro del sistema penitenciario.
Astesiano solicitó no ser privado de libertad en la misma unidad en la que están dos personas que robaron a su hijo en julio de este año, ya que él se presentó en el lugar donde estaban esas personas y lo tirotearon; la Policía los detuvo luego de que le dispararan. Según dijo, pertenecen a “la banda de los cabecitas” y “teme por su integridad física”.
Las indagatorias y los antecedentes penales
En el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) se registran todos los eventos de seguridad pública que tiene una persona y se categoriza cuál es su rol en esos eventos. Se caratula a la persona como “indagada” cuando se la asocia al evento de seguridad pública como responsable del delito o cuando es denunciada como responsable de ese delito. La carga de esta información es independiente de la resolución del proceso judicial y los eventos del SGSP no se borran.
Las indagatorias que tenía Astesiano por múltiples delitos fueron comunicadas en la prensa en varias oportunidades. En 2020, fueron tapa de Caras y Caretas y en las imágenes publicadas se puede ver la ficha del SGSP de Astesiano, en la que figura un antecedente penal del 18 de abril de 2002, cuando fue procesado sin prisión por estafa. Además de por la estafa, y fuera de la reiteración real, en esa oportunidad fue procesado por delitos asociados a la ley de cheques: librar un cheque contra una cuenta de la que no era titular; librar un cheque que al momento de ser presentado no podría ser cobrado por suspensión o cierre de la cuenta a la que se asocia; y por librar cheques sin fondos. Este antecedente no se volvió a ver en las fichas que se publicaron.
En setiembre de 2021, Informativo Sarandí volvió sobre esta información y comunicó la existencia de decenas de indagatorias. También lo hizo la diaria cuando se informó que en su ficha del SGSP tenía indagatorias y pedidos de requisitoria por múltiples delitos, entre ellos hurto, estafa, daño y apropiación indebida.
Cabe destacar que, en setiembre del año pasado, cuando se informó en la diaria que Astesiano tenía más de 20 indagatorias policiales por múltiples delitos, la diaria contaba con la información de que, además, tenía antecedentes penales. Por este motivo Presidencia fue consultada por la diaria sobre la existencia de antecedentes penales -se le aportó el dato sobre las fechas- y sobre si se había tomado en cuenta su legajo, que tiene decenas de indagatorias policiales, a la hora de que Astesiano asumiera el cargo. Desde el ente respondieron que “no les constaba esta información”.
En la audiencia de control de detención del lunes, llevada a cabo a 24 horas de ser detenido en la residencia presidencial, Astesiano reconoció ante la Justicia que tenía antecedentes penales.
Según la última ficha del SGSP publicada, que tiene fecha 26 de setiembre de este año, Astesiano tiene 31 indagatorias. También tiene requisitorias, que son las órdenes que se emiten para que la Policía detenga a una persona, y averiguaciones de paradero, es decir, se ordenó a la Policía que informara dónde estaba esta persona.
La última indagatoria de Astesiano es del 17 de enero de este año, cuando fue indagado por “aprovechamiento de la falsificación” por el Departamento de Investigación e Inteligencia Criminal de la Dirección de Investigaciones de la Policía.
El miércoles, la diaria informó que Astesiano estuvo preso en 2013, año en que fue procesado con prisión por un delito continuado de estafa. La reclusión la cumplió en la Unidad 13 Las Rosas, cárcel de Maldonado. Luego, en 2014, fue condenado a 18 meses de prisión por esta causa, de los que se descontó el tiempo que el exjefe de custodia de Lacalle Pou pasó en prisión preventiva, y se hizo una suspensión condicional del proceso. Astesiano se presentaba como Andrés Aste, un agente inmobiliario que ofrecía, a través de Mercado Libre, alquilar casas en Punta del Este que no existían; cobraba la seña y luego desaparecía. En la ficha del SGSP con fecha 26 de setiembre de este año, figura este antecedente penal de 2013, pero en las anteriores que fueron publicadas no figuraba.
La “sorpresa” del Ministerio del Interior y la “alteración” de los antecedentes
El Ministerio del Interior (MI) emitió un comunicado “ante versiones” sobre los antecedentes penales de Astesiano. De acuerdo a lo planteado, “en 2020 y 2021 el presidente de la República fue informado oportunamente” por la cartera de que el exjefe de su custodia “carecía de antecedentes penales”. Pero, según el MI, “sorpresivamente, en la ficha actual consta un antecedente por una causa penal del año 2013”. Por eso, “frente a esta anomalía, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dispuso una investigación de urgencia en la Dirección Nacional de Policía Científica para establecer quién o quiénes alteraron la información”. La investigación administrativa se dispuso por orden de Presidencia de la República.
Consultado el MI acerca de si la alteración supone que “no tenía antecedentes y se alteraron ahora, haciendo que aparezcan” o si “tenía antecedentes y se alteró el sistema previamente, haciéndolos desaparecer”, respondieron a la diaria que es “parte de lo que se investiga”. También se consultó al ministerio si el sistema entonces admite alteraciones, pero no hubo respuesta.
De la “sorpresa” de Lacalle Pou a la “sospecha” de “maniobra de ocultamiento de información”
Cuando la detención de Astesiano se hizo pública, Lacalle Pou brindó una conferencia de prensa urgente en la que expresó su “sorpresa” y negó que su exjefe de custodia tuviera antecedentes penales. También lo calificó como “profesionalmente intachable” y describió la cronología de su vínculo: “Lo conozco en 1999, no trabaja conmigo pero [estuvo] en la campaña; en 2004 no trabajó conmigo, en 2009 tampoco. En 2014 dio una mano en la campaña. Ahí lo conocí. En 2019 da una mano en la campaña y genera cierta confianza”. Al asumir Lacalle Pou la presidencia de la República, Astesiano se convirtió en el jefe de la Seguridad Presidencial, cargo de confianza con una amplia cantidad de responsabilidades.
Luego de conocerse su imputación, se anunció el cese del contrato de Astesiano y, respecto de la continuidad de su sistema de custodia, el presidente señaló: “Empezaré a andar solo”. También indicó que comenzará a poner más “filtros” en la contratación del personal, ya que, a su entender, “tropezar dos veces con la misma piedra no es mala suerte”.
Aunque Lacalle Pou mostró “sorpresa”, tanto en 2020 como en 2021 había solicitado el legajo policial de Astesiano. No se explicó si esta solicitud se hizo ante alguna sospecha particular de las actividades de Astesiano ni por qué se reiteró. Respecto de la omisión de los antecedentes en estos informes, el primer mandatario afirmó que “no sabía que existían dos fichas y que en una de ellas no figuraban los antecedentes”. El antecedente de 2013 de Astesiano es visible recién en el documento que tiene fecha 26 de setiembre de 2022. Sin embargo en este documento no figura el antecedente de 2002, aunque sí figuran las anotaciones policiales desde 1996.
Presidencia ordenó al MI que lleve a cabo una investigación administrativa ante la “sospecha de que pudo haber una maniobra de ocultamiento en la información y que se pudo haber inducido a error al Presidente”. La sospecha apunta a que el antecedente “se cargó en el prontuario después” y Lacalle Pou busca saber si el legajo fue modificado intencionalmente.