La jueza letrada de segundo turno de Paysandú, Macarena Santoro, condenó al capitán retirado Ramón Larrosa a siete años de penitenciaría por la comisión de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad especialmente agravados en calidad de coautor, en la causa que investiga torturas en el Batallón de Infantería Nº 8 de Paysandú en 1974.
Larrosa, que había sido procesado con prisión en octubre de 2021, estaba cumpliendo medida cautelar de prisión domiciliaria, con dispositivo de monitoreo electrónico, luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 1er turno confirmó el fallo de primera instancia pero revocó la prisión preventiva que se le había dispuesto inicialmente.
El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, dedujo acusación solicitando que se condene a Larrosa a ocho años de penitenciaría, considerando los agravantes de ser funcionario público y obedecer a móviles políticos o ideológicos y recaer su conducta sobre personas detenidas.
Santoro consideró que, en el contexto del golpe de Estado cívico- militar en Paysandú, la represión estuvo a cargo del Batallón de Infantería Nº 8. En mayo de 1974 militares de esa unidad detuvieron a varias personas –entre ellas, el sindicalista Hermes Pastorini–, quienes fueron trasladadas a la unidad y allí fueron objeto de tratos crueles, inhumanos, degradantes, para obtener confesiones mediante apremios físicos y psicológicos, siendo puestas a disposición de la Justicia militar, privadas de su libertad ilegítimamente por extensos períodos.
En ese entonces, Hermes Raul Pastorini Ferro tenía 31 años y era conocido como un sindicalista de la ciudad de Paysandú. Trabajaba en la empresa Paylana, desarrollaba actividad sindical y tenía vínculos con sindicalistas del Partido Comunista, pero no era afiliado.
En la noche del 14 de mayo de 1974, Pastorini fue detenido en su domicilio de la calle Verocay 875 de la ciudad de Paysandú. En el momento de la detención se encontraban sus hijos, de cinco y de dos años y una beba de tres meses, en brazos de su esposa.
La investigación penal logró determinar que la acción estuvo a cargo de un grupo de militares que lo apuntaron con armas largas, lo hicieron sentar y lo cargaron en una camioneta del ejército, donde comenzaron a golpearlo, acusándolo de “sedicioso, de tupamaro y comunista”.
Según la sentencia a la que accedió la diaria, al llegar al cuartel fue encapuchado y puesto de plantón hasta el día siguiente y, cuando no podía permanecer en pie por el cansancio, era golpeado para que volviera a la posición indicada.
Al día siguiente fue trasladado a una sala de tortura, una casa dentro del cuartel, acondicionada para interrogatorios. La tortura aumentó, fue sometido a golpizas que se intercalaban con choques eléctricos mediante picana, fue objeto de caballete y de submarino en agua con excrementos.
Larrosa era capitán de Infantería del Batallón de Infantería Nº 8 del Ejército Nacional y se desempeñaba como enlace de Inteligencia de la unidad, por lo que era el encargado de dirigir los interrogatorios.
“Sus cometidos en el desempeño de su cargo consistieron en relevar información acerca de sujetos y/u organizaciones consideradas enemigas (en este caso todos aquellos ciudadanos y organizaciones de distinto tipo que pudieran ser consideradas subversivas o potencialmente subversivas, con el objetivo de planificar y desarrollar distintas operaciones de desarticulación y eventual eliminación”, señala el fallo.
Larrosa relevó información, planificó acciones de seguimiento, detención e interrogatorios y fue destacado por sus superiores como “inteligente, con claro concepto en el desempeño de sus obligaciones y con capacidad para el mando”.
Junto con Pastorini fueron detenidos en la misma unidad Juan Alfredo Acevedo, José Ramón Ruiz, José Daniel Curti, Roberto Hugo Di Santo y Bruno Machado.
La primera denuncia sobre el caso, realizada en 1986, fue archivada por la Ley de Caducidad. La investigación se retomó en 2011, cuando se aprobó la ley de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado.
“No es una satisfacción que uno pueda tener, es estar conforme con uno mismo, el compromiso de seguir luchando por los derechos humanos y para que haya verdad y justicia en este país”, expresó Pastorini, cuando la Justicia dictó el procesamiento.