El coronel retirado Eduardo Ferro presentó una demanda civil contra el Ministerio de Defensa por la jubilación que no cobró mientras estaba prófugo de la Justicia, según informó este jueves el semanario Búsqueda, y confirmó la diaria con su abogado, Gerard Domínguez.
Ferro demanda al Estado por un monto de cinco millones de pesos, correspondiente a las jubilaciones no cobradas entre agosto de 2018 y marzo de 2021, cuando fue conducido por Interpol desde España y extraditado a Uruguay a requerimiento de la Justicia penal, en el marco de la investigación de la desaparición del militante comunista Óscar Tassino.
El caso está siendo analizado por la jueza en lo civil de 18° turno, Estela Jubette, quien ya recibió la respuesta de los abogados del Ministerio de Defensa, que entienden que no corresponde el pago de la jubilación porque Ferro no se presentó.
El artículo 127 de la Ley 16.170 establece que los beneficiarios de una pasividad militar residentes en el exterior pueden cobrar su jubilación siempre que acrediten su existencia, presentándose semestralmente en un consulado o por otra modalidad dispuesta por el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Defensa planteó que en los casos en los que se suspenda el cobro de la jubilación, el interesado podrá reclamar su reincorporación a las plantillas para cobrar la jubilación y pedir el cobro de las jubilaciones que no le pagaron, siempre que pueda acreditar que el no cumplimiento de presentación ante el consulado se debió a razones de fuerza mayor o caso fortuito, algo que para los abogados del ministerio no se configura en este caso.
En los próximos días, la jueza Jubette recibirá en su despacho la contestación de la demanda por parte del Ministerio de Defensa y luego convocará a las partes a la audiencia preliminar en la que pedirá la ratificación de la demanda por parte de Ferro, escuchará los argumentos de las partes y, en caso de que lo considere necesario, podría pedir más elementos de prueba. Si no requiere más prueba, Jubette convocará a una segunda audiencia para la lectura de la sentencia definitiva.
Este jueves, el ministro de Defensa, Javier García, se refirió al tema en rueda de prensa: “Ferro estuvo prófugo de la Justicia y no cumplió con una disposición legal [...] él en forma voluntaria cometió un acto ilícito, no puede reclamar el cobro de un haber que se ejecuta en la medida en que se presenta, voluntariamente decidió estar prófugo de la Justicia”, dijo el ministro.
La jubilación de Ferro fue un elemento clave para su detención. El represor se fugó a España en marzo de 2017, cuando era investigado por la desaparición de Tassino. En setiembre de ese año fue encontrado en Valencia y la Justicia española le permitió esperar el juicio de extradición en libertad.
Cuando la Justicia española definió su extradición, Ferro volvió a fugarse, hasta que fue detenido el 27 de enero de 2021 en el Municipio de Peñíscola, luego de coordinar su entrega con el subdirector de Interpol, Walter Ostochi, tras constatar que no podía cobrar su jubilación.
“Me he movido como loco y no hubo caso, aparte la abogada está entregada y no me da pelota y me calienta estar llamando por teléfono y que no lo atiendan a uno, no tengo nada que esperar acá, simplemente estar vegetando”, comentó en un audio difundido días después de su detención.
El 29 de diciembre de 2020, Ferro mandó un correo electrónico al Ministerio de Defensa pidiendo una vía alternativa para poder dar fe de vida y cobrar su jubilación. Las autoridades del Ministerio decidieron enviar el mail a la Justicia.
En Uruguay, Ferro también es investigado por el secuestro de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti, y sus hijos Camilo y Francesca, de siete y tres años, en noviembre de 1978 en su apartamento de Porto Alegre, y por torturas en el Batallón de Ingenieros 4 de Laguna del Sauce, entre 1975 y 1978.