La corte especial del Tribunal Superior de Justicia de Brasil homologó la condena que dispuso la Justicia italiana contra el militar retirado Pedro Mato, prófugo de la Justicia uruguaya, por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor. La sentencia original implicaba la cadena perpetua, pero la pena de cárcel, al adaptarse a la ley brasileña, se reducirá a 30 años.
El fallo, que dio a conocer el medio Opera Mundi y al que accedió la diaria, es el resultado de un proceso que se inició en 2023 cuando la Justicia italiana presentó la ratificación de la sentencia contra Mato, quien había sido condenado en julio de 2021 por los secuestros y desapariciones de los ciudadanos italianos Gerardo Gatti, María Emilia Islas Gatti, Armando Bernardo Arnone y Juan Pablo Recagno, todas víctimas del centro clandestino de torturas Automotores Orletti.
La corte especial consideró que “no cabe duda de que los actos descritos en la sentencia que se pretende ratificar constituyen una violación extrema de los derechos humanos, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En ese sentido, se puntualizó que “la Ley de Amnistía y la prescripción no son suficientes para impedir la ratificación de la sentencia extranjera”.
El activista Jair Krischke, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, que actuó como amicus curiae –un tercero ajeno que aporta información técnica u opiniones legales– en la causa, destacó en diálogo con la diaria que la corte especial está integrada por 15 ministros y, en este caso, nueve fallaron a favor, lo que a su entender es un resultado “excelente”.
Por otra parte, Krischke puntualizó que la prisión perpetua no existe en Brasil y la pena máxima es de 30 años de prisión, por lo que fue necesario hacer una adaptación legal de la condena italiana a la normativa brasileña. Mato tiene 85 años, acotó el activista, entonces “va a pedir cumplir la pena de forma domiciliaria, pero no importa. Lo importante es que admitieron el pedido de la Justicia italiana y decidieran favorablemente”.
El defensor de los derechos humanos informó que ya se publicó la orden de detención de Mato, que vive desde 2003 en Sant’Ana do Livramento, pero ahora empieza la “burocracia”. “Hoy por la mañana salió un expediente dirigido a la Policía Federal en Brasil, que, a su vez, va a transmitir el pedido a la Policía Federal de Rio Grande do Sul, que está en Porto Alegre. Y de Porto Alegre se va a pedir a la Policía Federal de Sant’Ana do Livramento”, apuntó.
En Uruguay, Mato es requerido por la Justicia por diversas causas. La Justicia uruguaya, a pedido de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, pidió su comparecencia en 2013 a una audiencia en la causa que investiga el asesinato del militante del Partido Demócrata Cristiano Luis Batalla Piedrabuena, ocurrido el 25 de mayo de 1972 en el Batallón de Infantería 10 de Treinta y Tres. Al no concurrir, Uruguay pidió la extradición de Mato y, ante la negativa de Brasil alegando que se trataba de un ciudadano brasileño, Uruguay solicitó que fuera la Justicia brasileña la que lo juzgara por el asesinato de Batalla, y Brasil respondió que el crimen había prescrito.
También es investigado por la causa que investiga los homicidios de Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberoff y otras decenas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por represores uruguayos en Buenos Aires, entre ellas, la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.